La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) han criticado el acuerdo alcanzado por unanimidad por los grupos parlamentarios para introducir en la Ley de Protección de Datos un artículo que "abre la puerta a la censura de contenidos en Internet".

Las asociaciones de periodistas registraron este jueves un escrito en el Congreso de los Diputados en el que piden a los partidos que no utilicen las noticias falsas como excusa para controlar internet. La PDLI y la FeSP denuncian la incorporación al texto inicial de la ley un nuevo capítulo que, entre otros aspectos, amplía el derecho a la rectificación a redes sociales y plataformas digitales. 

En concreto, el texto recoge que "los responsables de redes sociales, plataformas digitales y servicios de la sociedad de la información equivalentes adoptarán y ejecutarán protocolos efectivos para garantizar el ejercicio del derecho de rectificación, en particular en relación con los contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y personal en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz".

"A los efectos anteriores, la legislación sobre el derecho de rectificación en los medios de comunicación social resultará de aplicación a redes sociales, plataformas digitales y servicios de la sociedad de la información equivalentes", amplía el nuevo artículo.

“Con este artículo pasamos del derecho al olvido al derecho de amnesia”, señala  Carlos Sánchez Almedia, director legal de la PDLI y abogado especializado en derecho de las tecnologías. "No podemos olvidar que el derecho al olvido comunitario ya es un límite excesivo a la libertad de expresión. Pero intentar legislarlo 'a la española', endureciéndolo aún más, es simple censura, y además contrario a la normativa comunitaria", añade en un comunicado. 

”La ‘rectificación digital’ de PP y PSOE prescinde de los jueces una vez más, y los sustituye por ‘protocolos efectivos’, modificando por la puerta de atrás la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación”, denuncia Sánchez Almeida.

La PDLI y la FeSP sostienen que, en caso de contenidos erróneos o noticias falsas, la actual normativa que regula el derecho de rectificación ya es aplicable a los medios digitales. De este modo, señalan, se está duplicando la normativa lo que "provocaría inseguridad jurídica" para los medios.

Además, consideran que es "muy peligroso" trasladar las decisiones que afectan a la libertad de información (es decir, la responsabilidad legal de borrar, ocultar o modificar un contenido, como las noticias en los medios digitales) a empresas que carecen de los elementos de valoración necesarios, al no haber sido ni los editores ni los autores de esas informaciones, para sopesar la pertinencia o no de atender una rectificación.

La reforma de la ley de Protección de Datos se encuentra en fase de tramitación en la Comisión de Justicia del Congreso y busca adaptar la legislación española a la directiva europea sobre la materia, que entró en vigor el pasado mes de mayo.