Julio Latorre, José Enrique Rodríguez y Manuel Blanco son tres bomberos de Sevilla que no pudieron quedarse de brazos cruzados ante el mayor éxodo de personas desde la Segunda Guerra Mundial, pero su decisión de salvar las vidas de miles de refugiados puede costarles una condena de varios años de cárcel.

Mientras los países europeos levantaban vallas cada vez más altas para cortar el paso a las personas refugiadas, ellos decidieron pasar sus vacaciones en la isla griega de Lesbos, que en 2016 se había convertido en una de las puertas de entrada a Europa de cientos de miles de personas, sobre todo de sirios que escapaban de los bombardeos del régimen de Al Assad o del terror del Estado Islámico. "En 2015 y 2016 llegaban cada día a Lesbos miles de personas, cientos de barcas. Sabemos que ningún país tiene capacidad para organizar un equipo de salvamento que asuma tantos rescates, por eso quisimos ir a ayudar", afirma a Público Manuel Blanco, uno de los tres encausados por un tribunal griego, que les acusa de intentar introducir personas ilegalmente en Grecia.

Ayudar a los más desesperados se ha convertido, en varios países de la Unión Europea, en un trabajo mal visto por las autoridades, que no dejan de relacionar la acción humanitaria con la inmigración ilegal y, en esta ocasión, les ha tocado a estos bomberos sevillanos. La madrugada del 16 de enero de 2016, los tres voluntarios de la ONG Proem Aid compartían guardia alrededor de una hoguera en la costa griega junto a otros cooperantes. Era lo que acabó bautizándose como Camp Fire, donde las ONG organizaban los rescates y esperaban las llegadas desde Turquía.

El barco con el que Julio, José Enrique y Manuel llevaban más de una semana asistiendo a los refugiados que cruzaban el mar Egeo estaba averiado, así que se pusieron a disposición de cualquier organización que necesitase ayuda. Al fin y al cabo, habían ido allí a salvar vidas. Esa noche recibieron una llamada de la ONG danesa Team Humanity y no lo dudaron. Se subieron a su barco y zarparon al rescate de una embarcación hinchable que se dirigía a Lesbos. "Ni nos lo pensamos. Nos dijeron que una barca se estaba hundiendo, en una aguas gélidas. La mayoría de los chalecos salvavidas que llevan son falsos y, con tanto frío, los refugiados llevaban mucha ropa para abrigarse; en cuanto caen al agua se empapa y actúa como lastre muy rápido. ¿Cómo no íbamos a ir a ayudarles? En esas barcas van mucho niños", relata el bombero.

Pero nunca encontraron esa lancha. En su lugar, cuando regresaban a tierra se toparon con una embarcación de los guardacostas griegos. Acabaron en un calabozo de Mitelene, capital de la isla helena, junto a otros dos cooperantes de la organización danesa.

Pasaron tres días en la celda, detenidos sin saber muy bien por qué. "Ni siquiera ahora lo sabemos. Desde ese día no he dejado de preguntarme cada noche qué es lo que pasó, por qué pasamos de trabajar en coordinación con los guardacostas griegos a ser considerados traficantes de personas", apunta el voluntario. "No lo entiendo. Cuando vamos a misiones humanitarias a otros países, cuando hay grandes catástrofes como el terremoto de Haití, nadie duda de nosotros. ¿Por qué nos juzgan cuando se trata de rescatar del mar a refugiados? Son las mismas labores, salvar vidas, no es ningún delito", recalca Manuel.

Pudieron salir de la cárcel tras pagar 5.000 euros de fianza cada uno y las tasas procesales. "Sólo estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado”, dijo el jefe de la policía portuaria de Lesbos, una frase que Manuel y sus compañeros tiene grabada a fuego, pero más de dos después, aquella detención se ha convertido en un juicio.

Diez años de cárcel

El próximo 7 mayo se sentarán delante del juez en Mitilene por un delito de tentativa de tráfico de personas. Llegaron a imputarles también un delito por posesión de armas, ya que los guardacostas encontraron un cortacabos reglamentario que llevaban los cooperantes, aunque finalmente se desestimó.  Según explicó a Público Haris Pétsikos, el abogado griego de los tres acusados, el delito que se le imputa es muy grave. “Tan grave que la condena aparejada llega a diez años por cada una de las personas que se pensara introducir”. Sin embargo, el letrado aseguraba que la acusación es tan grave como difusa, ya que “ni se encontró la balsa que buscaban ni ninguna prueba que los incriminara”.

"Deseamos que esto acabe bien y confiamos en se será así. Pero al fin y al cabo es un juicio, una única persona va a decidir si somos culpables o inocentes. De su decisión va a depender que los próximos años de nuestra vida los pasemos en la cárcel. Muy tranquilos tampoco podemos estar", reconoce Manuel. Para él, "estos dos años de proceso y acusación han sido ya como una condena". "Que recaiga sobre nosotros la duda de que podamos ser traficantes de personas nos ha afectado mucho. A mí personalmente me ha impactado demasiado", confiesa.

Para él, su caso no puede separarse de otros, como el de la tripulación del barco Open Arms, encausado por los mismos delitos cuando rescataba a personas frente a las costas de Libia. "Está claro que es un aviso a navengantes. Estamos viendo una tendencia clara en Europa a criminalizar la ayuda humanitaria. Se está penalizando y persiguiendo la solidaridad y se está juzgando a las personas que ayudan a otras personas con independencia del Estado del que vengan", critica el voluntario, que no dudará en volver a lanzarse al mar para salvar la vida a quien lo necesite, siempre que no se lo impidan los barrotes de la cárcel.

No sabría decir con claridad por qué se está produciendo esta persecución a las ONGs, aunque lo relaciona con el aumento de los flujos de personas que, en los últimos años, han puesto su meta en Europa y, también, con un "cambio en la mentalidad de los europeos" que, según él, se puede ver en el auge de los partidos de extrema derecha en las elecciones, sobre todo, del Este de Europa. "Los mensajes de odio con los extranjeros, la idea de que vienen terroristas en las barcas de refugiados y que los inmigrantes te quitan el trabajo están ahí, están circulando, y eso hace a la gente reticente", opina.

Ola de solidaridad y apoyo del Gobierno

Los tres encausados han recibido la solidaridad de decenas de organizaciones humanitarias, del Parlamento Andaluz, de colectivos de abogados, de sindicatos e, incluso, del Gobierno. La pasada semana fueron recibidos en Madrid por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, que les garantizó ayuda consular en el juicio. También se comprometió a hablar con su homólogo griego antes del juicio para insistir en que tan solo estaban realizando labores de salvamento.