El momento ha llegado. Después de 18 largos meses, los ocho jóvenes acusados de delitos terroristas por una reyerta nocturna en Altsasu (Navarra) con dos guardias civiles sin uniforme se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional. El juicio estará a cargo de un tribunal conformado, entre otros magistrados, por la jueza Concepción Espejel, casada con un alto cargo de la Guardia Civil y condecorada por el ministerio del Interior con la Orden del Mérito de la Benemérita. A los abogados de los alsasuarras les huele mal. Por eso mismo recusaron su presencia, pero otro tribunal (en el que también estaba Espejel) lo rechazó.

Lo que usted acaba de leer es sólo uno de los puntos negros del caso Altsasu. Hay más. Muchos más. Tantos, que abogados y familiares sienten a veces que la sentencia ya podría estar escrita. “Miedo, mucho miedo”, repetían a lo largo de las últimas jornadas en los hogares de los imputados cuando se les preguntaba por sus sensaciones. Motivos no les faltan. Expedientes judiciales que lo avalen, tampoco.

El tema pinta mal desde un inicio. “El fantasma de la Kale Borroka resucita en Alsasua”, fue uno de los primeros titulares creados en Madrid para referirse a la pelea de la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de la localidad navarra. A raíz de la trifulca, uno de los dos guardias civiles sin uniforme tuvo que ser operado por un tobillo roto. Las primeras versiones que circularon en la prensa hablaban de una turba formada por medio centenar de abertzales violentos que querían comerse vivos a los agentes. En siguientes relatos se redujo considerablemente la cifra de participantes, pero no así las acusaciones. La operación, y no precisamente de tobillo, ya estaba en marcha.

Un mes más tarde, varios jóvenes de Altsasu fueron detenidos y trasladados a Madrid, donde les esperaba la jueza Carmen Lamela. Esta magistrada —la misma que posteriormente encarcelaría a Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Joaquim Forn— no dudó en dar por buena la versión lanzada por COVITE (Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco) sobre el carácter “terrorista” de la pelea de bar. No en vano, la plataforma presidida por Consuelo Ordoñez se personó como acusación popular en la causa, algo que resultó clave para que el expediente se transformase en “terrorismo”.

Ahí viene otro punto negro. El primer informe enviado por la Guardia Civil al juzgado de Pamplona —encargado en un primer momento de tomar cartas en el asunto— no hablaba en ningún momento de “terrorismo”, sino de un posible delito de odio. La Benemérita rechazaba también la teoría del “linchamiento” y descartaba que en la trifulca hubiesen participado cuarenta o cincuenta personas, tal como habían divulgado inicialmente varios medios de comunicación.

Sin embargo, esta versión cambió cuando la jueza Lamela pidió un nuevo informe a la Guardia Civil. “En cuanto entró en escena el juzgado de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional —a cargo de Lamela—, la Guardia Civil borró el delito de odio, y los siguientes atestados ya hablaban de terrorismo”, afirmó a Público el abogado Jaime Montero, a cargo de la defensa de uno de los acusados.

En efecto, el informe contradictorio de la Guardia Civil ha sido clave para sustentar las acusaciones contra los ocho jóvenes imputados, quienes enfrentan unas peticiones de condena que suman 375 años de cárcel. Tres de ellos siguen a día de hoy en prisión. Acumulan ya más de 500 días encerrados.

Principalmente, la Benemérita y la Audiencia Nacional sostienen que no fue una pelea, sino un acto orquestado dentro de la campaña “Alde Hemendik” (“Fuera de aquí”) que tanto los agentes como los jueces atribuyen a ETA. De esta manera, la reyerta se acabó convirtiendo en una parte más del concepto “Todo es ETA”, ampliado hasta límites insospechables durante la última década. “Esa posición absolutamente contraria y burda fue aceptada por el juzgado, y es la base fundamental para acusar a estos jóvenes de delitos terroristas”, indicó a Público la abogada Amaia Izko, una de las encargadas de la defensa.

En ese contexto, los representantes legales de los acusados quisieron presentar ante el tribunal que los juzgará un informe pericial histórico y sociológico sobre el origen del “Alde Hemendik” o “Que se vayan”, básicamente para demostrar que ni nació, ni creció ni se consolidó bajo la dirección de ningún grupo terrorista, sino que se trata de una reivindicación que nació a finales de los setenta de la mano de Euskadiko Ezkerra (movimiento que luego se coaligó al PSE). El término se popularizó como lema para reclamar la desmilitarización de Euskadi, una de las zonas de Europa con más policías por habitante.

Grabaciones rechazadas

Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido de la defensa, impidiendo así que se analice, de una manera imparcial, los antecedentes de esa campaña. No fue la única prueba inadmitida por los jueces. Tampoco aceptaron “desde testigos presenciales de los hechos hasta grabaciones de momentos posteriores e inmediatos de ocurrir los hechos, allí en el lugar, en el que aparecen acusados y denunciantes y que dese luego ilustrarían perfectamente cuál fue realmente la entidad de lo que allí pasó”, afirmó Izko.

La abogada señaló además que también fueron rechazadas “fotografías que podrían ilustrar a la Sala cómo es el bar Koxka, si hay o no un pasillo y cuánta gente cabe en ese sitio”. “Con todas esas pruebas se pretendía dibujar un contexto alternativo al que nos pintan las acusaciones, pero se nos ha impedido”, subrayó. A raíz de esa situación, los abogados de los acusados ya advirtieron sobre la “indefensión” en la que se encuentran sus defendidos.

Dos semanas de juicio

En esa situación llegan al juicio que empieza este lunes y se prolongará durante casi dos semanas. Durante la primera jornada declararán los acusados. El martes será el turno de los dos guardias civiles y sus parejas —quienes les acompañaban en la noche de la agresión—, mientras que el miércoles y jueves declararán los testigos de la acusación. También el jueves empezarán a prestar testimonio los testigos propuestos por la defensa, quienes también lo harán el viernes. La semana siguiente estará destinada a la presentación de pruebas periciales e informes. Luego vendrá la espera de la sentencia.