La muerte de una mujer por atropello de un patinete eléctrico ha colocado en el centro del debate una cuestión que hacía meses que era latente en los debates sociales: la regulación de la circulación de los vehículos de movilidad personal —popularmente llamados patinetes eléctricos— en los núcleos urbanos. El pasado agosto una vecina de 92 años de Esplugues de Llobregat (Barcelona) murió como consecuencia de las heridas provocadas por la embestida de dos jóvenes que circulaban con un patinete eléctrico a 30 kilómetros por hora, la velocidad máxima que alcanzan estos medios de transporte. Ciertamente no es el único atropello que involucra a un patinete que ha acabado con la muerte de una persona -el 23 de noviembre murió una vecina de Sabadell que conducía un patinete de un politraumatismo al ser arrollada por un camión- pero sí el primero que tiene como autor al conductor.

La respuesta por parte de la administración para hacer frente a la problemática llegó a finales de la semana pasada cuando la Dirección General de Tráfico (DGT) comunicó la propuesta de regular a través de un Real Decreto la circulación a nivel estatal de los patinetes que a partir de la aprobación no podrán circular por la acera de ningún municipio así como tampoco circular a más de 25 km/h. La iniciativa debe servir para dotar de un marco regulador global todas las ciudades y pueblos del Estado español, donde la competencia de la movilidad está transferida a las administraciones locales y por lo tanto son muchos los núcleos de población que no imponen límites sobre los movimientos permitidos por los nuevos vehículos.

En el momento en que entre en vigor la propuesta de la DGT, los conductores, por ejemplo, podrán circular sin la necesidad de un permiso de conducir pero sí que podrán estar sometidos a controles de alcoholemia y drogas como el resto de conductores. Todo ello con el fin de construir, por parte de la DGT, "una normativa básica estatal, que posteriormente podrán ampliar los ayuntamientos".

El referente

Este proyecto de normativa por parte de la DGT todavía no tiene una fecha fijada para su aprobación pero aparece para evitar nuevos episodios como el de la vecina de Esplugues. Sin embargo, algunos entes locales ya habían comenzado a regular la cuestión hace unos meses. El caso pionero es el del Ayuntamiento de Barcelona, que el pasado mayo aprobó una "modificación de la Ordenanza de Circulación de Peatones y Vehículos en los apartados referentes a los vehículos de movilidad personal a motor (VMP) y los ciclos de más de dos ruedas", que entró en vigor en julio. El objetivo del consistorio con la propuesta —de la que ahora bebe la administración central— era el de poder "resolver los problemas de convivencia en el espacio público y fomentar una movilidad sostenible y segura". De hecho, fuentes municipales explican que tuvieron que regular esta cuestión por necesidad.

El Ayuntamiento de Barcelona tan sólo permite la circulación de los Vehículos de Movilidad Personal en los espacios de carril bici, zonas 30 y plataformas únicas. Asimismo, la normativa también establece la obligatoriedad para los conductores de ser mayores de 16 años, llevar casco, elementos reflectantes y de iluminación y la contratación de un seguro. Ahora bien, al ser la movilidad una competencia de los gobiernos locales hasta ahora la capital catalana era una de las pocas localidad que había puesto límites a los nuevos vehículos. Tanto es así que hasta que no entre en vigor el Real Decreto, las posibilidades de los vehículos eléctricos se mueven en un espacio de "vacío legal". El presidente de la Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), Ricard Riol, expone que "no hay un reglamento compartido" y esto dificulta hacer posible en este sentido un "respeto por el espacio público compartido".

Riol también señala que en el caso de la capital catalana todavía hay mucha gente que no conoce la modificación de la ordenanza de circulación y considera que hay que "reforzar" las campañas públicas desde la institución. Al mismo tiempo opina que las multas a los conductores de los vehículos por incumplimiento de la normativa de momento no contribuyen a extender la nueva reforma a todos aquellos que son ajenos a los VMP.

Hacer frente a los ritmos de la ciudad

Más allá de los aspectos técnicos que deben hacer posible una mejor circulación de los VMP por los entornos urbanos, el proyecto legislativo no servirá para frenar el choque de modelos sociales que está teniendo lugar en la actualidad. El modelo del progreso económico frente al tejido social, que es más partidario de apostar por poner en el centro del debate la vida de la gente también se hace visible en el terreno de la movilidad. La socióloga Blanca Valdivia, miembro del colectivo Punt 6 de urbanismo feminista, argumenta que los ritmos frenéticos actuales de las ciudades y la turistificación "van en contra de la vida de la gente" e incluye los Vehículos de Movilidad Personal en este fenómeno.

La socióloga sustenta que vehículos eléctricos como estos generan una "percepción de inseguridad" sobre todo a las personas mayores y las personas con diversidad. Detalla que en no hacer ruido, por ejemplo, no pueden ser percibidos por las personas sordas y recuerda que a menudo modelos como los Segways van en grupo y muy rápido y contribuyen a fortalecer una sensación de vulnerabilidad. Valdivia constata que si el objetivo es el de hacer de las calles "un espacio para transitar y para vivir" hay que ir más allá de la propuesta de normativas concretas y pensar un modelo que "fomente todo lo vinculado con el peatón".