La fracasada intentona de la Xunta de reventar la huelga de los juzgados gallegos dividiendo a los sindicatos ha enquistado un conflicto que amenaza ahora con eternizarse tras casi tres meses de parálisis absoluta del sector judicial. El vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, quien intentó romper la unidad sindical pactando una salida a la huelga con sólo cuatro de las siete centrales que convocaron los paros, insinuó en una entrevista a Radio Nacional de España que las asambleas en las que los trabajadores rechazaron ese acuerdo fueron ilegales y, por tanto, deberían repetirse. La división sindical que promovió, lejos de acercar el final del conflicto, parece contribuir a extenderlo en el tiempo.

Desde el inicio de la huelga el pasado 7 de febrero, Rueda ha mantenido una posición de ninguneo hacia los representantes de los funcionarios, con quienes se niega a reunirse en persona mientras mantengan los paros. Una postura que no parece casar muy bien con la disposición constitucional que define la huelga como el derecho fundamental que asiste a los trabajadores en la defensa de sus intereses, y que compromete a las administraciones públicas en su vigilancia y protección.

Además, los funcionarios lo acusan de responsabilizarlos falsamente de las molestias ocasionadas a los ciudadanos –se han suspendido más de 20.000 juicios y miles de trámites judiciales y los registros civiles no funcionan- y también de culparlos de los perjuicios económicos que sufren otros profesionales del sector, como los abogados, procuradores y agentes judiciales, quienes se encuentran prácticamente sin carga de trabajo.

Los trabajadores de los juzgados iniciaron la huelga en febrero pasado tras meses reclamando sin éxito a la Xunta que los compensara por el poder adquisitivo perdido en el último decenio de recortes y congelación salarial, para acercar sus salarios, de los más bajos de España, al sueldo medio de los trabajadores de la justicia en el resto de comunidades autónomas. El seguimiento, según los sindicatos, ha rondado el 80%, una cifra que la Xunta rebaja al 40%.

Los funcionarios han ido reduciendo notablemente sus aspiraciones -ahora reclaman 180 euros de subida media mensual-, mientras la propaganda del Ejecutivo autonómico simulaba que sus ofertas eran incluso mayores porque incluía en ellas el aumento que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado ya prevé para todos los empleados públicos de España.

El Gobierno de Feijóo enrocó hace semanas en una última propuesta -130 euros de incremento que no sería efectivo hasta dentro de tres años-, pero los sindicatos la rechazaron. Rueda, cuyo departamento incluso llegó a proponer que quienes no estuvieran contentos con sus condiciones podían pedir el traslado fuera de Galicia, buscaba dividir a la plantilla y presionó para que la oferta se votara en asamblea. No lo logró, por lo que, acto seguido ofreció un acuerdo a cuatro centrales –UGT, CC.OO., CSIF y USO- con idéntico contenido económico aunque ligeras mejoras en el capítulo de condiciones laborales.

Esa propuesta se votó el pasado viernes y fue rechazada por 836 votos contra 756, de una plantilla de unas 2.500 personas. Durante las asambleas, los delegados de los sindicatos que habían pactado con la Xunta denunciaron que ellos y sus afiliados y simpatizantes habían sufrido coacciones, amenazas, insultos, abucheos y “actitudes agresivas” por parte de los representantes de las otras tres centrales –CIG, CUT y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ)-.

“Todos pudimos ver esas escenas de presiones, gritos, amenazas, la policía entrando en los colegios donde se estaba votando... Si esto sucede en cualquier elección municipal o autonómica estaríamos echándonos las manos a la cabeza”, dijo en la entrevista a RINE, en la que, sin embargo, volvió a trasladar a los trabajadores la responsabilidad de plantear cualquier denuncia de ilegalidades que pueda forzar una repetición de las asambleas: “Repetir unas votaciones depende de los que las convocaron, que fueron los representantes [sindicales], no la Xunta”.

CC.OO. de Galicia ha anunciado medidas legales “en defensa de sus delegados, afiliados y simpatizantes”. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados ante este terrible ataque a los derechos y libertades más básicas”, asegura el sindicato en una nota de prensa. José Luis Fernández Celis, secretario de Organización de UGT-Galicia, confirmó que su organización también estudia denunciar esas vejaciones. Pero ninguna de esas centrales ha aclarado si impugnará las votaciones.

Del otro lado, la CIG, el sindicato mayoritario en Galicia por número de delegados, junto a la CUT y STAJ, llamó ayer a recuperar la unidad sindical, que fue “la que llevó a que la huelga fuera un éxito”, y a instar a la Xunta a sentarse a negociar, pero no sobre la última propuesta de Rueda rechazada en las asambleas sino sobre la última que elaboró el comité de huelga el pasado 18 de abril, que la Xunta ya rechazó pero que a juicio de esos sindicatos es ahora la única válida.

Las tres citadas centrales han convocado a la Administración a una nueva reunión inmediatamente después del puente, el miércoles día 3 a las 10 de la mañana, pero la Xunta aún no les ha contestado. Tampoco a Público, que se interesó ante el departamento de Rueda sobre sus planes para enviar, o no, un representante a la reunión.

El portavoz de la CIG en el comité de huelga, Óscar Freixedo, lamentó que la Xunta se preocupe más por dividir a los trabajadores que por encontrar una solución consensuada al conflicto: “Mantener esta farsa y querer deslegitimar el resultado de la votación demuestra una vez más el talante de la Xunta”, dijo.

Freixedo también advirtió que los trabajadores no están dispuestos a “cerrar el conflicto en falso” a pesar del “enorme esfuerzo económico y social que están haciendo”. A cada funcionario que secunda la huelga se le descuentan una media de 60 euros por jornada, lo que, después de 83 días de paros, supone unos 5.000 euros de media para quienes la hayan seguido desde el principio.