El 24 de junio de 2022 tuvo lugar la masacre más mortífera registrada hasta la fecha en una frontera terrestre de la Unión Europea. Dos años después, ningún cargo policial ni político ha asumido responsabilidades por unos hechos que llevaron a la muerte a decenas de personas que huían de la guerra y aspiraban a obtener protección en España. Marruecos no realizó ninguna investigación independiente y dijo que murieron un total de 23 migrantes. Varias organizaciones elevan la cifra a entre 37 y más de 100 fallecidos. Al menos 77 familias siguen sin saber dónde están sus hijos, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. No saben siquiera si están vivos o muertos.

Tres fuentes del Estado involucradas de forma directa en la respuesta y gestión de aquella crisis acceden a hablar con Público y la Fundación porCausa sobre cómo vivieron y reaccionaron aquel 24 de junio. La primera fuente es un oficial del CNI entre cuyas competencias está Melilla. La segunda fuente es un responsable del Ministerio del Interior que tuvo un papel clave en la toma de decisiones aquel día y los posteriores. La tercera es un mando de la Guardia Civil con varios años de experiencia en la Comandancia de Melilla. Las tres fuentes piden anonimato por seguridad y para evitar represalias.

La información que desvelan indica que la masacre fue resultado de un "error de cálculo" de las autoridades marroquíes: según su relato, la intención de Marruecos era demostrar su fuerza para controlar la frontera cuando la relación bilateral con España es buena. Una reciente investigación de Border Forensics y Centre Irídia apunta en el mismo sentido. La masacre tuvo lugar un año después de que Madrid y Rabat rompieran relaciones coincidiendo con otro momento histórico para la frontera sur: la crisis de Ceuta del 17 de mayo de 2021, en la que en cuestión de horas las fuerzas marroquíes promovieron y facilitaron la entrada irregular de más de 10.000 personas en esa ciudad autónoma. Aquella decisión fue adoptada por el rey Mohamed VI, según un informe secreto del CNI, elaborado el 18 de mayo y titulado "Marruecos. Relaciones con España. Situación tras la acogida de Brahim Ghali". El documento afirma que Rabat generó la crisis migratoria de Ceuta en venganza por el ingreso del líder del Polisario en un hospital de Logroño (La Rioja).

"Un error de inteligencia"

Aquel 24 de junio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, arrancó la jornada creyendo que sería un día tranquilo. En su agenda pública solo constaba una visita al Centro Universitario de la Guardia Civil. El CNI llevaba tres días informando de acciones hostiles de las fuerzas marroquíes en el monte Gurugú contra unas 1.700 personas que permanecían escondidas allí. La Guardia Civil estaba preparada para un salto inminente, pero los responsables de Interior no dieron más importancia a esos movimientos ni activaron ninguna alarma. Pensaron que se trataría de un intento de salto más, sin nada de especial, porque, según la fuente de Interior, el CNI cometió el error de no informar de que la mayoría de los migrantes procedían de Sudán. El Ministerio de Defensa, del que depende el servicio de inteligencia español, evita responder al respecto.

"Marruecos estaba deseando mostrarle a España que desde lo del Sáhara, mano dura y no pasa ni un alma. Pero cometieron un error: aplicaron la estrategia habitual que usan contra senegaleses, guineanos o malienses", explica la fuente de Interior. La fuente del CNI comparte el mismo relato sobre cómo los marroquíes hostigaron a los migrantes durante días, quitándoles el arroz con el que se alimentaban y el agua, pero la fuente de Interior responsabiliza al CNI por lo que califica como "un error de inteligencia": "Esas nacionalidades (senegaleses, malienses...) normalmente se rinden, se dispersan y se van al sur", explica la fuente de Interior, "pero estos eran sudaneses con el culo pelado". La fuente de Interior asegura que algunos sudaneses tenían experiencia previa en combate. En posteriores reuniones para intercambiar inteligencia, tanto España como Marruecos identificaron al supuesto cabecilla del grupo, un hombre sudanés con experiencia militar en su país y como mercenario en Libia, apodado El General, y a varios de sus lugartenientes. Ni El General ni sus lugartenientes participaron en el intento de salto a la valla del 24 de junio, según las fuentes de Interior y el CNI, pero sí "estuvieron en el Gurugú organizando y repartiendo roles".

