No hay ninguna propuesta nueva. Tratar de arrinconar las lenguas oficiales, plantear bajadas de impuestos, volver al uso de fitosanitarios en el campo o cuestionar las ayudas a sindicatos, son medidas que estuvieron vigentes hace 10, 20 o 30 años.

Después de que el 28 de mayo Vox lograra representación en todos los parlamentos autonómicos –a excepción de Galicia– la formación liderada por Abascal no ha dejado de promover iniciativas que dan marcha atrás en políticas sociales y de igualdad, además de situar en el ojo de su crítica a menores y migrantes.

Pero ha sido en aquellas autonomías en las que el PP ha llegado a acuerdos de investidura con Vox –País Valencià, Extremadura, Aragón y la Región de Murcia– en las que estas propuestas han ganado peso. En especial, las relativas al uso de las lenguas cooficiales, punto central de los acuerdos en Illes Balears y País Valencià.

Limitar las lengua cooficiales

A la par de la polémica suscitada por la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, que ha regularizado  el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja, Vox ha lanzado una ofensiva contra el uso y la promoción del catalán, valenciano y el vasco allí donde se hablan.

La batalla está siendo especialmente cruenta en Illes Balears, donde la limitación del catalán fue una de las claves del acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox que llevó a la popular Marga Prohens a la presidencia de las islas. El 17 de octubre, los ocho diputados de Vox en el parlamento balear votaron en contra de aprobar el techo de gasto de los presupuestos propuesto por sus socios de Gobierno como medida de presión para que se cumpliera su política en materia lingüística

En el origen del desencuentro está la propuesta de creación de una "Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística en las Islas Baleares" lanzada por los ultraderechistas en Balears y pactada con el PP. El objetivo de la Oficina es el de vigilar el uso del catalán y "fomentar la protección" del castellano, aunque las formaciones no acordaron los detalles ni el funcionamiento de la nueva institución. 

En septiembre Vox presentó un proyecto de ley para registrar la Oficina, a la que el Gobierno popular se opuso argumentando que atentaba contra el Estatuto de Autonomía balear, y alegando que su abstención no contravenía el pacto entre ambas formaciones. Vox contraatacó votando en contra del techo de gasto propuesto por los populares.

A pesar de que no todos los diputados de la ultraderecha estaban a favor de esta decisión, ninguno rompió la disciplina de voto. No obstante, el pasado jueves 26 de octubre, Xisco Cardona, uno de los  diputados de Vox que más abiertamente había protestado por la posición de su partido, abandonó el grupo parlamentario. 

En cambio, sí ha proliferado la propuesta presentada por la diputada de ultraderecha Manuela Cañada i Pinilla de implantar la "libre elección de la lengua en todas las etapas educativas", que el PP ha rebajado hasta los ocho años. Aún así, el desacuerdo en los tiempos de implantación de esta medida ha llevado a la parlamentaria de Vox a solicitar al PP que agilice su calendarización.

En Euskadi, el 29 de octubre Vox lanzó una propuesta para "garantizar la redacción bilingüe de todos los documentos enviados por EITB, recibidos por el Gobierno Vasco y luego remitidos a los grupos parlamentarios".

El debate lingüístico también ha permitido a Vox marcar agenda frente a su socio de Gobierno en País Valencià, donde el popular Carlos Mazón gobierna gracias a su apoyo. De este modo, el 29 de septiembre presentaron una proposición no de ley mediante  la cual solicitaban al Ejecutivo el "reconocimiento oficial, homologación y convalidación de los títulos de valenciano dispensados por la sociedad cultural valenciana Lo Rat Penat", entidad privada que no defiende las normas lingüísticas de la Academia Valenciana de la Llengua (AVL).

En una recreación teatral de este conflicto, Juanma Badenas, portavoz municipal de Vox en València, tapó con una bandera de España la tilde de la è de València durante una rueda de prensa el pasado 11 de octubre. Populares y ultraderechistas habían acordaron en septiembre cambiar la tilde del nombre de "València" por "Valéncia".

