España es un país de casi 47 millones de habitantes en el que políticos y medios de comunicación llaman "problema" a la presencia de 12.303 menores migrantes que han llegado solos al país. Son conocidos —estigmatizados, según ha reconocido incluso el Ministerio del Interior— bajo las siglas MENA (menores extranjeros no acompañados) y representan un 0,2% de la población, según la última cifra de chavales migrantes que están bajo el sistema de tutela de las Comunidades Autónomas que le consta al Ministerio, que insiste en que no son cifras reales debido a la descoordinación regional. Pueden ser incluso menos, porque muchos van de una región a otra sin avisar a nadie, aunque también hay un gran número que nunca pasó por el sistema de protección y no figuran en ningún censo.

Son pocos. Muy pocos, en realidad, aunque ahora son bastantes más que a principios de los 90, cuando el fenómeno comenzó a sorprender a las administraciones sin que ello supusiera tomar medidas efectivas encaminadas a la integración y la acogida, según llevan años denunciando numerosas organizaciones no gubernamentales que les asisten, entre ellas, Unicef en un informe de este año.

La falta de recursos, ya sean humanos o de infraestructuras, para acoger a estos menores, unido a la arraigada desconfianza social hacia este colectivo ha dado lugar a protestas vecinales cada vez que se ha insinuado la posibilidad de abrir un centro de acogida en diferentes localidades, ya sea en Andalucía, Madrid, Valencia o Catalunya. Pero el número de menores que llegan sigue aumentando y, a falta de buenas condiciones y una tutela efectiva por parte de las comunidades autónomas, muchos de ellos acaban abandonando los masificados y conflictivos centros sin que nadie se preocupe de buscarlos. 

Varios menores duermen en colchonetas en el suelo del Centro de Primera acogida de Menores de Hortaleza.-PÚBLICO

Escenas como las concentraciones ultras contra los menores acogidos en el centro de El Masnou, en Barcelona, que se saldó con cuatro heridos, entre ellos varios menores tutelados, dan una idea de las peligrosas consecuencias de lo que las organizaciones achacan a un abandono institucional. Esto, explican, genera el caldo de cultivo perfecto para que la sociedad tome una parte (la del menor que delinque) por el todo (la mayoría de chavales que logra integrarse).

Todo ello en un contexto político en el que la extrema derecha ha llegado a las instituciones para legitimar y alentar las ideas xenófobas que habitan en parte de la sociedad española, aunque ello pueda constituir un delito de odio, como ha ocurrido tras los incidentes en el El Masnou, por los que Vox se ha mostrado "ogulloso".

"En el caso de El Masnou se puede decir que ha habido una agresión sexual protagonizada por uno de estos menores que ha dado lugar a estos episodios", expone Imanol Zubero, doctor en Sociología y profesor titular en la Universidad del País Vasco. "Pero es una. Vivimos agresiones sexuales todos los días, incluso en el seno de las propias familias católicas tradicionales, y nadie enfoca el miedo hacía ahí", argumenta. Para este sociólogo, "hay un problema social de integración y otro institucional de acogida. Se puede mantener bajo control sin que den lugar a estas situaciones, pero ahí es importante el liderazgo institucional y social", prosigue.

Doble estigma: adolescente y extranjero

"A estos jóvenes les atraviesan dos prejuicios que les hacen muy difícil presentarse en sociedad", opina Zubero. "Por un lado, el de adolescente, uno de los grandes pánicos morales clásicos de la sociología. Siempre se les percibe en grupo, como amenaza que hay que vigilar", resume. "Si a eso le añades que son extranjeros, generalmente del Magreb, nuestro migrante monstruo por definición, y sin referentes familiares, se convierten fácilmente en carne de miedo social", añade el sociólogo, que recuerda que este colectivo es muy heterogéneo y complicado de analizar.

"Llegan con un capital cultural de origen fuerte, de tradición islámica religiosa, de zonas rurales o de periferias deprimidas. Aquí les negamos su capital cultural de origen. Les pedimos que sean como nosotros pero luego no aceptamos que sean como nosotros, porque nuestro imaginario dice que son aliens, que vienen a quitarnos algo", prosigue Zubero. Eso, explica, genera en ellos un desarraigo enorme que, a veces, deriva en problemas de convivencia o algo más grave, aunque hace hincapié en que en la mayoría de casos se logra una convivencia estable.

