La Federación de Jóvenes Investigadoras (FJI) ha publicado un informe que analiza la situación de la carrera investigadora en España y propone varias medidas para paliar los problemas que de ella emanan. Violeta Durán, integrante de la FJI, resume la situación así: “El Ejecutivo debe demostrar que está del lado de los investigadores, al igual que hizo cuando no estaba en el Gobierno, porque solo depende de voluntad política”.

El informe radiografía todo el proceso de la carrera investigadora, desde que alguien obtiene un contrato predoctoral hasta que consigue el doctorado y alcanza una de las becas Ramón y Cajal, situadas al final del largo recorrido que un investigador tiene que recorrer para poder alcanzar un empleo público, y para ello proponen la creación de un Programa Estatal de Carrera Investigadora (PECI).

Además, desde la FJI inciden en la creación de un Plan de Rescate para la incorporación del personal investigador perdido durante la crisis. A ello se suma la creación de un Estatuto del Personal Investigador, que salvaguarde los derechos de los profesionales del sector. Según Pablo Giménez, el presidente de la FJI, “todas las demandas del texto son del colectivo investigador, ya que entendemos que lo representamos en su totalidad al agrupar a 12 asociaciones regionales”. 

El retorno de los investigadores exiliados

El informe recoge un plan para el rescate del personal investigador perdido durante la crisis, entre 2008 y 2018. Este plan, proyectado a corto plazo, está formulado de manera paralela al PECI, y “tiene que impulsarse con un presupuesto propio”, tal y como se recoge en las primeras líneas que desarrollan la medida.

Si se impulsara el Plan de Rescate, desde la FJI defienden que se recuperarían hasta tres perfiles de profesionales: los investigadores “forzados a huir al extranjero” o que directamente han abandonado la carrera investigadora por carecer de oportunidades, y los investigadores que no han logrado la estabilización en este tiempo y han encadenado contratos de investigación temporales.

El procedimiento que proponen desde la FJI es la apertura de un periodo extraordinario en el que los investigadores doctorados entre 2008 y 2018 puedan enviar sus currículums y ser evaluados por el mismo sistema que aquellas personas que no se hayan ido fuera de España. Después, obtendrían la categoría correspondiente y pasarían a ser empleados públicos con un contrato adecuado a su etapa y categoría, entrando así en la dinámica similar a los investigadores que no han dejado su carrera profesional.

El Estatuto del Personal Investigador como garantía

La creación del Estatuto del Personal Investigador, asimismo, garantizaría los derechos ya expuestos y reforzaría los aspectos que se mencionan en la Ley de Ciencia. Este estatuto tendría que fijar un salario para reconducir la pérdida de poder adquisitivo de los investigadores, y recoger la posibilidad de solicitar complementos por méritos, el derecho a la docencia, o la inclusión de los investigadores en los convenios colectivos de sus centros, enumeran en el documento.

Creación de la Carrera Técnica de Investigación

La creación de la Carrera Técnica en Investigación, paralela a la carrera investigadora, “podría ser interesante para personas que, queriéndose alejar de la carrera tradicional, son esenciales para el correcto funcionamiento de un laboratorio y desarrollan su trabajo en equipos de investigación”, relata el informe en sus propuestas a medio plazo. Estos estudios habilitarían al personal técnico en investigación para dirigir una unidad técnica de un centro o un servicio técnico de apoyo a la investigación.

Unificación de los diferentes contratos

Dentro del cortoplacismo, “la idea principal que se ofrece es la de unificar los distintos programas (Juan de la Cierva-Formación, Juan de la Cierva-Incorporación y Ramón y Cajal) para permitir la contratación automática sobre la base de un sistema de evaluación y puntuación objetivo y transparente cuyo fin sea la estabilización laboral”, apuntan al inicio de este capítulo.

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por la ciencia en abril de 2017. EFE/Víctor Lerena

Como aspecto principal, abogan por la creación de dos nuevos sistemas de evaluación: un “sistema objetivo de puntuación desglosado por méritos para evaluar los resultados de la investigación en cada etapa de la carrera investigatoria” y otro de “reconocimiento de categorías dentro de la propia carrera”, tal y como recoge el documento.

Mayor transparencia y mejor financiación

La transparencia de los criterios de evaluación será clave a la hora de poner en marcha estos procesos, superando así una de las mayores quejas por parte del colectivo. La contratación automática al pasar de un programa a otro permitirá, además, “eliminar los periodos de desempleo entre convocatorias y la falta de horizonte de estabilización”, afirman desde la FJI.

La Federación, del mismo modo, también señala la importancia de la financiación que debe proceder de las arcas públicas, algo que en el informe se menciona como un “estímulo financiero” que impulsará, principalmente, la empleabilidad y financiación de proyectos de investigación.

El modelo que presentan de Programa Estatal de Carrera Investigadora (PECI) consta de tres elementos clave para su funcionamiento: los contratos ya mencionados, el sistema de puntuación desglosado y transparente, y los comités de evaluación que certifiquen la puntuación de los informes finales y las categorías.

