La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) inicia un expediente sancionador contra la promotora de Cuna del Alma, Segunda Casa Adeje SL y contra la Junta de Compensación. Una denuncia presentada por el presidente de Salvar La Tejita, Rubén Pérez, atribuye a la promotora daños al patrimonio y al hábitat natural, así como la falta de una declaración de impacto ambiental. Por este motivo, se propone una sanción de 110.000 euros contra la empresa, a la que caben alegaciones en un plazo de 15 días.

La viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica adjuntó un informe técnico del Servicio de impacto Ambiental de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente en el que advertía la necesidad de someter al proyecto a un informe previo de impacto ambiental. El Ayuntamiento de Adeje reconoció de forma expresa que no sometió al proyecto a esta evaluación a pesar de que lo exige la ley 21/2013.

Esta ley se creó para garantizar la "adecuada prevención" de los impactos ambientales que pueden generarse en el desarrollo de un proyecto, según defiende el documento de la Agencia Canaria. Este organismo ratifica la denuncia de Salvar La Tejita y reconoce que el proyecto debió someterse a una evaluación ambiental. Es obligatorio someter a "una adecuada evaluación ambiental todo plan, programa o proyecto, que pueda tener efectos significativos sobre el medioambiente". En este punto destaca la importancia de que el estudio se haga "antes de su adopción, aprobación o autorización".

Consecuencias

La consecuencia jurídica de incumplir la ley podría implicar la propia invalidez del proyecto de Cuna del Alma. Lo que no excluye que las autoridades competentes puedan añadir sanciones económicas. "Se tipifica como infracción administrativa el inicio de las obras, proyectos, etc. sin contar con el previo informe de impacto ambiental", justifica la Agencia. La evaluación ambiental de un proyecto supone hacer hincapié en la protección y mejora del medioambiente, dando valor a la prevención y a la cautela.

La presentación de una evaluación ambiental persigue analizar los efectos significativos que podría tener Cuna del Alma o cualquier otro proyecto sobre el medioambiente. Por tanto, su realización debe ser previa al inicio de las obras. Dentro de la evaluación ambiental, se recoge tanto la evaluación ambiental estratégica como la evaluación de impacto ambiental.

Con 420.000 metros cuadrados urbanizables, Cuna del Alma presentó una evaluación ambiental simplificada avalada por el Ayuntamiento de Adeje. La construcción de villas y un hotel de lujo en un barranco canario está proyectada junto a un Sitio de Interés Científico y una Zona de Especial Conservación (ZEC) no suponían entonces "efectos significativos sobre el medio ambiente", defendía el consistorio. Sin embargo, Protección del Medio Natural estima que el proyecto debió ser sometido a una evaluación ambiental ordinaria. Estar situado fuera de áreas urbanizadas, así como ser una urbanización vacacional, son algunos de los criterios recogidos en la ley para someterse a una evaluación ordinaria.

El pasado 24 de octubre, en una visita conjunta se personaron agentes de la ACPMN, la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, representantes de la empresa y del ayuntamiento de Adeje, así como la consultora ambiental Evalúa, contratada por el promotor. En ella se comprobó que existían ejemplares de viborina triste (echium triste), una especie canaria catalogada con protección especial, junto a las obras de uno de los viales del proyecto.

El descubrimiento de la viborina triste una vez comenzada las obras sirve a la Agencia de Protección para estimar que "no se han adoptado medidas para su conservación", como exige el Catálogo Canario de Especies Protegidas y la Ley de Evaluación Ambiental.

En la actualidad el proyecto se encuentra paralizado de forma cautelar por orden del Gobierno de Canarias tras el hallazgo de la viborina triste. Además la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias inició contra la promotora un expediente sancionador por la destrucción de yacimientos arqueológicos por valor de 600.000 euros.