El Tribunal Supremo decide este martes el futuro de Valtonyc, el rapero mallorquín condenado a tres años y seis meses de prisión por el contenido de sus canciones. La Audiencia Nacional le consideró culpable de los delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas al presidente del Círculo Balear, Jorge Campos.

La sentencia señala que varias canciones del rapero tienen un "indudable contenido laudatorio" de las organizaciones terroristas ETA y GRAPO, que justifican e incitan a la reiteración de las acciones violentas. También vio un "claro menosprecio y humillación" a las víctimas del terrorismo.

Entre las canciones citadas se encuentran No al Borbón y Círculo Balear, que incluyen versos como "el rey Borbón y sus movidas, no sé si cazaba elefantes o iba de putas"; "puta policía, puta monarquía, a ver si ETA pone una bomba y explota"; o la frase que le costó la condena por amenazas: "Campos merece una bomba de destrucción nuclear".

El rapero mallorquín defendió ante la Audiencia que era sólo "un poeta" con interés de provocar en sus temas y no de de humillar a las víctimas del terrorismo, por lo que su abogado pidió su absolución al alegar que las letras enjuiciadas entraban dentro de la libertad artística. El cantante también que sus letras eran metáforas y no mensajes directos y ha insistido en que "simplemente buscaba provocar" pero no humillar ni amenazar.

Los argumentos de Valtonyc no convencieron a un tribunal que resolvió con una sentencia de tres años y medio de prisión. La condena es la más elevada del importante número de juicios que la Audiencia Nacional ha celebrado en los últimos dos años por enaltecimiento del terrorismo a través de las redes sociales  a personas que nada tenían que ver con ninguna organización terrorista.

La dureza de la condena resulta llamativa por tratarse de un caso limítrofe con el derecho a la libertad de expresión de Valtonyc y en el que el principio de proporcionalidad recomienda evitar sanciones excesivamente punitivas para no provocar un efecto de autocensura en la sociedad.

No deja de ser extraño que la condena por exceder los límites marcados para la libertad de expresión en España sea tan o más alta que para un buen número de casos de corrupción. Estos son 10 casos en los que políticos corruptos tuvieron una condena más baja que la que la Audiencia estimó para Valtonyc.

Tres años de cárcel por falsificación y prevaricación

El excalde de Torrevieja Pedro Ángel Hernández Mateo, del Partido Popular, fue condenado a tres años de prisión, 10.500 euros de multa y 9 años de inhabilitación para el cargo de alcalde por un delito de falsedad en documento oficial en concurso con un delito de prevaricación administrativa. Ambos delitos se cometieron con el proceso de adjudicación de las basuras en 2004 a la UTE Necso-La Generala por 9,6 millones de euros y 10 años.

Dos años de prisión por 12 delitos de corrupción 

El exalcalde de Valle de Abdalajís (Málaga) Tomás Gómez Arrabal fue condenado a nueve años de prisión por doce 12 delitos de corrupción urbanística, nueve de ellos de carácter continuado. En julio de 2012, sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy le concedió un indulto parcial que le redujo la pena de prisión a dos años. El ex alcalde había sido condenado por conceder numerosas licencias de obras a sabiendas de que, según el fiscal, "los expedientes administrativos incoados para ello, no se habían tramitado por el procedimiento legalmente establecido".

Dos años y medio de prisión por cobrar un soborno

El Tribunal Supremo condenó a dos años y medio de prisión para la expresidenta del Parlamento Balear María Antonia Munar por haber cobrado un soborno millonario a cambio de la adjudicación de un solar público a un empresario. El alto tribunal también confirma la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares a otros cuatro implicados. Según la sentencia, tanto Munar como otros exaltos cargos del Consell cobraron un total de cuatro millones de euros en 2006 de la empresa SACRESA a cambio de la adjudicación. Parte de ese dinero, además, sirvió para financiar al partido Unió Mallorquina, según el Supremo.