Este cambio en la acentuación estaría avalado por Lo Rat Penat, pero no por la AVL, de carácter público y oficial. Ello explica la propuesta de Vox en instancias autonómicas de otorgar a Lo Rat Penat un mayor reconocimiento.

Las propuestas parlamentarias de Vox en Catalunya han estado dirigidas al cuestionamiento del uso del catalán en la televisión pública o las inversiones públicas en la promoción del catalán, tal y como se deja entrever en las preguntas realizadas acerca del gasto presupuestario destinado a cursos de inmersión lingüística para migrantes.

Televisiones públicas

Aragón Televisión, la televisión vasca EITB o TeleMadrid son algunos de los medios públicos contra los que Vox ha arremetido en sus iniciativas parlamentarias. La permeabilidad de estas plataformas a los cambios de gobierno es una crítica planteada por los partidos de todo el arco ideológico. En el caso de Vox, el reproche se enmarca dentro de una estrategia de desinversión en instituciones públicas.

En Canarias, uno de los diputados ultraconservadores lanzó al gobierno una pregunta el pasado 10 de octubre sobre "la necesidad real a la que responde la creación de la Administración General del Ente Público Radio Televisión Canaria RTVC".

En Aragón, donde Vox gobierna junto al Partido Popular desde julio, la formación ultraderechista ha registrado una Proposición de ley que pretende modificar la norma de 1987 por la que se rige la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. De aprobarse, el Consejo Asesor vinculado al de Administración –cuya composición decide el Parlamento autonómico–, perdería la capacidad de voto.

Además, los directivos de la empresa pública dejarían de ser elegidos a través de una convocatoria pública de empleo, para ser seleccionados a dedo por el director de la corporación.

A la par que Vox otorga más poder a los cargos designados políticamente en la televisión pública de Aragón, a 270 km al sur, en Madrid, Rocío Monasterio ha interpelado al PP acerca de los planes de Ayuso para "asegurar la independencia de los medios de comunicación". 

Tal y como contó Público en exclusiva, sólo a nivel nacional, el Gobierno municipal del popular José Luis Martínez-Almeida  inyectó 8,22 millones de euros en publicidad institucional en medios sin audiencia, portales de desinformación, webs desconocidas, e incluso a medios ultra.

En Euskadi, la única diputada del partido de ultraderecha, Amaya Martínez, también solicitó información acerca de las subvenciones públicas otorgadas a los medios de comunicación y el gasto presupuestario "en publicidad y propaganda".

Okupación: un enemigo ficticio

Allí donde Vox tiene representación parlamentaria suele presentar propuestas que invocan el fantasma del incremento de la ocupación, una tesis  que no cuenta con datos que la respalden. De hecho, en su memoria de 2022, la Fiscalía provincial de Madrid indicó que la ocupación había descendido un 8% respecto al año anterior.

En las autonomías en las que forman parte de la oposición, como Extremadura, Islas Canarias o Castilla la Mancha, la formación de extrema derecha ha presentado propuestas no de ley para instar al Gobierno autonómico de turno y al nacional a que tome medidas contra este supuesto problema. En todas ellas, y también en Asturias, País Valencià y Balears, Vox ha solicitado información sobre el volumen de viviendas públicas ocupadas.

Monasterio también ha preguntado al Gobierno de la Comunidad de Madrid por estos presuntos incrementos de ocupación en el Parque de Vivienda Social, llegando a cuestionar la actividad de la oficina de ocupación. Como ya relató Público, esta medida, aprobada por el Gobierno de Ayuso un año atrás, ha resultado un fiasco por su baja demanda.

Identidad nacional, terrorismo y otras batallas culturales

La primera propuesta que presentó Vox en el Parlamento de Murcia tras su acuerdo de gobierno con el PP fue solicitar una declaración oficial en conmemoración del 26º aniversario del asesinato a manos de ETA de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP de Ermua (Euskadi) en los noventa. La iniciativa se repitió en los parlamentos canario y balear, así como en Navarra.