Bulos sobre agresiones sexuales

Pero, a juzgar por las noticias y las declaraciones de algunos políticos, se diría que este colectivo de chavales son responsables de gran parte de los índices de criminalidad del país. "Siempre han sido un colectivo criminalizado, señalado y estigmatizado. Eso no es nuevo", apunta Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces, que trabaja en la inserción social de los menores migrantes solos en Madrid. "Lo que sí es cierto es que, desde hace algunos meses, están apareciendo una gran cantidad de bulos, noticias falsas en las que se les acusa de crímenes, sobre todo de agresiones sexuales en grupo, que no tienen nada que ver con ellos. Parece algo claramente orquestado", añade. Para Reyzábal, hay una nueva ola de "criminalización que está siendo muy grosera" y, al parecer, efectiva, localizada en "puntos estratégicos como Madrid, Catalunya o Andalucía" y en la que siempre se precisa una nacionalidad: la marroquí.

Reyzábal se refiere, por ejemplo, a la reciente noticia falsa difundida en redes en la que se aseguraba que los violadores de la conocida como manada de Manresa eran menores marroquíes tutelados. Incluso se utilizó una fotografía para ilustrar el bulo con los rostros de varios jóvenes del Sáhara ocupado por Marruecos que, en realidad, fallecieron en un naufragio el pasado mes cuando intentaban llegar a Canarias en patera, tal y como contó Público. 

Realmente, los violadores de Manresa no son menores tutelados ni son marroquíes. Son tres españoles, tres cubanos y un argentino. Todos mayores de edad. El bulo fue difundido por cuentas en redes asociadas a la extrema derecha y replicadas por numerosos bots. Incluso por miembros de Vox, como el diputado Ignacio Garriga, que ni siquiera ha borrado el mensaje en Twitter en el que mentía abiertamente al afirmar que los agresores eran menores extranjeros no acompañados. "El problema es que es muy difícil desactivar el bulo una vez que ha corrido", opina Reyzábal.

También se han utilizado imágenes de agresiones brutales cometidas en otros países para ilustrar casos que sí son ciertos. Normalmente, estos bulos van acompañados de proclamas racistas que exigen la devolución de todos los menores migrantes a su país. Es lo que sucedió recientemente con el caso de una agresión sexual en Canet de Mar. Allí, una joven fue violada supuestamente por un menor tutelado de origen magrebí mientras otro lo grababa con su móvil, pero el vídeo difundido en redes correspondía a una grabación realizada en China.

En el punto de mira de Vox

El líder de Vox, Santiago Abascal, no dejó pasar la oportunidad para tomar la parte por el todo con este caso y acompañarlo con cifras manipuladas para dejar claro que la mayoría de los violadores de las manadas de las que se tiene constancia son extranjeros.

Para ello citó un artículo de El Mundo que aludía a dos estudios sobre agresiones sexuales. Uno de Feminicidio.net, que recopila los casos de las 125 agresiones sexuales en grupo de las que se tiene constancia desde 2016, aunque no proporciona datos por nacionalidad de los agresores. El otro es de la Universidad Autónoma de Madrid, con datos de 2010, en el que se afirmaba que el 30% de los agresores sexuales en grupo eran españoles. Eso dio lugar a que se difundiera que el 70% de los violadores en manada eran migrantes, algo que fue desmentido en un artículo de Maldita.es.

Graciela Atencio, directora de Feminicidio.net, asegura que sí han detectado en su estudio una "incidencia alta" de agresores extranjeros, aunque insiste que la gran mayoría de los que hay constancia son españoles y que no hay que identificar necesariamente extranjero con migrante, "también hay casos de turistas que han participado en violaciones", especifica.

En cuanto a las agresiones cometidas por menores tutelados, Atencio afirma que son una pequeña parte de las agresiones grupales cometidas por menores desde 2016, un 25%, aproximadamente. "El único perfil de los componentes de las manadas que puede esbozarse es de hombre, de múltiples nacionalidades, edades y clase social", asevera.

Miedo para justificar el odio

Una de las pancartas contra los menores migrantes difundida por el colectivo neonazi Hogar Social.

