Solo 19 de los 151 ayuntamientos que debían implementar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) lo han hecho dentro del plazo establecido por ley, según el informe de la red de organizaciones ecologistas Clean Cities. Mientras tanto, 113 municipios están en proceso de tramitación y 20, según el informe, "han optado por no cumplir en absoluto con esta obligación".

Según Clean Cities, las ZBE son ampliamente utilizadas en otros países de Europa con el fin de mejorar la calidad del aire, salvaguardar la salud pública y abordar la crisis climática. Además, estas medidas fomentan la adopción de transportes limpios, activos y sostenibles, apoyan la transición hacia energías más limpias, reducen la contaminación sonora y contribuyen a la reorganización y naturalización de los entornos urbanos.

Desde la aprobación del Real Decreto el 27 de diciembre de 2022, se anticipa la implementación generalizada de estas medidas en las principales ciudades españolas, con un plazo máximo de 18 meses para su establecimiento. Según el comunicado, desde la aprobación del Real Decreto a finales de 2022, los líderes municipales eran conscientes de la obligación de implementar estas medidas. Por los motivos mencionados, gran parte de la población reside en ciudades donde no se cumple esta normativa, atribuida a la falta de acción de los ayuntamientos de todas las tendencias políticas.

Según los ecologistas, "la desobediencia ha sido manifiesta desde el principio" con "un continuo estado de reto entre algunos ayuntamientos y el Gobierno" que "está poniendo en peligro la salud de las personas, la buena reputación de España en la gestión de los fondos europeos y la necesidad de mejorar nuestras ciudades para hacerlas más saludables y habitables".

Sanciones económicas para los municipios

El comunicado destaca que el Plan de Recuperación contempla una asignación de 1.500 millones de euros para la implementación de ZBE y otras iniciativas de movilidad sostenible. Algunos líderes municipales han arriesgado estos recursos financieros mediante la prórroga, modificación o falta de utilización de los fondos asignados, lo que podría provocar sanciones económicas para los municipios y una percepción negativa.

Según Clean Cities, en España se registran "más de 30.000 fallecimientos prematuros atribuidos a la contaminación generada por el tráfico". Además, organizaciones como ConBici, integradas en esta red, destacan en sus informes los frecuentes casos de incumplimientos de los niveles de contaminación conforme a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Gobierno quiere fijar criterios comunes para las ZBE

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) confirman que se han iniciado reuniones entre MITECO y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para establecer criterios uniformes que definan qué constituye una zona de bajas emisiones.

Desde el 1 de enero de 2023, las ZBE son áreas definidas por las autoridades públicas donde se implementan restricciones al acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, siguiendo las etiquetas de la DGT. Esta medida es obligatoria para municipios con más de 50.000 habitantes, territorios insulares y municipios con más de 20.000 habitantes que superen los límites de contaminación establecidos.

Los ministerios implicados están trabajando para establecer criterios uniformes que determinen qué zonas son efectivas para cumplir con los objetivos de reducir el tráfico y la contaminación. El Gobierno reconoce que será difícil imponer multas a los ayuntamientos que no hayan cumplido con la normativa, dado que actualmente no disponen de un sistema de sanciones ni están respaldados por la Ley 7/2021 de la crisis climática y transición energética, que establece la obligación de implementar ZBE en ciertas ciudades, ni por el Real Decreto 1052/2022 que regula estas zonas.