El Gobierno tiene prevista incrementar las partidas que recibirán los ayuntamientos y entes locales para prevenir y luchar contra la violencia machista. Así lo ha afirmado la Vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad tras la ceremonia en la que han tomado posesión de sus cargos la nueva directora del Instituto de la Mujer, Silvia Buabent, la nueva delegada del Gobierno para la violencia de género, Pilar Llop y el director general para la Igualdad de Trato y Diversidad, Ignacio Sola.

El pacto de Estado, aprobado el pasado mes de septiembre por mayoría en el Congreso, estipula que los ayuntamientos y entes locales deben recibir 20 millones de euros anuales para potenciar la puesta en marcha de medidas de prevención y protección de este tipo de violencias. Sin embargo desde el Ejecutivo afirman que se trata de una cantidad insuficiente teniendo en cuenta que se trata de la primera puerta de entrada de las mujeres víctimas de malos tratos son los servicios sociales de sus ayuntamientos, sobre todo para poder dar cobertura a mujeres muy vulnerables, principalmente del ámbito rural.

El Gobierno también ha hecho una minuciosa revisión de las partidas que se han destinado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para luchar contra la violencia machista, y ha encontrado que de los 80 millones de euros que se deben destinar a la Administración Central (ministerios), hay partidas "que no están colocadas en la dirección que el pacto sugería" y es necesario asegurar que están bien establecidas y en el lugar adecuado. 

Otra de las prioridades del Gobierno es la revisión del Código Penal para asegurar que no se concedan permisos de visitas y custodia de los hijos menores a padres maltratadores, después de que este viernes el Tribunal Supremo haya condenado al Estado a indemnizar a Ángela González, una madre que intentó impedir estas visitas no vigiladas de su hija Andrea con su padre, quién acabó asesinándola en una de ellas en 2003. Desde entonces, González lleva pidiendo responsabilidades al Estado por su muerte. Para esta revisión, el ministerio de Igualdad ha puesto en marcha un grupo de trabajo. 

Otra norma que el Gobierno espera modificar de forma urgente, es la de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, imprescindible para devolver las competencias en materia de violencia de género a Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y entes locales. 

Muchas de estas medidas, incluidos los incrementos en las partidas de los Ayuntamientos, serán anunciados en la reunión que el próximo día 31 de julio, coincidiendo con la reunión que el ejecutivo mantendrá con las comunidades autónomas y los entes locales en la conferencia sectorial.