Afectados por la DANA en València, obligados a trabajar o a coger vacaciones: "Es una barbaridad"

"Hay empresas de València que han buscado subterfugios para que sus empleados vayan a trabajar y, si no lo hacen, el planteamiento extendido es que pidan vacaciones". Daniel Patiño, secretario de Acción Sindical de CCOO del País Valencià, lo desaconseja.

El decreto ley aprobado por el Gobierno incluye el escudo laboral, que establece permisos retribuidos para los trabajadores cuyo desplazamiento suponga un peligro para su seguridad o interfiera en las labores de rescate.

También pueden beneficiarse quienes hayan perdido su vivienda o busquen a familiares desaparecidos, así como los que estén al cuidado de niños o mayores.

Sin embargo, la realidad es tozuda.

"Mi cuñada tiene una ansiedad que no puede ni hablar. La están obligando a ir a trabajar a València". Es de un pueblo afectado por la DANA, tiene dos niños pequeños y no dispone de una red familiar. "No me salen las palabras de impotencia. No sabe qué hacer. Necesitamos que se paralice València, porque esto no es normal".

Uno de tantos mensajes desesperados que ha recibido en los últimos días Laura Baena, presidenta de la asociación por la conciliación Yo No Renuncio, quien asegura que la entidad está desbordada tras la catástrofe.

No es un caso aislado. Daniel Patiño calcula que hay unas 400.000 personas que viven en zonas afectadas y deben desplazarse para trabajar hasta lugares que no han sido castigados por las lluvias y las inundaciones. Muchas se han puesto en contacto con él para consultar dudas o denunciar abusos.

"Una chica me contaba las barbaridades que atravesó el martes 29. Su jefa la llamó para que se desplazase para limpiar su negocio. Perdió el coche, le reclamó la reparación del vehículo y le dijo que se arreglase con el seguro. Menos mal que se libró del tramo de la carretera que se hundió", recuerda el sindicalista.

Días después, atendió a un electricista que se vio obligado a caminar durante horas para llegar a su empresa. "Lo que hicieron con él fue una barbaridad", comenta Daniel Patiño, quien cree que "debe imperar el sentido común" porque lo que ha sucedido en València es "muy bestia".

En todo caso, el secretario de Acción Sindical de CCOO del País Valencià deja claro que la casuística es amplia: "Hay empresas que empatizan con la situación y otras que no han entendido las restricciones de movilidad, pero también algunas que han parado su actividad tras verse afectadas por las lluvias".

Por ello, si no pueden llegar al puesto de trabajo y los superiores no lo entienden, aconseja que no lo intenten, aunque antes deberían comunicar la ausencia o incluso justificarla. "Influir o presionar para que se presenten es grave. Despedirlos, todavía más".

Lola Ruiz, secretaria de Acción Sindical de UGT del País Valencià, matiza que los despidos por no ir o por llegar tarde al trabajo son "residuales". No hace falta llegar hasta ese extremo, porque algunos trabajadores son presionados pese a que "su situación es muy lamentable".

Beatriu Cardona, portavoz de Intersindical Valenciana, profundiza en esas coacciones más o menos sutiles: "Estamos detectando comportamientos que, además de vulnerar la legalidad, son inhumanos".

Responde al teléfono mientras reparte pañales y productos de limpieza en Catarroja, uno de los pueblos afectados. Considera que el decreto ley es "necesario, pero insuficiente", por diferentes razones:

- "Muchos trabajadores no conocen todos sus derechos y son muy vulnerables, porque están en situación irregular o con contratos por debajo de las horas reales trabajadas".

- "Hay una precariedad laboral extrema y la gente tiene miedo a denunciar".

- "La ley de extranjería ha dejado en una situación de extrema vulnerabilidad a muchas personas, sobre todo mujeres, por lo que debe ser derogada".

Conclusión: "La clase trabajadora tiene derechos sobre el papel, pero no se cumplen".

Desde el pasado jueves, ha recibido "un aluvión de llamadas". No trascienden porque "la gente no quiere hablar", según ella. "La precariedad nos hace vulnerables y temen perder su trabajo".

Algunos de los relatos están protagonizados por grandes empresas que presionan a sus empleados. "Gente con casas anegadas que lo ha perdido todo, incluido sus vehículos, está recibiendo llamadas de sus superiores para que se incorporen a sus puestos de trabajo, pese a que la ley los defiende", asegura Beatriu Cardona.

"Incluso para limpiar las instalaciones, cuando esas empresas tienen dinero suficiente para pagar a profesionales. Es inmoral que los obliguen a eso cuando deberían estar acondicionando sus casas o haciendo gestiones para recuperar sus vehículos. Y después se llenan la boca con sus donaciones", se queja la portavoz de Intersindical Valenciana, quien insiste en que "los trabajadores, en un contexto de subsistencia, deben tener la garantía de poder concentrarse en salvar a su familia, sus viviendas y sus enseres".

"Desde la distancia", concluye Beatriu Cardona, "solo tenéis una ligera impresión de la verdadera dimensión de la tragedia".

Lola Ruiz también alude al miedo: "Les decimos que no tienen la obligación de ir al trabajo si no es seguro o en otros casos establecidos, aunque la empresa termina imponiéndose". Recuerda que no se trata solo de haber perdido el coche, sino de un problema de comunicaciones que afecta al transporte público y a todo tipo de infraestructuras.

"Aun así, nos han llegado casos de trabajadores de grandes supermercados a quienes los encargados les han dicho que se busquen la vida, porque tienen que ir, cuando ahora lo más importante es preservar su seguridad. Y también hay personas que entran temprano a trabajar y deben caminar por tramos intransitables de madrugada", añade la secretaria de Acción Sindical de UGT.

Otros trabajadores llaman para informarse de los permisos por fallecimiento de un familiar. "Además de las pérdidas, están muy afectados psicológicamente porque la presión es brutal: hay personas que han visto cadáveres, pero otras intentaron salvar a un vecino y no lo consiguieron. Todo esto va a dejar una huella emocional en la población valenciana".

Lola Ruiz considera que es "incomprensible e inadmisible" que las grandes empresas obliguen a sus empleados a ir a trabajar en estas circunstancias, cuando disponen de recursos para contratar a trabajadores que los reemplacen.

Ahora bien, según ella cabe la posibilidad de que "los mandos intermedios ejerzan presiones de manera sutil sin que quizás se enteren los altos cargos", por lo que recomienda a los directivos que transmitan a sus subordinados que deben mostrar humanidad. "Además, obligar a trabajar a un empleado va en contra de la ley y del decreto aprobado por el Ministerio de Trabajo, de modo que un despido sería nulo".