La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado marcha atrás y ha anunciado que su Gobierno firmará el programa María Goyri, que permitirá la contratación de 1.091 profesores, quienes posteriormente quedarán estabilizados, según un comunicado del Gobierno madrileño. Ayuso se había negado hasta ahora a firmar el acuerdo, siendo Madrid la última comunidad autónoma en hacerlo.

Con este pacto, el Estado, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se compromete a cubrir el salario de 656 profesores durante seis años, con un total de 169 millones de euros. Por su parte, la Comunidad de Madrid asumirá el coste de otros profesores, sumando un total de 435 ayudantes.  

La ministra Diana Morant envió una carta a Ayuso en la que le advertía que, de no aceptar la propuesta, estaría perjudicando "seriamente" a los centros públicos. En la misiva, aseguró que "no es comprensible ni explicable una decisión como esta, ya que perjudica gravemente a las universidades públicas madrileñas al perder la oportunidad de incorporar más de 1.000 profesores". Además, expresó su "sorpresa" al señalar que existía un acuerdo con todas las comunidades autónomas, "salvo con la suya". 

La ministra recordó a Ayuso que la temporalidad en las plantillas de profesorado de las universidades públicas madrileñas alcanza el 47,63%. En su opinión, el rechazo a cofinanciar las nóminas impide el "rejuvenecimiento y modernización" necesarios para garantizar la calidad en la docencia y la investigación. 

Ayuso se reúne con los rectores de seis universidades

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha convocado este martes a los rectores de las seis universidades públicas de Madrid para tratar la financiación universitaria, después de que los consejos de gobierno de las universidades aprobaron la semana pasada "acciones consensuadas" ante su "infrafinanciación". 

Los directores educativos publicaron una carta abierta a la presidenta mostrando su "profunda preocupación" ante el borrador de Presupuestos del Gobierno regional para 2025, aprobado el 30 de octubre, que "no contempla las transferencias necesarias para afrontar el impacto de la inflación en los suministros, cubrir íntegramente el incremento salarial acordado por el Gobierno central, ni financiar las exigencias" de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Una estacada a los pilares del sector público madrileño

La posible firma del acuerdo no es motivo de celebración en la Comunidad de Madrid, como bien saben docentes y sanitarios que llevan años soportando las consecuencias de crisis sistemáticas en los pilares del sector público. Estos servicios básicos, según afirman, son cada vez más precarios, y señalan a Ayuso como la principal responsable del desmantelamiento de los mismos. 

El pasado noviembre, Público reveló varios casos de hospitales en los que los recortes del Gobierno madrileño están generando el colapso de los servicios, la saturación del personal sanitario y, como consecuencia, poniendo en riesgo la seguridad de la salud de los pacientes. Lo mismo sucede en el ámbito educativo, donde las numerosas huelgas protagonizadas este año han sido una muestra de la lucha por mejoras en la educación pública madrileña.