La primera información que recibió el ministro llegó un poco antes de las 8 de la mañana. Sabrina Moh Abdelkader, delegada del Gobierno en Melilla, avisó a la Secretaría de Estado de Seguridad de que "están acercándose", en referencia al grupo de migrantes que descendía desde el monte Gurugú. De ahí la información llegó "por un cauce más ágil" a manos del ministro directamente. En paralelo, pero por una vía diferente, un capitán responsable de Información de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla transmitió la misma advertencia a sus superiores en Madrid. Marlaska trató de dimensionar la magnitud de los hechos, pero no activó la "alarma roja" en un primer momento. En las primeras horas, Interior tampoco informó a la Moncloa de lo que estaba pasando.

El 24 de junio de 2022, al despuntar los primeros rayos del sol, las cámaras de larga distancia de la Guardia Civil vieron cómo un gran grupo de migrantes descendía desde el monte Gurugú hacia el perímetro de Melilla. El despliegue marroquí en la zona era inmenso, sostienen las tres fuentes, pero ningún agente intervino hasta que los migrantes llegaron a la valla fronteriza. En ese momento, los gendarmes y fuerzas auxiliares de Marruecos desplegaron su violencia contra los migrantes y estos cambiaron su rumbo y bordearon la valla hasta llegar al paso fronterizo de Barrio Chino. "Yo creo que no estaba premeditado (...) No sabían lo que les esperaba", sostiene la fuente de la Guardia Civil. Por el contrario, la fuente de Interior afirma que los migrantes habían planificado entrar en ese paso fronterizo. Souleyman Aboubakar Yachoub, superviviente de aquel 24 de junio, niega que hubiera un líder y matiza que sí hubo ocho personas que ayudaron a organizar el descenso desde el monte Gurugú y el intento de acceso a Melilla. Este superviviente, que en este momento está hospitalizado en Alicante, niega que el acceso al puesto fronterizo de Barrio Chino estuviera planificado.

Fuentes de la Fiscalía y el Instituto Armado definen ese lugar como "una ratonera" por las numerosas capas de hierro y vallas que rodean el recinto. Dentro del paso fronterizo los migrantes quedaron atrapados. El helicóptero de la Guardia Civil grabó toda la escena. A esos migrantes "había que desalojarlos de ahí, no azuzarlos", explica la fuente de Interior. El mando de la Guardia Civil comparte la misma versión. Sin embargo, las fuerzas marroquíes optaron por acorralar a los migrantes –debilitados tras varios días de hostigamiento y sin comida ni agua– y les lanzaron una lluvia de bombas lacrimógenas. La legislación internacional prohíbe el uso de este tipo de gases en espacios cerrados porque pueden generar estampidas mortíferas. Fue exactamente lo que sucedió después. El momento crítico tuvo lugar a las 8.42, cuando las fuerzas marroquíes accedieron al paso fronterizo y, al mismo tiempo, los migrantes lograron romper la puerta de acero que separa Nador y Melilla.

Las fuentes de Interior y Guardia Civil insisten en que la actuación de los antidisturbios (GRS) de la Benemérita aquel día fue "impecable". Se felicitan de que salieran a tiempo los agentes españoles que estaban detrás de la puerta que divide España y Marruecos y que, en cuestión de minutos, fue abierta por los migrantes. Aquel fue el lugar más mortífero de la jornada. La línea que separa España y Marruecos quedó cubierta por una montaña de cuerpos inertes y personas que gritaban pidiendo auxilio. "Esa hora larga los marroquíes no entran a desalojar el espacio. Aquello fue como el Madrid Arena. La mala suerte fue que justo cuando entran los gendarmes, se abre la puerta. Por un espacio de un metro entran 300 personas a la vez", explica la fuente de Interior.

A media mañana, entre dos y tres horas después del momento crítico de muerte y violencia, Interior avisó a Presidencia y abrió un canal para informar a Moncloa en tiempo real. En paralelo, las autoridades de España y Marruecos empezaron a hablar a dos bandas. "El cauce de información con Marruecos quedó en manos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, que tiene una relación privilegiada y única con la entidad de fronteras de Marruecos y el Ministerio del Interior marroquí", explica la fuente de Interior. La fuente de Guardia Civil afirma que también desde la Comandancia establecieron comunicación "constante" con los gendarmes de Nador, a través de WhatsApp.

