Una de las propuestas estrella de Vox en el conjunto de las administraciones autonómicas en las que tiene representación es la de acabar con una parte importante de la financiación de la administración pública, a través de la supresión de impuestos. Principalmente el de sucesiones y donaciones, que grava las herencias y otras transmisiones de bienes en función del valor de estos y del grado de parentesco entre donante y beneficiario.

Pero también otros impuestos angulares para las comunidades autónomas, como el de patrimonio, actos jurídicos documentados o el IRPF.

Esta medida es un mantra recurrente entre las derechas, pero adquiere su máxima expresión en las propuestas de Vox. En lo que llevamos de legislatura, el partido ultraconservador ha propuesto acabar o reducir impuestos con los que las diferentes administraciones ingresaron en 2021 más de 2.500 millones de euros, según las estimaciones de Público basadas en los datos recogidos por el Consejo de Economistas de España.

Algunas de sus políticas en materia fiscal formaban parte de los acuerdos de Gobierno con el Partido Popular. Vox ha facilitado los gobiernos populares de Aragón, Castilla y León, País Valencià, Región de Murcia, Illes Balears y Extremadura.

En los cuatro primeros territorios el partido de ultraderecha pactó reformas fiscales que podrían tener un impacto recaudatorio de hasta en 521 millones euros en 2024, según los informes autonómicos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En los estudios de esta entidad no se recogen las reformas tributarias aprobadas en Balears y Extremadura en la presente legislatura.

Si se toma de referencia las estimaciones que los Gobiernos conservadores de estas autonomías han hecho de sus medidas fiscales, a los recortes ya indicados se les sumarían otros 75 millones y 39,8 millones euros respectivamente. Es decir, que en los territorios en los que existen pactos de gobierno entre el PP y Vox, dejarían de ingresarse unos 641,8 millones de euros en 2024.

Durante la primera semana de gobierno, el Ejecutivo de Illes Balears, presidido por la popular Margalida Prohens, aprobó dos reformas fiscales que previamente habían sido pactadas con Vox. La primera, relativa al impuesto de sucesión, suponía la eliminación del tributo entre padres e hijos, abuelos y nietos y cónyuges, así como una rebaja del impuesto entre tíos y sobrinos en un 25% si hay descendientes y un 50% si no los hay. En segundo lugar, una rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales.

En Castilla y León, donde Vox y el PP gobiernan conjuntamente desde 2022, también se aprobaron recortes en este impuesto para arrendamientos de fincas rústicas, dentro de un paquete de reformas fiscales destinadas a reducir la carga fiscal sobre los contribuyentes. La ley 2/2022, de 1 de diciembre, de rebajas tributarias en la Comunidad de Castilla y León también incluyó una –nueva– disminución del IRPF, además de bonificaciones del 100% de las licencias de caza, caza con galgo y pesca, entre otras medidas.

En la legislatura anterior, el Gobierno en solitario del PP ya había reducido el IRPF y el impuesto de sucesiones y donaciones. 

PP y Vox tampoco se han demorado en aprobar las reformas de su acuerdo de gobierno en Extremadura. En septiembre, el recién formado Ejecutivo aprobó un decreto ley de medidas urgentes para acabar con los dos primeros tramos de cotización del IRPF y una bonificación del 100% del impuesto de patrimonio. 

Queda pendiente la rebaja del impuesto de sucesiones, también pactada entre ambos partidos como paso necesario para la investidura de María Guardiola. La Junta anunció el pasado 2 de noviembre que dicha reducción se incluiría en los próximos presupuestos regionales.

La vuelta al poder de los partidos conservadores en País Valencià también ha traído consigo las rebajas fiscales de principios de los años 2000. Tras la crisis económica de 2008 y los posteriores gobiernos socialistas, la tributación en la Comunitat Valenciana creció. Antes de la vuelta de los populares a la Generalitat, el impuesto de sucesiones tenía una bonificación del 50%. En octubre de este año, el Consell aprobó un proyecto de ley por el que se recuperaba la bonificación del 99%, tal y como rezaba el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox.

