La empresa AMA Desokupa intenta desalojar "sin orden judicial" un centro social en Granada

La empresa AMA Desokupa intentó este lunes ejecutar "sin orden judicial" el desalojo de un edificio cercano a Gran Vía, en el centro de Granada. Para evitarlo, cerca de 70 personas se concentraron en los alrededores del inmueble, según informaron fuentes de la Policía Nacional. Los manifestantes colgaron desde los balcones telas blancas con lemas en contra del desalojo y reclamando un "centro social para el barrio".

La Policía desplazó varias unidades a la zona, ubicada en la calle Azacayas. Según informó El Salto Andalucía, las cargas policiales dejaron cuatro personas heridas, −una de ellas con una fractura en la nariz−, que requirieron atención médica. El medio citado asegura que una persona fue detenida y acusada de desobediencia a la autoridad. Actualmente, permanece bajo arresto y se la someterá a juicio este martes.

Finalmente, El Salto confirmó que alrededor de las 23.30 horas, los activistas que permanecían en el edificio comunicaron el acuerdo alcanzado. En este, la propiedad accede a ceder el inmueble durante dos meses y solicita a la empresa AMA Desokupa que no se presente en el edificio durante ese período.

Adelante Andalucía exige reformas legales

El inmueble, que lleva varios años desocupado, fue la antigua sede de la Consejería de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía. Adelante Andalucía Granada, además de asegurar que el intento de desalojo no estaba amparado por ninguna orden judicial, acusa a la empresa AMA Desokupa de generar momentos de tensión al confrontar a los activistas, lo que obligó a la intervención de la Policía Nacional.

El secretario de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, ha señalado que "es responsabilidad del Gobierno" central erradicar estas empresas de desalojo. En este sentido, ha subrayado que "una modificación de los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal permitiría ilegalizar a las empresas de desocupación, imponiendo multas de seis a 12 meses y penas de prisión de uno a cuatro años para aquellos que, con ánimo de lucro y con fines específicos, fomenten, inciten o realicen actos de hostigamiento, discriminación, acoso, violencia o intimidación contra personas en situación de vulnerabilidad social o económica".