El presidente Pedro Sánchez realizó entonces unas declaraciones controvertidas al decir que el episodio mortífero estuvo "bien resuelto". Horas más tarde, Sánchez rectificó y argumentó que no había visto las imágenes grabadas por las cámaras de la valla, el helicóptero y el dron de la Guardia Civil. Las fuentes consultadas añaden más detalle a este suceso. En torno a las 11 de la mañana, un agente de la Guardia Civil y un gendarme marroquí hablaron a través de la valla de Melilla. En ese momento el interior del paso fronterizo estaba lleno de cuerpos inertes y agentes marroquíes, pero la Guardia Civil todavía no había accedido al lugar. El gendarme le dijo: "Hemos tenido varios heridos y seguramente algún muerto". El guardia civil trasladó la información a sus superiores de inmediato y estos la mandaron rápidamente a un general de la Dirección de la Guardia Civil. Las fuentes consultadas aseguran que esa fue la primera vez que España tuvo conocimiento de que lo que había pasado dentro del paso fronterizo era más grave de lo que creían. La información llegó a manos de la Delegación de Gobierno pero tardó más de lo previsto en llegar al equipo de Marlaska. Cuando Interior supo que podía haber muertos, ya era tarde: Sánchez ya estaba hablando con los periodistas. "Bien resuelto".

Unas 600 personas lograron acceder a Melilla. En torno a 130 llegaron hasta el CETI, recibieron atención sanitaria, fueron interrogados por el CNI y, con el tiempo, pidieron asilo. Un total de 470 migrantes fueron rodeados y retenidos por agentes de la Guardia Civil junto a la valla. Las fuentes de Interior y Guardia Civil no explican por qué ninguno recibió atención médica, a pesar de la gravedad de las heridas visibles en muchos y de la presencia de una ambulancia de la Cruz Roja a escasos metros. Las imágenes captadas por el fotoperiodista Javier Bernardo y publicadas en primicia por Público muestran cómo uno de los agentes de la Guardia Civil lanzó piedras contra el grupo, una práctica ilegal y peligrosa. Interior abrió un expediente contra ese agente "para hacer el paripé": días después el expediente fue cerrado sin que se impusiera ninguna sanción contra ese agente, señala la fuente de Interior.

La cámara de Javier Bernardo también fue testigo de cómo varios agentes marroquíes accedían a suelo español para llevarse a migrantes de vuelta a territorio marroquí. Algunos de los migrantes estaban inconscientes en el momento en que se produjo esta devolución sumaria. La fuente de Interior quita importancia al suceso y afirma que esta es "una práctica habitual" que "se ha hecho toda la vida". La fuente de la Guardia Civil coincide con esa afirmación. Ambas reconocen que no existe un marco normativo que regule el acceso de agentes armados extranjeros a suelo español sin autorización previa. Tampoco hay normas que regulen que agentes extranjeros armados lleven de vuelta a solicitantes de asilo heridos y que no han tenido acceso a un médico ni a un abogado.

En 2023 Público recabó el testimonio de cinco guardias civiles desplegados en la valla de Melilla aquel 24 de junio. Varios expresaron su malestar por la ausencia de protocolos específicos para las actuaciones en frontera. La fuente de Interior asegura que Marlaska ni contempló ni contempla la posibilidad de crear un protocolo de actuación para episodios como los de aquel día. "España depende de Marruecos a todos los niveles", explica la fuente de Interior. También argumenta que, aunque no haya protocolos para la frontera, "los GRS (antidisturbios de la Guardia Civil) tienen un protocolo de contención de masas".

