Hay quien dice de Vallvidrera que es como un pueblo aparte de Barcelona. Este barrio está alejado del barullo de la ciudad, le rodea el verde de Collserola y tiene unas vistas que dejan boquiabierto. A ello se le añade que figura entre las zonas más aventajadas en cuanto a renta familiar disponible por cápita. Sin embargo, no todo son comodidades en este entorno de postal. Ya se puso de manifiesto hace una década, a juzgar por el resultado de una consulta simbólica organizada por los vecinos, cuyos participantes votaron en masa a favor de independizarse de Barcelona porque el Ayuntamiento no prestaba suficiente atención a sus necesidades.

Ahora son los jóvenes quienes han dado un paso al frente: por las dificultades para emanciparse en el barrio y carencias como no tener un lugar donde reunirse, hasta el punto de que habían llegado a improvisar encuentros en una furgoneta o en un cajero automático. Todo ello cambió tras la ocupación en marzo de 2019 del antiguo Hotel Buenos Aires, un edificio imponente que va camino de ser expropiado por el Ayuntamiento y pasar a engrosar el listado del patrimonio de la ciudad, salvado por el empeño vecinal.

El antiguo hotel, que está en el número 31 de la calle Mont d’Orsà, ha sido renombrado como Casa Buenos Aires. Residen en él una veintena de jóvenes, la mayor parte entre 25 y 35 años. Su portavoz, Eulàlia Castelló, dice que la ubicación privilegiada de Vallvidrera ha facilitado que sea "un barrio que se va elitizando", y echan en falta espacios de relación vecinal. Es una función que en su día había ejercido la casa cuando era residencia de gente mayor y que ahora tratan de recuperar con las actividades que alberga. En ella se reparten las cestas de verduras de la cooperativa de consumo ecológico Can Pujades, ensaya la coral, se hace teatro y pilates, y se ha instalado un casal de jóvenes. Se busca que también sea atractiva para los mayores con eventos como un concierto de música barroca, tratando así de "atender a toda la diversidad de Vallvidrera", detalla Castelló.

Los jóvenes que la ocupan están acuciados por las dificultades de acceso a la vivienda. "Cualquier joven que quiera emanciparse debe destinar buena parte o todo su salario a pagar el alquiler", lamenta Aritz, uno de los residentes, y Mateu le pone cifras a su experiencia: vivía en un piso compartido en Gràcia que costaba más de 800 euros mensuales y, tras dejarlo para acudir a la Buenos Aires, el precio subió a al menos 1.300 euros.

Aritz y Mateu son nombres ficticios de estos dos residentes, que prefieren mantenerse en el anonimato. En la casa tratan de ayudar a quien se queda sin trabajo, como Mateu, que desde el confinamiento de marzo ha perdido su principal empleo. "La red que reivindicamos tiene su primera expresión dentro de estas paredes", dice Aritz. Además, la Buenos Aires ha roto con la inercia que empujaba a los jóvenes a no permanecer en el barrio por la falta de ocio. Habían terminando celebrando algunos encuentros en un sitio de lo más insospechado, confiesa Mateu: "El único local climatizado que está abierto después de las 10 de la noche es el cajero de La Caixa". A todo ello hay que añadir la falta de un bus nocturno hasta el centro. Acabó creándose en 2017 solo hasta Sarrià, pero la pandemia se lo ha llevado por delante.

La casa empezó como hotel a finales del siglo XIX, en la última etapa del modernismo. Más adelante se convirtió en residencia de estudiantes, centro de acogida de refugiados y enfermos durante la Guerra Civil, y la residencia de ancianos Betània, propiedad de la Compañía de las Hijas de la Caridad –dependiente de los padres paúles– y que se trasladó hace casi una década. Desde entonces la finca estuvo vacía hasta la ocupación. Entretanto los vecinos reclamaron sin éxito catalogar el edificio para preservarlo y surgió una propuesta de comprarlo por 2,5 millones para destinarlo a cooperativa de vivienda para mayores de 55 años, pero los padres paúles no querían sentarse a negociar por menos de cuatro millones, según Castelló. "Ya se ve claramente que su intención es especular con la casa", reprocha la portavoz.

Desalojo con fecha abierta

A finales de 2018. los padres paúles tenían entre manos un acuerdo de compra-venta con la sociedad de inversión inmobiliaria London Private Company, que había previsto derribar el edificio y construir uno nuevo para hacer un hotel de lujo. Aquello, junto con que el Consistorio desoyó las peticiones de protección del inmueble, precipitó la ocupación. "Con ella se ha puesto la casa sobre el mapa", recalca Castelló. La venta no se acabó ejecutando y el edificio se mantuvo en manos de la congregación religiosa, que sigue tratando de desalojar a los jóvenes. Hace una semana que decenas de okupas y vecinos evitaron su desalojo por parte de los Mossos d’Esquadra, pero la orden judicial para llevarlo a cabo tiene fecha abierta y podría intentarse de nuevo.

Los okupas recelan de las intenciones del Ayuntamiento para salvar la casa. "Si no estamos nosotros, es más fácil que se deshaga de la intención de expropiar y facilitar a los padres paúles continuar con sus intenciones", defiende la portavoz. Sin embargo, y tras el intento de desalojo, el concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, dijo que éste "no era oportuno ni proporcional" y salió en defensa de la Casa Buenos Aires por ser "un proyecto con un gran arraigo social".

El Ayuntamiento se puso en contacto con los padres paúles y les recordó que había puesto en marcha la expropiación, que podría culminarse en dos años, y reclamó que se sentasen a negociar. "Nosotros estamos dispuestos a cubrir los gastos que debe cargar la propiedad con esta ocupación no consentida y a dar seguridad jurídica al proyecto que hay allí, alcanzando algún tipo de acuerdo de alquiler social o una cesión temporal, ya sea al colectivo (okupa) o al Ayuntamiento, que es el futuro propietario", contó el concejal. La respuesta de los padres paúles fue que "lo estudiarían". Para Aritz, "se ha demostrado que, si no hay una masa importante de gente apretando, la administración nunca dará una respuesta que satisfaga las demandas vecinales".

La ocupación de la casa ha tenido su impacto en Vallvidrera. Castelló reconoce que durante los primeros meses fue "un choque social", si bien asegura que han logrado hacer entender "que la ocupación es necesaria contra la especulación inmobiliaria".

La presidenta de la Associació de Veïns Mont d’Orsà de Vallvidrera, Clara Raich, admite que al principio la iniciativa pudo levantar suspicacias, pero los okupas "han demostrado que venían para generar comunidad", con lo que tienen su apoyo.

El Ayuntamiento prevé crear en la casa 37 viviendas para jóvenes y gente mayor, algún equipamiento, y catalogar el edificio. Okupas y asociación vecinal reclaman un proceso participativo para definir los usos de la casa, y están conjurados para rechazar un hipotético nuevo intento de desalojo. Castelló avisa que ejecutarlo "puede ser una chispa" que caldee los ánimos en plena pandemia y a pocos meses de las elecciones catalanas, y Raich garantiza: "Si vienen, allí estaremos".