La "defensa de una fiscalidad justa" fue también una de las líneas principales del acuerdo entre ambos partidos que llevó al popular Jorge Azcón a la presidencia de Aragón. Y toma exactamente la misma forma que en otros casos: la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y deducciones, del 100% en el impuesto de patrimonio o la reducción de los primeros tramos del IRPF, entre otros. 

El pasado 3 de noviembre aprobaron el techo de gasto de los Presupuestos y prometieron que estos se desarrollarían con una fiscalidad justa. Por el momento, no se han aprobado los recortes fiscales prometidos por el Gobierno.

Estas rebajas fiscales también están recogidas en el pacto que hicieron los dos partidos para gobernar juntos en la Región de Murcia. Este acuerdo llegó el pasado 5 de septiembre y fue el último de todos los que se fraguaron después de las autonómicas del 28M. El nuevo Ejecutivo de Murcia tampoco ha aprobado todavía ninguna medida fiscal, pero Vox ya ha puesto sobre la mesa el recorte en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas –que pasaría de un 8% a un 6%– y actos jurídicos documentados –1,5% al 0,5%–.

Si se toma de referencia la recaudación de estos impuestos durante el año 2021, la pérdida de ingresos de esta medida podría rondar los 4,2 millones de euros.

En el resto de comunidades donde tienen representación pero no pactos de gobierno la formación de ultraderecha también ha lanzado iniciativas parlamentarias que ponen en cuestionamiento la legitimidad de estos impuestos, especialmente de aquellos que gravan la riqueza, como es el caso de el de sucesiones y donaciones.

De aplicarse sus propuestas, los recortes fiscales podrían ascender hasta los 62,3 millones de euros anuales más, según las estimaciones de Público basadas en los ingresos fiscales percibidos por las autonomías y recogidos en el informe del Consejo de Economistas de España.

Recortar por la derecha

Las reducciones fiscales son el hilo que ha conectado ideológicamente a las tres derechas nacionales –Ciudadanos, PP y Vox–, si bien también ha sido una medida puesta en marcha repetidamente por el PSOE y por cualquier otro partido de corte liberal.

Allí donde el PP gobierna en solitario, ya se han producido reformas fiscales similares a las pactadas en otros territorios con Vox. En la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado una nueva rebaja del IRPF, que según la presidenta rebajarían en 153 millones los ingresos por estos impuestos.

Anteriormente, el Ejecutivo madrileño ya había rebajado el impuesto de sucesiones y donaciones, el de depósitos de residuos y el IRPF, entre otros. La AIRef estima en más de 1.000 millones el impacto que algunos de estos recortes tendrán en las arcas de la Comunidad en 2024.

También en Andalucía, el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla había reducido drásticamente este impuesto. Primero, en la legislatura de 2019-2022, donde gobernaba gracias a los votos de Ciudadanos y Vox, y donde la rebaja fiscal afectó al IRPF, al impuesto de patrimonio, el de sucesiones, y al de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos. 

Desde que lograra la mayoría absoluta en junio de 2022, Moreno Bonilla ha vuelto a aplicar rebajas fiscales en el IRPF y en el impuesto de patrimonio, entre otras medidas. Según las estimaciones de la Junta de Andalucía, con ellas la administración autonómica podría dejar de ingresar 360 millones de euros que se sumarían a los 540 millones que supuestamente ya ha recortado.

De acuerdo con la información recabada por la AIRef, la disminución de los ingresos tributarios rondará los 100 millones en 2024.

Durante las legislaturas anteriores, los Gobiernos de Castilla y León y Murcia, presididos por el PP en solitario, también aprobaron reformas con las que se bonificaba el 99% del impuesto de sucesiones en la mayoría de los supuestos. Lo mismo que el actual Ejecutivo popular de Cantabria, que tampoco ha necesitado de la presencia de Vox en el Gobierno para promover reformas fiscales. 

Su presidenta, María José Sáenz de Buruga, presentó el pasado septiembre un borrador de reforma fiscal con el que pretende bonificar, a partir de 2024, el 100% del Impuesto sobre el Patrimonio –que en 2021 recaudó 125,3 millones– y rebajar el de Sucesiones y Donaciones, así como el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados. A ello, Vox ha querido sumar sin éxito la propuesta de rebajar el IBI a aquellos inmuebles ocupados, que también ha presentado en Navarra.