La figura del político popular ha sido utilizada en numerosas ocasiones por la derecha y la extrema derecha como símbolo de la unidad territorial de España y de la lucha contra el terrorismo. No obstante, es el Rey la personalidad simbólica más agitada por la extrema derecha para apelar a la unidad de la nación. Prueba de ello es la solicitud de la diputada de Vox en Euskadi de "la confirmación de lealtad al Rey de España, como símbolo de su unidad y permanencia".

La inquietud por la unidad de España también se traslada al ámbito identitario, como se detrae de las propuestas dirigidas a ensalzar el Día de la Hispanidad, o la preocupación por los contenidos didácticos en la  "promoción de la historia de España", ambos desplegados  en Madrid.

La vuelta al campo de los fitosanitarios

El hongo pyricularia oryzae es un habitual de las plantaciones de arroz. Los agricultores valencianos –donde se concentra la mayor parte de estos cultivos en España– solían combatirlos con triziclazol, un plaguicida cuyo uso ha sido prohibido por la UE. Como otros tantos fitosanitarios, este producto tenía un gran impacto en la salud humana, especialmente en el sistema endocrino. Pero, por contraposición, permitía mantener un volumen de producción elevado.

Vox está tratando de capitalizar el descontento de los agricultores en País Valencià, muchos de los cuáles han perdido parte de los cultivos a causa de los hongos y se sienten incapaces de competir con el mercado asiático.

A finales de septiembre Vox preguntó al Gobierno de la región cuáles eran sus medidas que planteaban ante la prohibición de uso del triziclanol. Paralelamente, el grupo de ultraderecha de Castilla y León presentó una propuesta no de ley en la que pedía a la Junta que a su vez presionara al Gobierno central para ampliar el uso de fitosanitarios.

También en defensa de "nuestro campo, industria, empresa y familias" Vox ha pedido la derogación de la ley de cambio climático y transición energética en las Islas Canarias, al considerarla dañina para los seres humanos. En nombre de esos mismos sujetos está promoviendo la eliminación de la Ley Menorca Reserva de la Biosfera, que protegía el entorno natural de la isla de proyectos humanos que pudieran degradarlo.

Pero mientras en el archipiélago la intentona de Vox caerá en saco roto debido a la falta de apoyos, en Balears es altamente probable que se produzca la derogación parcial de la norma que protege las costas de Menorca gracias a la alianza que comparten con los populares

Sindicatos bajo lupa

"Casta sindical", "sanguijuelas" y "parásitos" son algunos de los calificativos con los que Mariano Veganzones, consejero de Empleo de Castilla y León de Vox, se ha referido a los sindicatos desde que accediera al cargo en 2022. Tras meses de tensión y llamadas al diálogo por parte del portavoz de la Junta de Castilla y León, el popular Carlos Fernándiz, CCOO anunció el pasado 6  junio una demanda contra la formación de ultraderecha por las descalificaciones contra el sindicato. 

La oposición de Vox a los sindicatos siempre ha sido manifiesta. En declaraciones del primero de Mayo de este año Abascal arremetía una vez más contra los sindicatos alegando que llevan años abandonando a los trabajadores y aquello que realmente les interesa: la patria. Allí donde Vox ha conseguido alguna cuota de poder, se han promovido políticas que atentan contra estas organizaciones.

El recorte en subvenciones ha sido la principal medida aplicada por Vox en Castilla y León, donde han llegado a recortar hasta 20 millones en ayudas públicas a sindicatos. La propuesta también está encima de la mesa en las Islas Canarias, donde han preguntado al Gobierno del archipiélago acerca de "la supresión de todos los organismos ideológicos y subvenciones a partidos y sindicatos", entre otros. Asimismo, los diputados de Vox en Madrid han lanzado los mismos interrogantes al gobierno de Ayuso en numerosas ocasiones.

En las Cortes valencianas, el grupo parlamentario de Vox presentó una PNL para exigir a "las organizaciones sindicales la obligatoriedad de hacer pública toda la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria". A mediados de octubre promovieron una moción en Murcia para que el Pleno instara al Gobierno central a realizar un control económico de los sindicatos.