El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha dado orden de apartar a los funcionarios que han intervenido en el procedimiento administrativo relacionado con la sociedad Teatre Murcia S.L., propietaria de las discotecas incendiadas el pasado domingo, mientras se lleva a cabo la investigación, según han informado fuentes municipales.

Ballesta ordenó el pasado lunes la apertura de un expediente informativo con el fin de esclarecer todo lo ocurrido en el procedimiento administrativo relacionado con los locales de ocio nocturno de la zona de Atalayas, en Murcia, donde el pasado domingo murieron 13 personas en el incendio de dos discotecas y 24 personas resultaron heridas.

La investigación se centra en recabar, con carácter prioritario y urgente, cuantos datos e informes sean necesarios de los distintos servicios municipales relacionados con el caso, para así esclarecer lo ocurrido con la orden de cese de actividad de la discoteca Teatre, dictada por el concejal de Urbanismo de la anterior corporación en enero de 2022 y depurar posibles responsabilidades.

El propio consistorio explicó el lunes que las discotecas estaban operando sin licencia de apertura y que pesaba sobre ellas una orden de cese de actividad desde 2022, pese a lo cual seguían funcionando.

Un inspector municipal incumplió hace un año la orden del alcalde de precintar las discotecas incendiadas. Según ha desvelado La Verdad, el pasado 11 de octubre de 2022 el entonces alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, el socialista Andrés Guerrero, ordenó a la Inspección de Actividades que visitase la discoteca Teatre de Las Atalayas y que se procediese al precinto del establecimiento "en el caso de que no se haya ejecutado de manera voluntaria".

Sin embargo, tal precinto nunca se aplicó. El inspector decidió no cerrar el local tras argumentar en el acta, emitida el 21 de octubre que, el local aportó "la documentación técnica que les faltaba para la tramitación de la legalización", según recoge el medio murciano. En referencia a la nueva licencia que necesitaría la sala después de la división ilegal para dar cabida a Fonda Milagros, un local del cual no consta su existencia a efectos administrativos.

Además, el inspector municipal no clarifica en el documento si ha visitado presencialmente el local, sino que tan solo recoge haber "contactado" con los titulares de la empresa. El Ayuntamiento no ha sabido ofrecer explicaciones sobre qué ocurrió posteriormente a esta acta y por qué no se cerraron los locales.

También se ha conocido que la discoteca Teatre, una de las tres que resultaron incendiadas en la madrugada del pasado domingo, superó una inspección de sanidad del Ayuntamiento en marzo de este año pese a carecer de licencia municipal y tener una orden de cese de actividad

El Consistorio, que el pasado domingo dio orden de revisar la situación administrativa de todos los locales de ocio del municipio, ha solicitado su personación como acusación particular en el proceso abierto por el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia que investiga 13 delitos de homicidio imprudente en el incendio de las discotecas.