En general, el impuesto de sucesiones y donaciones es el tributo más criticado por las derechas y su recaudación año tras año ha ido menguando.

El objetivo para la extrema derecha es que sea eliminado definitivamente. De hecho, a pesar de las sucesivas reducciones de este impuesto en Madrid, Vox ha preguntado insistentemente a Ayuso sobre la posibilidad de que la bonificación del 99% aplicada para familiares directos se estableciera también entre tíos y sobrinos. Diputados del grupo parlamentario de Vox han lanzado siete preguntas parlamentarias relacionadas con este asunto.

En Asturias, donde Gobierna el PP en solitario, la diputada Carolina López Fernández presentó una Proposición no de ley ante la Comisión de Hacienda y Asuntos Europeos en la que también pedía una bonificación del 99% del impuesto de sucesiones.

Propuestas donde no gobiernan

El gravamen sobre la riqueza no es el único objetivo a derribar por parte de los diputados de Vox. Otras bajadas de impuestos sirven de caballo de Troya para marcar su postura política respecto a determinadas problemáticas.

 Así, en Islas Canarias, donde la alianza entre Coalición Canaria, el PP y Agrupación Herreña Independiente dejó fuera a Vox, los ultraconservadores han lanzado preguntas y propuestas que van desde las bonificaciones en el impuesto de patrimonio o actos jurídicos documentados, hasta la eliminación de los impuestos medioambientales y de combustibles a autónomos. A 2.300 kilómetros de las islas, la parlamentaria de Vox en el grupo mixto en Euskadi, Amaia Martínez, ha propuesto la bonificación total del impuesto especial sobre electricidad.

También han perseguido el impuesto a los combustibles en Cataluña, donde además de solicitar la eliminación de los impuestos de transmisiones patrimoniales y otros de carácter nacional cedidos a las autonomías, han puesto en la mirilla los relacionados con emisiones de dióxido de carbono de los vehículos o el que grava la contaminación portuaria, aprobado en septiembre de este mismo año.

Tanto en Cataluña, como en Cantabria y Navarra, Vox también ha aprovechado su visión sobre la fiscalidad para poner encima de la mesa la ocupación, solicitando la supresión de la obligación del IBI para aquellas viviendas que hayan sido ocupadas.

Metodología 

Para el presente artículo se han recopilado las propuestas parlamentarias de Vox en materia fiscal en los diferentes parlamentos autonómicos en los que tienen representación. Es decir, en todos excepto Galicia.

El cálculo del monto de impuestos recaudados por las comunidades autónomas en las que gobiernan PP y Vox y que están reformados o pendientes de reformas o reducciones por parte de sus Gobiernos se ha hecho en base al informe Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2023 elaborado por el Consejo General de Economistas de España, relativos al ejercicio de 2021.

La estimación de las pérdidas fiscales para el año 2024 en Aragón, Castilla y León, País Valencià y Región de Murcia se ha hecho en base a los informes elaborados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ya que recogían algunas de las medidas aprobadas en la presente legislatura. En cambio, para otras comunidades, la información tributaria correspondía a legislaturas anteriores, como es el caso de Illes Balears y Extremadura.

Para estos casos, se han recogido las estimaciones presentadas por los Ejecutivos de dichas comunidades al anunciar los recortes fiscales para estas comunidades. La cifra de 641,8 millones de euros de recortes fiscales es producto de la suma de estas previsiones y las estimaciones de AiRef.

Por último, el cálculo de las propuestas fiscales de Vox se ha hecho en base la recaudación del impuesto de transmisiones onerosas y actos jurídicos documentados de la Región de Murcia en 2021, el impuesto de patrimonio de Islas Canarias y el de sucesiones de Asturias en el mismo año. Los recortes a dichos tributos propuestos por Vox han sumado 62,3 millones de euros.

Han quedado de fuera de esta estimación otras propuestas de recortes fiscales que no se han podido calcular con la base de lo recaudado en 2021, por lo que la pérdida del total de impuestos es aún mayor.