Todo ello acarreará ciertas ventajas que también desglosan en el informe, como es erradicar algunas consecuencias negativas reproducidas con el actual sistema, como son la irregularidad laboral, la falta de transparencia en los criterios de cada convocatoria, los problemas derivados de la falta de estabilidad laboral en la carrera investigadora.

El problema principal sería que, si se aplica el sistema que proponen, se tardarían diez años hasta terminar el proceso y conseguir la estabilización, lo que supondría que en España la carrera investigadora tardaría “prácticamente el doble de tiempo hasta conseguir un contrato estable comparado con la media ofrecida por otros países”, en los propios términos del informe.

Fomento de la investigación privada

En cuanto al medio plazo, desde la FJI propugnan el fomento de la investigación privada con modelos y estrategias similares a las que ya existen en otros países. Aún así, Noelia Fonseca, integrante de la FJI, puntualiza este aspecto al decir que “la colaboración no debe depender únicamente de lo privado, ya que hay muchas áreas que no dan ningún tipo de beneficio a corto plazo y en las que las empresas no tendrán ningún tipo de interés”. Además, también comenta que “mientras un proyecto se financie, aunque sea parcialmente, con dinero público, los resultados tienen que estar orientados al bien común”.

La publicación está firmada por la comisión de documentación de la Federación, formada por diez de sus integrantes, y que ha hecho público el informe después de que el Gobierno tuviera conocimiento del mismo. Manuel Heras, que ha participado en la redacción del informe, comenta a Público que se han basado en las quejas de distintos integrantes de la FJI.

Conversaciones con partidos políticos

“La idea es ponérselo fácil a la administración para que tengan que hacer el menor esfuerzo posible”, comenta Heras. El investigador, que actualmente disfruta de una beca Juan de la Cierva–Formación en la Universidad del País Vasco, adelanta que ya han entrado en conversaciones con los partidos políticos para ponerlo a funcionar cuanto antes.

Esta máxima es confirmada por Giménez, el presidente de la FJI, que asegura que se reunirán con Pedro Duque, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, el próximo 17 de enero. “Ya conocen las líneas generales, pero queremos conocer sus intenciones”, relata el presidente, y añade que desde la FJI tienen “mucha confianza porque el informe surge de las reuniones periódicas que ya hemos ido teniendo con el PSOE”.

La Federación de Jóvenes Investigadores en su reunión de septiembre de 2018 con todas las asociaciones federadas | FJI

Cuestionado por la actuación de los demás partidos políticos, Giménez asegura que también han mantenido reuniones con PP, Podemos y Cs, ya que quieren contar con todos los factores implicados. “Primero presentamos el documento al Gobierno, tal y como acordamos en su momento, y ahora queremos saber las reacciones de los demás”, relata el mismo Giménez, que no se olvida de comentar que se han iniciado conversaciones con Podemos pero las relaciones con Cs y el PP todavía no han desembocado en nada.

Este documento surge de la petición del PSOE cuando estaba en la oposición ya que mantenía reuniones con el colectivo investigador con asiduidad. Según Durán, “es de obligado cumplimiento, ya que si presentamos una hoja de ruta respaldada por diferentes expertos, como mínimo, deben tenerla en cuenta y aceptar alguna de las medidas”, según relata la investigadora que actualmente tiene un contrato predoctoral en la Universidad Complutense de Madrid.

Desde su punto de vista, entiende que la entrada del PSOE al Gobierno ha sido algo inusual, pero también opina que “los periodos de prueba han terminado y ahora —continúa la investigadora— tienen que demostrar que cumplirán lo que dijeron cuando no gobernaban”, puntualiza Durán.

Todas estas medidas van encauzadas a paliar las principales debilidades de la carrera investigadora en España que, según denuncian desde la Federación, son: la insuficiencia de los contratos postdoctorales, la opacidad de los criterios de evaluación, los bajos salarios y la consecuente pérdida de poder adquisitivo, la internacionalización como encubrimiento de la migración forzada, la falta de continuidad y de oportunidades que lleven a la estabilización laboral y los efectos que desembocan, de forma negativa, en la conciliación de la vida familiar y profesional.

Fonseca remarca que el proceso será “largo y tedioso”, ya que implica muchas etapas y procesos, en los que habrá negociaciones con universidades, centros de investigación y sindicatos. La investigadora acepta, teniendo en cuenta la actualidad política de España, que “siempre se tiene miedo a un cambio de Gobierno que haga que se paralice el asunto o que lo deje en un cajón”.

La FJI defiende que tan solo se necesita voluntad política para mejorar las condiciones de la carrera investigadora y que sus propuestas “permitirán que la ciencia y la investigación recuperen el protagonismo que se merecen y ayuden así a caminar hacia un país basado en la ciencia y el conocimiento”.