No es que ahorre, es que se forra: la infradotación con la que el Gobierno central castiga año tras año desde su implantación al Sistema de Atención a la Dependencia (SAD), y que obliga a las comunidades autónomas a destinar a su cobertura más fondos de los que le corresponden, proporciona a las arcas de la Administración central unos ingresos millonarios (y crecientes) por la vía de los llamados “retornos”, que se materializan en la recaudación del IRPF, el IVA, el Impuesto de Sociedades y las cotizaciones sociales que genera el dispositivo, que crea 38 empleos por cada millón de inversión.

Los datos que reflejan esta situación figuran en el Dictamen del Observatorio de la Dependencia que elabora la asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que este jueves ha presentado su decimonovena edición, referente al ejercicio de 2018.

Las ganancias del Estado ascienden a 5.336 millones de euros en una década y a 6.400 si solo se tiene en cuenta el periodo iniciado en 2011, que es cuando el balance comenzó a ser positivo para el Gobierno central. Los beneficios netos, que quedarían enjugados si la Administración central llegara al 50% de la aportación, llevan tres años por encima de los mil millones de euros.

Esta tendencia, que comenzó a hacerse patente a partir de 2011, en los años de mayor dureza de la crisis económica, tiene su origen en el incumplimiento de la normativa por parte de los sucesivos Gobiernos centrales, a los que la ley obliga a aportar la mitad de los recursos públicos que requiere el sistema mientras las comunidades asumen el resto.

Concretamente, el artículo 9 de la ley le obliga a cubrir el llamado “nivel mínimo” mientras el 32 establece que “la aportación de la comunidad autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General”.

La realidad, sin embargo, es muy distinta: las aportaciones de las comunidades autónomas y las de los usuarios del sistema se han triplicado en la última década, en el segundo caso con creces, mientras las del Gobierno central han descendido. La cifras revelan una realidad del 20%/80% que evita el colapso del sistema a costa del esfuerzo financiero de las comunidades.

Ese recorte de fondos se hizo especialmente notable a partir de 2011, con el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que le restó 235 millones en un año mientras la factura de las comunidades aumentaba en más de 900 y la de los usuarios en casi 200 en el primer ejercicio en el que los ajustes generaban beneficios netos para la Administración central.

Y se consolidó en los años siete años siguientes, en los que, ya con los ejecutivos de Mariano Rajoy, el gasto de las autonomías se disparaba en más de 1.300 millones y el de las familias de los afectados en casi 700 mientras la aportación estatal caía en más de 200.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año contemplaba una mejora de la participación estatal, que iba a crecer sobre el papel hasta los 2.232 millones de euros. Sin embargo, el apoyo del centro derecha y los partidos catalanes a las enmiendas a la totalidad convirtieron ese proyecto en papel mojado.

La “fase de demolición” del sistema

El informe de los Gerentes y Directoras de Servicios Sociales cuantifica en “5.406 millones de euros el recorte acumulado de la Administración central en dependencia” tras la reforma de 2012, que incluyó “la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares”.

Paralelamente, “la disminución de la financiación a las comunidades desde julio de 2012 hasta diciembre de 2018 supone ya una cifra acumulada de 3.154 millones de euros de quebranto para las arcas autonómicas”, anota el dictamen, que recoge cómo “la reducción acumulada de las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares desde 2012 asciende a 1.635 millones de euros dirigidos a ayudas económicas que estas han dejado de percibir”.

Esos recortes “supusieron una fase de la parálisis y retroceso generalizado del sistema en el intervalo junio 2012-junio 2015”, al que se refieren como la “fase de demolición del SAAD”, antes de comenzar en junio de 2015, con la nueva legislatura autonómica, “una recuperación que parece consolidarse en 2018”, aunque “a costa de las comunidades autónomas y de los copagos familiares”.

“La Administración general del Estado abandonó a los dependientes y estranguló financieramente el sistema de atención a la dependencia con los inmisericordes recortes de 2012”, señala José Manuel Ramírez, presidente de la asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que destaca que desde entonces “el Gobierno central hace caja con los retornos mientras asfixia a las comunidades autónomas”.

Ramírez destaca que los retornos a las arcas públicas alcanzan un nivel del 40%; es decir, que cada diez euros invertidos, en este caso con un rendimiento de 38 empleos creados por cada millón, generan unos ingresos de cuatro para el Estado. “Es una inversión inteligente”, indica Ramírez, que añade que “si los gobernantes no tienen alma, al menos podrían coger una calculadora y verían cómo las cuentas salen con la dependencia”.

30.000 muertos en lista de espera, 80 cada día

El Sistema de Dependencia atiende a 1.304.312 personas mientras 128.568 están pendientes de valoración, tras una reducción de 60.000 en lista de espera. Sin embargo, señala el informe, “el 19,2% de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio (…) aun cuando tiene pleno derecho”, lo que “afecta a 250.000 personas y a sus familias”.

El dictamen, por otra parte, recoge la existencia de 98.236 dependientes desatendidos con grados III o II y el fallecimiento, solo el año pasado, de 30.400 “sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia”.

“Diariamente fallecen más de 80 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios” pese a la reducción de la lista de espera a 250.000, anota el documento, lo que revela “una enorme dilación en valorar, resolver y proporcionar las atenciones diseñadas, muy por encima de los plazos legales (6 meses para todo el proceso)”.