Amnistía Internacional ha señalado el uso sistemático de la privación de libertad en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) como respuesta a la situación irregular de migrantes, calificándolo de un "automatismo" judicial. La organización ha pedido prohibir expresamente las redadas basadas en perfiles raciales y reformar la ley de extranjería para garantizar que la detención sea el último recurso.

El informe denuncia que estas detenciones se producen en un contexto de "opacidad y falta de datos", lo que podría derivar en arrestos arbitrarios, de no cumplirse criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Además, critican que no se evalúan alternativas a la privación de libertad, ni se consideran factores de vulnerabilidad, como problemas de salud mental.

Citando a la Organización Internacional para las Migraciones, Amnistía indica que en Europa se detienen anualmente a unas 100.000 personas por cuestiones migratorias, y destaca que en 2022 llegaron al continente 213.896 migrantes. En España, asegura que la ausencia de salvaguardas adecuadas pone en riesgo el cumplimiento de normativas internacionales contra las detenciones arbitrarias.

Un problema central identificado por la organización es que los jueces suelen autorizar el internamiento en los CIE basándose en criterios policiales y sin valorar individualmente las circunstancias de cada caso. Esto se combina con argumentaciones judiciales estereotipadas y la falta de una verdadera motivación en las decisiones.

Amnistía también critica la insuficiente formación de los responsables de los internamientos y la deficiente coordinación entre operadores jurídicos, lo que agrava la situación de los migrantes. Además, denuncia la falta de una asistencia letrada adecuada, lo que dificulta a los detenidos entender y enfrentar los procedimientos legales.

La organización propone una reforma integral para solucionar estos problemas. Esto incluye modificar la Ley de Seguridad Ciudadana para prohibir las redadas basadas en perfiles raciales y establecer en la ley de extranjería que el internamiento en un CIE debe ser una medida de último recurso tras estudiar otras alternativas.

Otra de sus exigencias es mejorar la transparencia en los CIE, eliminando el secretismo que rodea estos centros y asegurando que los migrantes reciban información clara sobre sus derechos y procedimientos.

Finalmente, Amnistía insta al Gobierno español a garantizar que las decisiones sobre internamientos cumplan con estándares internacionales y que se refuerce la protección de los derechos de las personas migrantes, especialmente en contextos de detención.