MADRID.- El Gobierno destina 236.000 euros para reparar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid. Después de varios años en el que la instalación ha sido noticia por diversas protestas, huelgas de hambre y fugas de sus internos debido a las pésimas condiciones en las que se les obliga a vivir en esta cárcel para inmigrantes indocumentados y por los malos tratos que sufren a menos de los policías, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se toma razón de la contratación de emergencia de las obras de reparación de deficiencias. También de los honorarios profesionales correspondientes a la dirección técnica de las citadas obras.

En concreto, se destinarán hasta 220.000 euros a las obras, mientras que los honorarios profesionales de la dirección técnica ascenderán a 16.000 euros, según puntualiza el Ministerio de Interior.

Este es uno de los cinco acuerdos aprobados este viernes, 30 de diciembre, en Consejo de Ministros por los que se toma razón de la declaración de emergencia de otras tantas contrataciones realizadas por las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil.

Diversas plataformas, ONGs y partidos políticos han pedido durante años el cierre de estos centros por considerarlos "cárceles racistas" donde se vulneran los Derechos Humanos de los internos. "Debemos recordar que en los CIES se retienen a las personas que no han cometido delito alguno, y que, sin embargo, se les privan de los derechos fundamentales y sociales más esenciales garantizados constitucionalmente", aseguró la asociación Jueces para la Democracia a través de un escrito durante una de las protestas en el CIE de Aluche.

Lejos de escuchar la demanda social que clama por su desaparición, el Gobierno hace una inversión para reparar deficiencias. Nada se sabe, por el momento, sobre la instalación de cámaras de seguridad en el CIE. Una medida ordenada por la Justicia de Madrid tras la presentación por parte de diversas asociaciones de escritos de queja tras los incidentes del 18 de octubre. La Asociación Coordinadora de Barrios, SOS Racismo, Karibu-Amigos del Pueblo Africano y Pueblos Unidos hicieron esta solicitud ante la opacidad de lo que ocurre en estos no lugares y la desprotección que supone para los internos.