El magistrado Jorge Rafael Muñoz Cortés, uno de los jueces que dictó sentencia en 2014 para mantener en pie el polémico complejo hotelero de El Algarrobico, trabaja ahora para el Ayuntamiento de Carboneras para defender sus intereses en el caso y conseguir que el edificio turístico, situado en la costa del parque natural del Cabo de Gata, no sea derribado. 

Muñoz Cortes fue uno de los tres jueces de la Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que, en febrero de 2014, falló una sentencia en la que señalaba que los terrenos donde se había levantado el Algarrobico eran urbanizables. La sentencia firmada por Muñoz Cortes, no obstante, fue recurrida por los colectivos ecologistas ante el Tribunal Supremo, que anuló dicho fallo y reabrió un caso que, casi diez años más tarde, sigue sin cerrarse.

Al poco tiempo, tal y como denuncia la plataforma Salvemos Mojacar, el magistrado pidió una excedencia y pasó a ser socio del despacho de abogados Martínez-Echeberría, donde trabajó el expolítico y líder de Ciudadanos Albert Rivera. El reconocido bufete madrileño ha sido contratado por el Consistorio de Carboneras al menos en dos ocasiones, en 2021 y 2022, tal y como se desprende de las adjudicaciones publicadas en el portal de transparencia, las cuales alcanzan la suma de 35.089 euros.

Curiosamente ha sido Muñoz Cortes el letrado destinado a servir a Carboneras. En los últimos años, el jurista ha sido quien ha elevado y firmado los diferentes escritos de defensa del complejo hotelero por parte del Ayuntamiento. Muchos de esos documentos, además, han ido dirigidos a la misma Sala y Sección del TSJA de la que el formó parte y en la que sigue la magistrada María del Mar Jiménez Morera, con quien firmó la sentencia favorable a la urbanización costera en 2014.

En 2014, la plataforma Salvemos Mojacar presentó una querella criminal ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por presunto delito de prevaricación contra Muñoz Cortes y los dos magistrados que respaldaron aquella sentencia, la citada Jiménez Morera y Rafael Muñoz Cortés. La querella, sin embargo, no fue admitida a trámite. 

Desde la plataforma recuerdan que "el Ayuntamiento de Carboneras no cumple ni una sola de las sentencias relacionadas con el Algarrobico" y denuncian que se siguen clasificando los terrenos "como urbanizables" sin "anular la licencia de obras". "El TSJA no obliga a cumplir las sentencias, se limita a amenazar al señor alcalde con imponerle multas, pero no acaba de imponérselas", sostienen desde Salvemos Mojacar.

La licencia del hotel, pese a todo, sigue siendo legal. Así lo declaró el pasado mes de enero el Tribunal Supremo, que reclamó una "revisión" del los permisos de obras para poder ordenar su demolición final, que es la gran petición de los colectivos locales y ecologistas. A pesar del consenso social y de que la propia Justicia sí considera "ilegal" la construcción del edificio, el complejo turístico sigue en pie veinte años después de que se iniciaran las obras y el caso podría llegar a Europa.