La desigualdad eterna en el campo andaluz: del señorito a la sociedad mercantil

El modo de producción agrario en Andalucía responde a un "modelo capitalista, productivista, que no responde a la necesidad de mantener una agricultura arraigada en el territorio y que está sumamente apoyado por las administraciones públicas". En el campo, así, "se desarrolla una gran desigualdad social de las explotaciones ligada a la renta que generan, titularidad de la explotación, mano de obra necesaria y participación del trabajo familiar del titular de la explotación en el trabajo total requerido".

Son cuestiones recogidas en el trabajo de Joan Corominas, ingeniero agrónomo y presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que lleva el clarificador y contundente título de Desigualdades sociales en la agricultura andaluza y como subtítulo el meridiano Las intervenciones de las administraciones no las reducen. "Otros factores —se añade en el estudio— ligados a la desigualdad inciden en la capacidad tecnológica, el acceso a la financiación y su posición ante el sector de la transformación y distribución de la producción. El factor que más incide en esta desigualdad social es el tamaño de la explotación".

El trabajo, muy documentado y prolijo en el análisis de datos, recoge los cambios que se han producido en el campo andaluz en las últimas décadas, los cuales, a pesar de los millones de euros invertidos desde Europa, han perpetuado la desigualdad, e incluso, la han incrementado en el terreno del regadío: "Si un observador comprobara las transformaciones de la agricultura andaluza desde hace 60 años, más allá del gran proceso de tecnificación, cambio de cultivos, extensión del regadío, aumento de la producción y la rentabilidad y disminución de la mano de obra utilizada, señalaría que en la gran propiedad ha desaparecido la figura del señorito terrateniente y ha surgido la sociedad mercantil, y que los grandes grupos de jornaleros, esperando en la plaza a que los contrataran, han devenido en el inmenso grupo de la agricultura a tiempo parcial".

Corominas también señala que persisten relevantes desigualdades de género: "Un énfasis especial hay que poner en la baja presencia de agricultoras al frente de las explotaciones agrarias, aunque es muy relevante en la participación en las tareas de la explotación familiar y en los trabajos asalariados en la recolección de productos agrícolas", recoge el trabajo. "La actividad agraria —añade Corominas— está muy masculinizada, sobre todo en la dirección de las explotaciones y en menor medida en los trabajos temporales de recolección: del orden del 30% de la jefatura de la explotación la realizan mujeres, decreciendo aún en las grandes explotaciones".

La mercantilización y la PAC

El desembarco general de los fondos y sociedades mercantiles se extrae del análisis de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la UE. Así lo recoge el estudio: "Un elemento esclarecedor de la organización de las grandes explotaciones lo representa que un 49% de las ayudas directas de la PAC de este grupo lo perciben sociedades mercantiles (sociedades limitadas y sociedades anónimas), llegando al 73% en [las explotaciones] que perciben más de 300.000 euros".

"Este proceso de mercantilización lleva varias décadas produciéndose, pero recientemente se ha visto alterado por la entrada de sociedades anónimas ajenas al sector y al territorio, con importantes explotaciones intensivas de regadío dedicadas al olivar, frutos secos, frutales subtropicales, hortalizas al aire libre, fresa e invernaderos, lo que se ha venido en llamar un proceso de financiarización de la agricultura, que irá expulsando a gran parte de los pequeños agricultores y a la agricultura familiar", añade Corominas.

COAG ya alertó de estos asuntos en un informe de hace unos meses, llamado La uberización del campo andaluz, en el que criticó las consecuencias que está teniendo el desembarco de los fondos de inversión: "Lo que va bien es lo macroeconómico, las grandes cifras de producción y exportación, pero a los agricultores y agricultoras no nos va tan bien".

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"Observamos un cambio de paradigma en el modelo productivo en el que los grandes inversores, en muchas ocasiones con capital ajeno al agrario que busca sólo rendimientos económicos (…) ganan terreno en detrimento de los agricultores y agricultoras tradicionales", recogía COAG.

Todo esto se ha producido y se produce con la complicidad de las administraciones y de la política agraria comunitaria seguida en los últimos lustros. "Es un problema del modelo agrario europeo", afirma Corominas en conversación con Público.

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"Teóricamente, las ayudas de la PAC se montan para la agricultura familiar y el resultado que da es este. Una cosa es lo que predican las administraciones y luego hacen otras cosas que van en sentido contrario y beneficia na la gran propiedad de siempre. El latifundismo no ha sufrido en la etapa democrática. Se ha transmutado", añade Corominas.

Desigualdades "extremas"

Las 268.000 explotaciones que hay en Andalucía, según el estudio, "se distribuirían un 75% en el grupo de la agricultura a tiempo parcial, un 15,5% en el de la agricultura familiar, un 7% se trataría de medianas explotaciones y un 3,5% grandes explotaciones". Pero esta distribución por tipos "esconde grandes desigualdades" y "las grandes explotaciones disponen de un 51,5% de la superficie": 751 propietarios acumulan la misma tierra, las mismas hectáreas, que otros 200.406 en Andalucía.

Esto causa grandes distorsiones debido a que "la distribución de las ayudas de la PAC es un calco de la distribución de superficies agrarias útiles". Así, según la estimación de Corominas, "las explotaciones familiares percibirían de media unos 364 euros por hectárea, que disminuirían hasta los 314 euros por hectárea de las grandes explotaciones: una diferencia mínima que indica la poca sensibilidad social de la política europea de la PAC, aunque el Estado y las Comunidades Autónomas tienen una ligera capacidad de priorizar y modular los regímenes de ayudas en función de los territorios, cultivos, ganadería extensiva o intensiva, secanos o regadíos".

Así, en efecto, la distribución de las ayudas directas de la PAC en función del tipo de explotaciones "muestra que el 43,5% del total lo perciben las grandes explotaciones que representan el 3,5% del total". Agrega el ingeniero: "Se reproducen estas desigualdades extremas en las ayudas de la PAC […], el 56,6% de los beneficiarios perciban el 8,2% de las ayudas directas y el 0,2% perciben el 11,2%. Aun agranda más esta desigualdad si tenemos en cuenta que unas 59.000 explotaciones muy pequeñas están excluidas de las ayudas de la PAC por corresponderles cantidades inferiores a 300 euros".

El trabajo aporta un "ejemplo extremo": una sola explotación "en forma de Sociedad Limitada, ubicada en Vejer de la Frontera (Cádiz), de 5.737 hectáreas, gran parte en regadío" percibió en 2023 "un conjunto de ayudas por importe de 4,68 millones de euros".

"Estas desigualdades extremas —remacha el trabajo— se reproducen después de las intervenciones públicas en apoyo al sector tanto en ayudas a la renta como en materia de asignación del agua o recuperación de costes de los servicios públicos del agua prestados a los regantes, puesto que están diseñadas para no distinguir entre características sociales de los tipos de explotaciones".