Una puede caer en la tentación de pensar que la ultraderecha campa a sus anchas en las instituciones españolas nada más que porque la voluntad popular ha dado a Vox 52 escaños, votándolo masivamente. Y eso es cierto, pero a medias.
La ultraderecha también campa a sus anchas en las instituciones del Estado porque cuenta con la complicidad o el silencio de otra parte de esas instituciones del Estado.
Las palabras vinculando migración y delincuencia del ya exresponsable de la comisaría Centro de la ciudad de València, Ricardo Ferris, son la muestra más ilustrativa de que personas con ideología xenófoba, como es el caso, ascienden en el escalafón de su carrera porque por el camino existen cómplices que, aun conociendo su ideología ultra, callan o aplauden. Un detalle: cuando Ferris se dirige al auditorio del acto de Vox en el que participaba con un rosario bien nutrido de bulos antimigración, apela a policías presentes en el mismo acto, que reafirman y aplauden sus mentiras. Estos agentes ultraderechistas, como el propio Ferris, son responsables de la seguridad de todas las personas. De todas, también de los migrantes. Pero, claro, después negamos las torturas y el maltrato a los extranjeros por parte de policías en sus dependencias, algo demasiado frecuente y pocas veces investigado, no digamos sancionado.
Cuando ideas como la de Ferris, insisto, jefe de una comisaría en una de las ciudades más importantes de España, progresan en un cuerpo policial del Estado, no basta con la investigación, el expediente y la sanción. No basta porque el ataque más elemental contra los derechos humanos debe ser motivo de expulsión en cuanto se confirme, como es el caso con unas declaraciones falsas que puede escuchar todo el mundo. Los derechos humanos, que en Público no nos cansamos de reivindicar hasta el agotamiento, son la línea roja. Su violación o la apología de su violación, como es el caso, que se sepa, debe suponer la pérdida de la condición de policía. No hay estudios ni oposiciones ni ascensos que estén por encima de la norma básica de cualquier democracia decente.
Sobre los bulos de Vox en materia de migración, espoleados por este inspector, qué decir que no hayamos dicho y publicado ya: son una mentira xenófoba, fascista, y como siempre, a los datos públicos -cualquiera puede consultarlos-, nos remitimos: en 2021, el año pasado, se cometieron 410.842 delitos. De ellos, 308.969 fueron perpetrados por españoles,es decir, un 75% de los delitos en España en 2021 los cometieron españoles.
La ultraderecha solo funciona con el mensaje del miedo y en época de turbulencias, como la actual, el miedo al migrante, al extranjero, al refugiado, … es muy efectivo. Grandes genocidios y masacres en Europa fueron producto de ese miedo. Callar y aplaudir estos mensajes es la línea roja. Sin matices ni contemplaciones. Expulsen a Ferris de la Policía y si la ley no lo permite, cambien la ley. Hablamos, insisto, de derechos humanos.