El Ayuntamiento de Madrid ha asegurado este lunes que está estudiando "las consecuencias" de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado Madrid Central -zona restringida al tráfico en el centro de la ciudad- por defectos formales. Después, de que dos jueces de Madrid anularan el acuerdo de junio de 2019 por el que el Ayuntamiento de Madrid estableció una moratoria a las multas de Madrid Central.

Fuentes municipales han asegurado que el equipo de Gobierno (PP-Cs) respeta la decisión judicial y está "comprometido" en dar seguridad jurídica a los madrileños.

Por otro lado, ha reiterado que están "trabajando firmemente" en la mejora de la calidad del aire, a través de la aplicación de la estrategia de sostenibilidad ambiente Madrid 360.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado Madrid Central por defectos formales dado que no se cumplió con el trámite esencial de información pública y con la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza.

La anulación parcial del acuerdo del consistorio supone que, en el caso de que las tres sentencias dictadas este lunes por el tribunal sean firmes, todas las multas impuestas decaerán al carecer de sustento normativo, según informan fuentes del TSJM. 

Almeida decidirá si recurre la anulación 

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este martes que se basará en los informes que elaboren los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento para decidir si recurre o no al Tribunal Supremo. Así lo ha mencionado en un acto donde ha presentado los nuevos autobuses eléctricos de la Empresa Municipal de Transportes, Almeida ha asegurado que la decisión "no está tomada" y que se adoptará "única y exclusivamente" en función de lo que digan dichos informes, que se harán "inmediatamente públicos" para que "no quepa ninguna duda" sobre su validez.

El alcalde ha dejado claro que mientras la sentencia no sea firme "Madrid Central sigue en vigor", por lo que deben respetarse las normas que la regulan, y ha pedido no hacer "elucubraciones e hipótesis" sobre lo que ocurrirá con las multas impuestas desde que la zona de bajas emisiones entró en funcionamiento, cuya recaudación asciende a más de 36 millones de euros.