La Fiscalía Anticorrupción atribuye al empresario Bartolomé Cursach delitos de asociación criminal, prevaricación, cohecho y coacciones por los que solicita una condena de 8,5 años de cárcel y acusa además a otras 23 personas, entre ellas 15 policías, para quienes pide condenas que suman 171 años.

La Fiscalía ha presentado al Juzgado de instrucción 12 de Palma su escrito de acusación por el caso Cursach, en el que se investiga una presunta trama corrupta liderada por el empresario del ocio nocturno en la que están involucrados varios de sus empleados, policías locales de Palma, funcionarios del ayuntamiento de la capital y de Calvià y la exdirectora general de Turismo del Govern, Pilar Carbonell.

Los fiscales Miguel Ángel Subirán y Joan Carrau detallan en un texto de 70 páginas que al menos desde 2000 hasta 2016 Cursach y sus hombres de confianza en el grupo empresarial, Bartolomé Sbert y Antoni Bergas, compensaban con dinero en efectivo, regalos y favores a policías y funcionarios públicos que favorecían a sus discotecas y locales de ocio frente a la competencia.

Asimismo, ordenaban que se intimidara y amenazara a quienes oponían resistencia, todo ello para incrementar los beneficios de sus establecimientos en la zona de la Playa de Palma y en el centro de la capital, así como en la zona turística de Calvià.

Los dos colaboradores directos del que fuera magnate del ocio nocturno mallorquín se enfrentan igualmente a sendas peticiones de pena de 8,5 años de cárcel por delitos idénticos a los de su jefe.

La trama contaba, según la acusación pública, con la participación de agentes de las unidades policiales que se encargaban de la supervisión de los establecimientos de ocio, como la Patrulla Verde de la Policía de Palma, algunos de ellos con las máximas responsabilidades en sus grupos.

Así no solo evitaban sanciones sino que promovían el acoso y la intimidación por parte de los policías a establecimientos de la competencia de Cursach. Trece de los policías, asegura la Fiscalía, eran compensados con fiestas privadas en la discoteca Tito's, propiedad del empresario, en las que se les agasajaba con alcohol, sexo con prostitutas y cocaína que les facilitaban los responsables del establecimiento.

Esta práctica se extendía también a un apartamento y a un prostíbulo que los empleados de Cursach ponían a disposición de los policías, según la acusación.

Los fiscales describen conductas constitutivas de trece delitos: participación en grupo criminal, prevaricación administrativa, cohecho pasivo y activo, abuso de función pública por solicitud sexual, omisión del deber de perseguir delitos, contra la salud pública (tráfico de drogas), coacciones, revelación de secretos, falsedad documental, usurpación de funciones públicas, amenazas condicionales y amenazas graves.

Como autores materiales o inductores a la prevaricación administrativa están acusados 16 de los 24 imputados por la Fiscalía, 18 lo están por cohecho, activo o pasivo, y a 14 se les atribuyen coacciones. El agente de la policía local Daniel Montesinos es el acusado que afrontará la mayor solicitud de condena de prisión, 11 años y 9 meses por varios delitos.

Las peticiones más leves corresponden a los acusados solo de prevaricación administrativa, como la exdirectora general de Turismo del actual Govern, Pilar Carbonell, que se expone a 10 años de inhabilitación para cargo público.

En este mismo caso permanece secreta la pieza sobre la filtración a periodistas de un informe, investigación para la cual el juez, Miguel Florit, ordenó la semana pasada la incautación de los teléfonos móviles de dos redactores de Europa Press y Diario de Mallorca.