El Ayuntamiento coruñés de Sada presentó el pasado jueves ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de A Coruña un incidente de ejecución y un recurso de reposición contra la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña el pasado 20 de abril de ordenar el Estado la devolución a la familia Franco de los bienes muebles contenidos en el Pazo de Meirás. Aquella orden revocaba la decisión del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de A Coruña, que dos meses antes había negado a los herederos del dictador la posibilidad de retirar del inmueble cualquier elemento que estuviera en su interior. En la decisión de abril, por contra, la Audiencia, además, ordena indemnizarles por no haber podido disfrutar desde diciembre hasta ahora de esas pertenencias.

A principios del pasado mes de noviembre, el mismo juzgado coruñés, en una resolución histórica, declaró que el pazo era propiedad del Estado porque había sido expoliado por el tirano, y que sus testaferros falsearon el procedimiento mediante el cual se lo adquirieron en 1938 a la heredera de su anterior propietaria, Emilia Pardo Bazán, por 406.346 pesetas. Los Franco recurrieron y perdieron, y el juzgado les negó que pudieran retirar su contenido hasta inventariarlo y aclarar si, como sucedió con el continente, se trata de bienes que le pertenecían como jefe del Estado y no a título particular.

La decisión de la Audiencia, sin embargo, considera que los Franco pueden llevarse lo que quieran porque el Estado no se ha opuesto explícitamente a ello, y les ha dado un mes de plazo para hacerlo. Eso ha movido a la familia a acelerar sus maniobras para seguir manteniendo en su poder desde las esculturas del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago, que pertenecían al Ayuntamiento de esa ciudad, hasta la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, pasando por decenas de pinturas, esculturas y otra obras de arte, antigüedades, muebles y diversos objetos y regalos de valor histórico que Franco obtuvo durante los 40 años que duró la dictadura. De hecho, ya han comunicado al juzgado el nombre de la empresa de mudanzas que han contratado para transportarlos.

"Lo que pretendemos es, de un lado, impedir que de manera inmediata se lleven bienes que no les pertenecen a ellos, sino al patrimonio público, y, de otro, que a esos bienes se les dé la consideración, al igual que el Pazo, de Bien de Interés Cultural tal y como se recoge en el decreto de la Xunta de Galicia del 2008", explica Benito Portela, alcalde de la villa, en referencia a la decisión del Gobierno gallego, por entonces formado por una coalición de PSOE y BNG.

Los recursos del Ayuntamiento de Sada, gobernada por Sadamaioría –una formación local vinculada a Anova, la escisión del BNG aliada con Unidas Podemos en las últimas elecciones autonómicas– se une al presentado esta misma semana por la Abogacía del Estado, que considera que la mudanza no va hacerse con las suficientes garantías ni con la seguridad jurídica necesaria para impedir que los Franco se lleven, de nuevo, lo que no es suyo.

Además, y a criterio del letrado municipal sadense, el Ayuntamiento alega que los bienes que formaban parte del Pazo en 1938 y los que se fueron añadiendo por parte del Estado no son en absoluto propiedad de la familia Franco. En ambos casos, "formaban parte y estuvieron afectos al servicio público de la residencia de la jefatura del Estado detentada por el dictador". "La sentencia [de la Audiencia Provincial de A Coruña] consideró que el Estado ostentó su condición de propietario a todos los efectos desde 1938 hasta la muerte del dictador, lo que extiende la posesión no sólo al inmueble sino a los bienes muebles", dice el recurso.

Sin embargo, Portela considera que las acciones jurídicas del Ayuntamiento, siendo necesarias, no son suficientes para evitar que se prolongue el expolio. "Mientras los Franco anuncian la empresa y el personal de mudanza, el Estado y la Xunta, o viceversa, deben ejercitar sus competencias judiciales y administrativas anunciando cuantas medidas sean procedentes para evitar el expolio del pazo y que este quede vacío de contenido. Y hacerlo cuanto antes", añade el regidor.

De momento, la Xunta, que ya ha recurrido la sentencia que obliga a indemnizar a los Franco como también se ha planteado hacer la Diputación de A Coruña, solo ha aclarado sobre el vaciado del pazo que no llevará a cabo "ninguna acción específica" hasta que no disponga de "una reflexión jurídica solvente" y de los informes que ha encargado a la Real Academia Galega, al Consello da Cultura Galega y a la Real Academia de Belas Artes. "Vamos a hacer lo posible para preservar esos bienes para el patrimonio cultural de Galicia, tenemos competencias sobre ellos y las vamos a ejercer dentro del marco de la lealtad institucional y la seguridad jurídica", afirma Román Rodríguez, consejero de Cultura de la Xunta.

De momento, la asociación Iniciativa Galega pola Memoria, integrada por colectivos de defensa de la memoria histórica y varias entidades de la sociedad civil organizada, han convocado una manifestación frente al Pazo el próximo 19 de junio para denunciar "la rapiña de los Franco". Sus portavoces son Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, los autores de Meirás: un pazo, un caudillo, un expolio (Fundación Galicia Sempre, 2018), la más completa investigación histórica que se ha realizado sobre cómo Franco se hizo ilegalmente con las Torres de Meirás, cómo amplió sus terrenos robándoselos a familias campesinas de la zona y como durante decenios empleó recursos materiales y dinerarios y personal del Estado para reformar y mantener su residencia veraniega particular.