"Está claro que, si se le hace pensar a la opinión pública que los menores marroquíes son violadores, se puede justificar el diseño de políticas más discriminatorias aún que las actuales", advierte Reyzábal, que hace hincapié en que no hay cifras que avalen esta deriva criminalizadora. Curiosamente, una de las exigencia de Vox en sus negociaciones para formar gobiernos con PP y Ciudadanos en diferentes ciudades y comunidades autónomas es la repatriación a sus países de los menores migrantes, a los que acusan abiertamente de ser delincuentes mantenidos con dinero público.

Ni el Ministerio del Interior ni la Policía han podido facilitar datos de delitos cometidos por menores migrantes tutelados. Tan sólo los Mossos de Esquadra han arrojado un cifra que, además, desmonta el mito de que los jóvenes marroquíes son delincuentes por definición. Según informa El Periódico, desde enero del 2015 hasta 2018, llegaron a Catalunya 5.622 menores sin familiares. Sólo el 18% de ellos ha cometido algún tipo de delito.

Pero esta ausencia de datos no ha evitado que, el pasado lunes el centro de acogida de Hortaleza, en Madrid, amaneciera con pancartas colocadas por el grupo neonazi Hogar Social que alertaban ante los "peligrosos menas" que residen allí​. "Los niños nos han contado que, durante la noche, recibieron insultos de personas. No sabían qué les decían pero tenían claro que no les querían allí", reconoce Reyzábal, que no niega que haya casos de menores que "se metan en líos".

"En Hortaleza, como en la mayor parte del país, estos chicos sufren una desprotección y un abandono que les deja en la absoluta indigencia", explica. "Los chavales vienen a la fundación a decirnos que no tienen ni ropa interior limpia, que no pueden cambiarse de calzoncillos ni calcetines y que huelen mal. Si no les garantizamos servicios básicos ni formación ni tutor ni representante legal, ¿qué podemos esperar que pase con ellos?", se pregunta.

Melilla, el precedente de la criminalización

Jóvenes y menores extranjeros que viven en las calles de Melilla.- JOSÉ PALAZÓN

Pero para hablar de menores migrantes hay que hablar necesariamente de Melilla, donde hay registrados 1.067. Sólo por detrás de Catalunya (con 1.938) y Andalucía (con 5.183), la ciudad autónoma es tradicionalmente una de las puertas de entrada, sobre todo de marroquíes, la nacionalidad más numerosa en España.

Dos décadas interrumpidas de gobiernos del PP y cientos de millones de euros dedicados supuestamente a la atención de estos chavales han convertido la ciudad en punta de lanza de la guerra contra ellos. Allí se habla de menas a diario, sobre todo, de sus supuestos delitos, aunque muy poco de la lamentable situación en la que son acogidos, a pesar de que los fondos para ellos nunca han dejado de crecer.

Si se echa un vistazo a lo poco que se sabe sobre La Purísima, el centro de menores más grande de España, no es difícil entender por qué muchos de estos adolescentes deciden vivir en la calle tras pasar por allí. Las malas condiciones, el hacinamiento y numerosas denuncias de malos tratos, unido a sus aspiraciones de llegar más hacia el norte de Europa, les llevan a vivir en las calles, esperando el ferry que les sirva para cruzar el mar hasta la Península.

Para la Administración de Melilla, delincuencia y menores migrantes siempre han sido sinónimos. Y, de ahí a la persecución violenta por parte de grupúsculos sociales, hubo un pequeño pero peligroso paso que ahora parece extenderse al resto del país. 

"Unos son héroes y sobreviven al maltrato institucional y logran labrarse un futuro. Otros no aguantan ese maltrato, esas carencias, las agresiones en centros y acaban enganchados al disolvente y se quedan todo el día en el parque sin hacer nada o metiéndose en líos. ¿Qué pasaría con cualquier adolescente español en esa situación?", reflexiona Reyzábal.

Para el sociólogo Zubero, los menores migrantes "hacen lo que pueden", que según él, es un "esfuerzo muy grande por integrarse o cumplir sus expectativas". Pero insiste en que hay que pensar que son chavales desarraigados, con una historia migratoria a cuestas normalmente trágica y que, al llegar, "son recibidos como criminales" a los que se les afea que no quieren integrarse. "Su responsabilidad en la integración es limitada. Falta ponernos un poco en su piel", concluye.