El Gobierno, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos afectados han formalizado este viernes una alianza para erradicar en un máximo de dos años los asentamientos de inmigrantes en la provincia de Huelva, que desde hace décadas albergan a miles de personas en condiciones infrahumanas.

El secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, ha firmado este viernes en Huelva el protocolo general de actuación entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Lepe y Moguer. Con ello se impulsa la erradicación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras en estos dos municipios y la puesta en marcha de soluciones habitacionales dignas.

El protocolo es fruto de las reuniones que Santiago ha mantenido en semanas anteriores con todas las administraciones, organizaciones empresariales, sindicales y sociales de Huelva y con el que el Gobierno de España se compromete a apoyar los esfuerzos de las administraciones locales y autonómicas, que son las competentes en esta materia, para lograr una solución definitiva a esta problemática.

Actualmente se estima que son entre 2.000 y 2.500 las personas que residen en estos poblados chabolistas, la mayoría subsaharianos, que recalan en Huelva buscando un trabajo que principalmente encuentran en el campo. Lo hacen sin luz ni agua potable, ni las más mínimas condiciones de habitabilidad, bajo techos de plástico, madera y cartón que, no en pocas ocasiones, han sido pasto de las llamas dejando decenas de damnificados que lo han perdido todo, algunas veces incluso la vida.

Con un mandato de la Organización de las Naciones Unidas y después de décadas de denuncias por parte de colectivos sociales y de trabajo municipal para buscar unas soluciones que no terminaban de llegar, este viernes se ha dado un paso para reconocer el problema y que llegue dicha resolución definitiva, según han indicado los alcaldes de Lepe y Moguer, Juan Manuel González y Gustavo Cuéllar, respectivamente.

Con este protocolo se busca erradicar "estos focos de pobreza y desigualdad" de cuyo mantenimiento en el tiempo "son responsables las administraciones, no el sector empresarial", según ha indicado, y afecta "a un porcentaje muy reducido" de los temporeros que anualmente trabajan en el campo onubense -entre 80.000 y 100.000- por lo que el problema "no es inmanejable".

"Con las inversiones que queremos realizar en estos dos años, a finales de 2023 podría estar solucionado, igual un poco más, pero no mucho más; desde el punto de vista de la Administración General del Estado esto no puede tardar en solucionarse mucho más, requiere una solución rápida y es posible", ha señalado Santiago.

El protocolo firmado hoy está abierto al resto de municipios que en la provincia de Huelva cuentan con asentamientos, habiéndose iniciado ya conversaciones con los de Lucena del Puerto y Palos de la Frontera para que presenten sus proyectos.