Varias autoridades se han saltado los protocolos para tener preferencia y recibir las vacunas en la primera etapa pese a que no les tocaba. También ha ocurrido esto en residencias y hospitales. El caso más dramático ha sido el de Murcia ya que se han llegado a vacunar 450 cargos y funcionarios del departamento de Salud. Hasta Urdangarin ya se ha vacunado. Situaciones que se agravan si se tienen en cuenta que aún no han sido vacunadas todas las residencias o grandes dependientes desprotegiendo así a los más vulnerables.

Más allá de los casos más polémicos y que evidencian los privilegios de la élite política, hay factores que explican los problemas que se están evidenciando con la vacunación: falta de control y precisión, ausencia de protocolos ante qué hacer cuando sobran vacunas o incluso diferencias entre lo que han definido las comunidades autónomas sobre la definición de personal sanitario de primera línea. Son fallos que muestran la dificultad de esta campaña y la necesidad de mayor concreción.

Falta de control y atrasos en residencias

"La Comisión de Salud Pública ha refrendado la importancia del respeto a la Estrategia Nacional de Vacunas y al orden establecido en los grupos para que no haya ninguna diferencia entre las distintas comunidades autónomas", alegan fuentes del Ministerio de Sanidad sobre estos fallos. Sin embargo, sobre si existe un control para que no se vacune antes, por ejemplo, a sanitarios que a residentes alegan que "todos estos grupos forman parte de la primera fase de vacunación y cada comunidad autónoma organiza el proceso".

Partiendo desde este punto, se diluye la estrategia inicial del ministro de Sanidad, Salvador Illa, al querer hacer un control detallado sobre las prioridades a la hora de vacunar. Según avanzaron fuentes del equipo de Illa a Público, el Ministerio de Sanidad se iba a encargar de controlar que se vacunaban a todas las residencias de España antes de pasar a los siguientes grupos de la etapa 1. Finalmente, no ha sido así.

Varias comunidades autónomas han empezado a vacunar a sanitarios antes de terminar con las residencias. El caso más claro es el de Madrid. Cuando se empezó a vacunar a sanitarios no se habían vacunado ni el 90% de las residencias privadas, según desveló Infolibre. Además, este lunes reconocían que solo se ha vacunado el 63% de la población diana.

De hecho, según los propios datos de la Consejería de Sanidad, hasta esta semana no se terminará de vacunar en las residencias mientras que ya se ha vacunado al 68% de los profesionales de hospitales, 73% del SUMMA112 y 44% de la plantilla de Atención Primaria.

En otras comunidades como Andalucía también se han solapado las vacunaciones porque, según la propia Consejería de Salud, se empezó a vacunar a los profesionales sanitarios de primera línea el 27 de diciembre. Aunque el número de residencias vacunadas es mejor porque el pasado lunes habían administrado las dosis ya al 90% de residentes.

Las residencias con brotes, sin vacunar

Comunidades como Catalunya o la Comunitat Valenciana aseguran que sí han seguido el orden establecido y que solo no se ha vacunado a las residencias en las que hay brotes. La estrategia del Grupo de vacunación contra la covid establecía que "en las residencias en las que exista un brote activo se realizará una valoración de la situación y de la vacunación por parte de Salud Pública".

Andalucía, aunque empezó pronto también a vacunar a los sanitarios, también explica que las residencias que no se habían vacunado esta semana era porque había brotes activos.

De hecho, varias autoridades sanitarias reconocen que las residencias con brotes se han dejado atrás como norma general por prácticamente todas las comunidades.

Problemas con la definición de 'personal de primera línea'

En los hospitales también ha habido mucha confusión en torno a cómo se ha dividido entre el personal de primera línea y el resto. La sensación de al menos una veintena de sanitarios es que no ha habido divisiones claras y se ha vacunado prácticamente a todos los trabajadores a la vez.

Un ejemplo extremo de esto es la denuncia del sindicato MATS a la Gerencia del Hospital Clínico San Carlos por haber vacunado a antiguos trabajadores jubilados del centro. "Desde el 9 de enero todo el proceso se ha caracterizado por una total improvisación y una falta absoluta de control. Esta actuación negligente e irresponsable podría originar un serio problema de Salud Pública pues las vacunas deberían haber sido administradas a trabajadores del centro que están en contacto directo con pacientes contagiados".

La Comunidad de Madrid, preguntada por estos casos, remite a los servicios de comunicación de los hospitales. Sin embargo, como ocurre en el resto de comunidades, son los Gobiernos autonómicos los que se tienen que responsabilizar de que se cumple la estrategia de vacunación.

Otras comunidades como Andalucía sí que han establecido las diferencias claramente en el Plan de Vacunación 24x7 de la comunidad. De hecho, se aclara que no se vacunará al resto de personal sanitario hasta el 8 de febrero.

Sin protocolos para saber qué hacer con las dosis que sobran

Los responsables de varios de estos casos se han justificado en que sobraban vacunas. Ante esto no hay ningún protocolo por lo que resalta la falta de previsión aunque las autoridades políticas se resisten a reconocerlo. El ministro Illa ha sostenido este miércoles que el protocolo es la estrategia nacional y el problema es que no hay vacunas: "No sobran dosis. Faltan dosis. Hay que hacer una planificación adecuada porque todos sabemos las dosis que hay por vial. Hay que citar de forma adecuada para que no sobren viales".

Según estas declaraciones, serían las comunidades las responsables de establecer claramente los pasos a seguir si sobran dosis, aunque hasta ahora no se haya hecho en muchas regiones. Por ejemplo, los alcaldes de la Comunitat Valenciana que se han vacunado saltándose el protocolo han dicho que sobraban dosis para justificarse.

El problema: los más vulnerables se quedan atrás

La gravedad de que se haya vacunado sin priorizar a todos los mayores es que toda la estrategia se ha basado en proteger a los más vulnerables porque las vacunas contra la covid disponibles hasta ahora lo que evitan es la enfermedad del coronavirus. Es decir: aún no hay datos suficientes para afirmar si "la vacunación impide que las personas vacunadas se infecten y, aunque no enfermen, puedan transmitir el virus a otras personas", tal y como explica el Ministerio de Sanidad. Lo importante es que previenen la enfermedad y disminuyen claramente su gravedad y mortalidad.

Por esto, la estrategia se ha diseñado para proteger a los más vulnerables midiendo el riesgo de gravedad, exposición, impacto y transmisión. Teniendo en cuenta estos criterios de priorización se estableció claramente que el primer grupo era el de residencias, después el del personal sanitario y sociosanitario de primera línea, a continuación el resto de personal sanitario y sociosanitario y, por último en la primera etapa, grandes dependientes. Siguiendo estos criterios, en la segunda etapa se va a priorizar a los mayores de 80 años.

Por esto los casos escandalosos de autoridades políticas o sanitarias vacunándose sin respetar el protocolo han sido tan polémicos y han conllevado varias dimisiones. El propio consejero de Salud de Murcia ha dimitido este miércoles así como los directores gerentes de los hospitales de Basurto y Santa Marina. Sin embargo, el ministro Illa ha explicado que no se van a desarrollar más protocolos ni tomar acciones: "Hay que seguir la estrategia por el bien de todos", ha insistido en rueda de prensa. Por tanto, seguirá en manos de las comunidades mejorar la campaña.

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