Un año y medio de prisión por delito fiscal

El exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa, también del Partido Popular, fue condenado por la Audiencia provincial de A Coruña a un año y medio de prisión por un delito fiscal por el impago de la cantidad de 291.289, 43 euros correspondientes al IVA del ejercicio 2010 por la venta de 61 viviendas por la sociedad Geslander, de la que era administrador único. La sentencia de la Audiencia corregía de esta manera al Juzgado de lo Penal Número 1 de Santiago, que le había impuesto una sanción de dos años de prisión. 

Dos años de prisión por delito societario

La Audiencia Nacional condenó al expresidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, a dos años de prisión y a pagar una multa de 29.970 euros por un delito societario de falsedad contable. El que fuera su número dos en la entidad, el exdirector general Ildefonso Ortega, fue condenado a la misma pena. El tribunal absolvió a Moltó y Ortega del delito societario de administración fraudulenta del que venia acusándoles el ministerio fiscal.

Moltó fue hallado culpable de alterar la cuenta de resultados de Caja Castilla-La Mancha para que reflejará beneficios inexistentes en el cierre del ejercicio de 2008. La entidad tuvo que ser rescatada en 2009 con 9.000 millones de euros, muy al principio de la crisis.

Dos años de prisión por prevaricación y malversación 

El histórico político del PP en la isla de El Hierro Agustín Padrón Benítez fue condenado a dos años de prisión y once años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación de fondos públicos. La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias condenó a este dirigente como autor de malversación de caudales públicos porque el Ayuntamiento adquirió en 1999 una parcela en el Pozo de Las Calcosas por 182.707 euros, pese a que la arquitecta municipal la había tasado en 39.065 euros, esto es, casi cinco veces menos. La condena fue ratificada por el Supremo. 

Un año de suspensión por cohecho

El Tribunal Supremo también ratificó una condena de un año de suspensión y 200.000 euros de multa para el que fuera alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga) Juan Martín Serón por un delito de cohecho cometido en relación con varias irregularidades urbanísticas. El Supremo consideró probado que el entonces alcalde y el concejal de urbanismo, Gregorio Guerra (condenado a las mismas penas), exigieron un pago de 122.000 euros a un constructor como contrapartida para dar una licencia de obras. Ambos habían sido acusados de trece delitos de cohecho por el Ministerio Fiscal, pero de esas imputaciones les absolvió la Audiencia de Málaga. 

3 años por un delito de cohecho y otro de prevaricación

El exalcalde de Arroyo de la Encomienda (Valladolidad) José Manuel Méndez, fue condenado, en sentencia firme, a tres años de prisión como autor de un delito de cohecho y otro de prevaricación, por los que, también fue condenado a 16 años de inhabilitación para todo cargo público y al pago de 132.000 euros de multa. La sentencia acusa al político de favorecer los intereses del grupo inmobiliario Mahía en Arroyo, a cambio de diversas dádivas, como un pago de 180.000 euros (fue en pesetas, 30 millones) o el regalo de una vivienda de la constructora gallega en Villagarcía de Arosa.

Dos años y medio por malversación de caudales públicos

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) condenó a dos años y seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta al exteniente de alcalde de Marbella Francisco Javier Lendínez (GIL) por un delito de malversación de caudales públicos, en su modalidad agravada atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y el daño o entorpecimiento a la causa pública, con la concurrencia de dilaciones indebidas. El exconcejal también fue condenado a pagar 13.617.506 de euros al Consistorio marbellí. El concejal, que llegó a huir de la Justicia, desvió de los fondos de las arcas municipales, sin control alguno ni fiscalización posible, un importe superior a 13.000.000 de euros, según la sentencia del juez Llarena. 

Cinco años de inhabilitación por comprar votos

El exalcalde de Fortuna (Murcia) Matías Carrillo fue condenado a cinco años de inhabilitación por un delito electoral. El alto tribunal considera probado que el político compró votos a cambio de la promesa de puestos de trabajo. Así se recoge en la sentencia: “Ofreció trabajo municipal y vales de comida a ciudadanos del municipio para que le votaran” en 2003 y ganó la alcaldía por mayoría absoluta “merced a esas recompensas y promesas”.