Marlaska viaja a Rabat

El 8 de julio, apenas dos semanas después de la masacre en Melilla, el ministro Marlaska viajó a Rabat junto con la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson. Allí se reunieron con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, expresó su descontento porque la opinión pública española nunca estaba conforme. Laftit reprochó a Marlaska que si Marruecos reprimía a los migrantes, la sociedad española protestaba, y si Marruecos no hacía nada para detenerlos, también. Marlaska y su equipo tenían claro que el 24 de junio Marruecos intentó demostrar su efectividad para frenar a los migrantes, pero perdió el control y propició una masacre, pero ningún representante español expresó malestar hacia las autoridades marroquíes. "Tienes que llevarte bien con Marruecos, no queda otra", explica la fuente de Interior. Esgrime la importancia de la cooperación antiterrorista, prioridad para el Gobierno español. La fuente de Interior asegura que España y Marruecos realizaron varias reuniones para analizar los hechos, "no para sincronizar relatos". Marruecos nunca reconoció que perdió el control de una situación propiciada por sus fuerzas de seguridad. "Ellos decían que hicieron lo que pudieron".

El Ministerio del Interior no habló en ningún momento con la Embajada de Sudán en España, a pesar de que la mayoría de los fallecidos y heridos aquel día eran de nacionalidad sudanesa. La fuente de Interior afirma, por el contrario, que sí hubo contactos con familiares de las víctimas. Esta relación no fue directa sino que se llevó a cabo con la intermediación de una ONG. Varios medios de Marruecos reportaron que Rabat negó el visado a las familias de víctimas que pidieron viajar para identificar los cadáveres de sus seres queridos.

Grabaciones sensibles: una detonación controlada

El equipo de Marlaska mantuvo en secreto las imágenes de aquel 24 de junio hasta que la Fiscalía General del Estado abrió una investigación. La fuente de Interior asegura que "no dimos la grabación por un hecho: hay un momento en el que el operador de cámara del helicóptero comenta con tierra: ¿Qué están haciendo los marroquíes? No saben nada de control de masas". La Fiscalía denunció que Interior no le entregó todo el material disponible y el Defensor del Pueblo tramitó una queja en ese sentido. La fuente de Interior califica esto último como "una vergüenza" y afirma que fue la número 3 del Defensor del Pueblo, Patricia Bárcena, "cercana a Podemos", quien promovió esa queja. Finalmente la Fiscalía concluyó su investigación en línea con los argumentos del Ministerio del Interior y dijo que no hubo muertos en suelo español aquel día.

El 25 de noviembre de 2022 el Ministerio del Interior accedió a mostrar las imágenes grabadas por la Guardia Civil a un grupo de diputados en el Congreso. La fuente de Interior explica que "pusimos aposta el visionado un viernes para que sus señorías se fuesen. A la hora y media de visionado, de un total de ocho horas de grabación, sus señorías se fueron porque todos tenían un tren, un avión o un chuletón esperándoles". En total, los diputados estuvieron tres horas en la sala de visionado, pero realizaron varias pausas y solo vieron 1,5 horas de grabación. Aquel día estaba presente en el Congreso el teniente coronel Arturo Ortega, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla, que el 24 de junio estuvo desplegado en frontera y dirigió el operativo. "Solo una diputada pidió quedarse". Esa diputada fue María Dantas, de Esquerra Republicana.

El Congreso de los Diputados reprobó al ministro Marlaska por su papel durante y tras la masacre de Melilla. El titular de Interior sigue negando que hubiera fallecidos en suelo melillense. "¿Hubo muertos del lado español? Es algo que nadie sabe. Lo que está claro es que los muertos se produjeron en el ámbito de la actuación de la autoridad marroquí, lejos de la mirada y las posibilidades de rescate de las autoridades españolas", afirma la fuente de Interior. Una investigación periodística coordinada por Lighthouse Reports demostró que al menos una persona sí murió en suelo español aquel 24 de junio. Se llamaba Abdelaaziz Yaakoub, aunque sus amigos le llamaban Anwar. Tenía 27 años. Huía de la guerra en Sudán. Soñaba con llegar a España para conseguir dinero y pagar el tratamiento médico que necesitaba su madre.

La Embajada de Marruecos no responde a las preguntas de este medio. El Ministerio del Interior tampoco responde a ninguna de las nueve preguntas formuladas por Público. Interior se limita a señalar que no hubo "vulneraciones de derechos ni negligencias por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y cita la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado.

El periodista Okba Mohammad contribuyó con este reportaje.