Un viticultor cobraba en 2017 una media de 49 céntimos por kilo de uva que entregaba. Sólo tres años después, en 2020, pasó a recibir 29, un 40% menos. Este valor, con el que el campesino no alcanza ni siquiera a cubrir los costes de producción, supone menos del 10% del precio de venta al consumidor. Éste sólo es un ejemplo de la situación límite a la que ha llegado el sector primario en Catalunya.

Aunque últimamente el campesinado ha estado en primera línea del debate público con fenómenos como la película Alcarràs, ganadora del Oso de Oro en la Berlinale, sus constantes alusiones en la reciente campaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León o la aprobación del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), un plan de ayudas de más de 1.000 millones de euros para inversiones, el colectivo ha dicho 'basta' y ha iniciado una campaña de denuncia frente a la precaria situación laboral que sufren y los abusos de ciertos agentes de la cadena alimentaria.

Este malestar se traducirá en una serie de movilizaciones, que se pondrán en marcha este jueves 3 de marzo ante las sedes del Departament d’Agricultura en toda Catalunya, proseguirán el día 20 en Madrid con una protesta y finalizarán seis días después con acciones reivindicativas en las puertas de los centros de distribución alimentaria.

De este escenario, empeorado por el incremento de precios de las materias primas derivado de la crisis energética, ha surgido una plataforma de agricultores y ganaderos desencantados con las políticas públicas del sector. Es lo que algunos expertos ya han bautizado como el "15-M del mundo rural", aunque todavía faltaría cierta unidad de acción, ya que de la manifestación del 20 de marzo en Madrid se ha descolgado Unió de Pagesos (UP), el sindicato mayoritario en el campo catalán, y que forma parte de la entidad estatal Unión de Uniones.

La tormenta perfecta para los agricultores ha sido la combinación de la especulación con las materias primas, los requerimientos para adaptarse a los condicionantes que impone el cambio climático y la escalada energética. Fruto de estos factores, se ha constituido la plataforma 20M Rural. Junts pel Camp, que exige medidas concretas ante una subida de costes, que en 2021 superó el 30%. "El encarecimiento energético nos ha provocado un descenso de la renta agraria por unidad de trabajo del 6%", indican desde la plataforma.

Dependencia de las materias primas

Más allá del incremento de los precios, la sensación es que se trata de un fenómeno que se va a extender en el tiempo. Desde la plataforma, inciden en que "existe una gran dependencia de materias primas como la soja o respecto al precio del gas, básico para la fabricación de los fertilizantes". Estos últimos han duplicado su precio en el último año. Una parte de este encarecimiento se atribuye a la especulación con el cereal, un alimento que cotiza en el mercado de futuros de Chicago como si fuera una acción bursátil, y del que se acaparan grandes cantidades cuando su cotización desciende para venderlo en el momento en el que suban los precios. La guinda del pastel ha sido el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ya que éste último es un exportador neto de cereales hacia la Unión Europea (UE).

Desde UP, su coordinador en la comarca del Segrià, Josep Cabré, pone sobre la mesa una contradicción que explica en parte por qué los campesinos acaban cobrando unos precios tan bajos por sus producciones. "En el caso de la manzana, hemos comprobado que el consumidor pide producto de proximidad y determinados operadores comerciales lo importan de otras zonas donde los costes de producción son más bajos".

Cabré critica las prácticas comerciales de algunos agentes de la cadena alimentaria que cometen fraude, comprando productos en el exterior para después reetiquetarlos como si tuvieran origen catalán. "Hemos detectado que algunas naranjas procedentes de Egipto se venden aquí como producto de origen valenciano. En este caso, la Administración debería impulsar mecanismos para controlarlo, ya que en el sector primario nos esforzamos por seguir una normativa, teniendo constantemente inspecciones en el campo y en la central, que otros operadores se saltan".

La Ley de la Cadena Alimentaria, insuficiente

Una de las herramientas que se ha implantado para ayudar al sector agrario, la Ley de la Cadena Alimentaria, destinada a garantizar que los agricultores cobren al menos por encima del coste de producción de un alimento, no está acabando de funcionar. Desde el sindicato Unió de Pagesos se alerta de episodios contradictorios, como que "los consumidores noten subidas de precios en el punto de venta, mientras los agricultores siguen percibiendo cotizaciones por debajo del coste de producción". Para el sindicato, la razón de estos desajustes radica en la fuerza de las empresas distribuidoras y la falta de concreción de la normativa para imponer sanciones.

En una línea similar, el economista especializado en agroalimentación y director del Observatorio de Economía Agroalimentaria del Colegio de Economistas de Catalunya, Francesc Reguant, asegura que la "Ley de la Cadena Alimentaria es un buen invento que no está siendo del todo efectivo". Reguant insta, más allá de regular, a concentrar la oferta desde el sector primario. "El contrato da una cierta estabilidad, pero si se modifican los inputs de forma abrupta como por ejemplo con el incremento de la energía, no resulta tan eficaz. Por eso, la fuerza de los agricultores se encuentra en la unión para comercializar de forma conjunta".

Reguant habla de un "mar de fondo complejo que ya ha explotado con la convocatoria de movilizaciones". En este aspecto, indica que la mayor demanda de alimentos crea desequilibrios en un contexto de escasez de recursos, donde el cambio climático los limita y favorece la especulación y la volatilidad de los precios. El experto recuerda que uno de los retos pendientes de los agricultores es la transformación verde en un momento en el que la necesidad de los equilibrios medioambientales condiciona la actividad e incrementa los costes. "Es necesario que la Administración haga pedagogía de la complicación que supone adaptarse a la sostenibilidad, que significa producir menos y con más dificultades". Para mantener el objetivo de alcanzar la sostenibilidad, Reguant recomienda a los gobiernos que "expliquen muy bien la letra pequeña y afinen con las compensaciones".

Entre el sector agrario, se ha intensificado la conciencia de ser un colectivo incomprendido, del que se ha creado una imagen desde un entorno urbano, que le vincula a un entorno bucólico e idealizado. Así, aluden a un mobbing social en el mundo rural, al que se le responsabiliza de ser responsable del cambio climático con datos falsos. Quizás revirtiendo estas creencias, se estará más cerca de desatascar los otros problemas e inquietudes, más centrados en el mercado, del sector primario, que todavía sufre casi de forma endémica los perjuicios de ser la parte más débil y expuesta a los baches de la cadena alimentaria.