La detención de Julian Assange puede suponer un antes y un después para la actividad de los informadores, justo ahora que la propia Unión Europea trabaja para regular la protección de esta figura. No obstante, que EEUU pueda solicitar —y conseguir— la extradición de un ciudadano australiano por conspirar para acceder a sus sistemas dispara la preocupación sobre la seguridad de los denunciantes y filtradores, y puede poner en riesgo un valor tan importante como el secreto de fuentes.

Wikileaks nació en 2006 y puso patas arriba el escenario informativo mundial en 2010 con la mayor filtración hasta entonces de datos gubernamentales y diplomáticos.

Ahora, la Justicia de EEUU le acusa de conspirar junto a la ex analista de Inteligencia del Ejército Chelsea Manning para introducirse en los ordenadores del Departamento de Defensa y acceder a documentos clasificados, por lo que podría ser condenado a cinco años. Básicamente, de ayudar (sin éxito) a 'crackear' un código de acceso a la red gubernamental, y de 'animar' a Manning para que siguiese filtrando documentos.

En 2010, Wikileaks divulgó más de 90.000 documentos clasificados relacionados con acciones militares estadounidenses en Afganistán y cerca de 400.000 documentos secretos sobre la guerra de Irak. Ese mismo año también comenzó a airear unos 250.000 cables diplomáticos provenientes del Departamento de Estado de EEUU.

Existe una alerta generalizada entre los expertos y defensores de las libertades civiles sobre el alcance que este caso pueda tener en futuras filtraciones, si bien la concreción de los cargos (de los que sabemos, porque no los sabemos todos aún y la Fiscalía puede agregar cargos en cualquier momento) da un cierto margen para la tranquilidad.

Bradley Moss, un abogado de Washington que representa a denunciantes y periodistas, sostiene, citado por la agencia Reuters, que "muchas de los temores más graves tanto legales como políticos se han aliviado por la forma tan específica de esta acusación".

Existía el temor, por ejemplo de que Assange fuera procesado por publicar información clasificada que había obtenido de Manning en violación de la Ley de Espionaje —que fue lo que llevó a la propia Manning a prisión en EEUU—, algo que no ha sucedido. De momento, los cargos tienen que ver con la violación de la seguridad informática (Computer Fraud y Abuse Act). Es decir, por 'piratería' informática.

Algo que, en el propio texto de la acusación, se ve que carece de fundamento: en realidad no trató de 'crackear' una clave de acceso sino intentó ayudar a Manning a descifrar una contraseña para preservar su anonimato. Nada nuevo, por otro lado, ya que el Departamento de Justicia de Barack Obama ya descartó presentar cargos por esta razón hace años, bajo el argumento de que esta acusación sería una amenaza para la libertad de prensa.

Preocupación

No obstante, el abogado Barry J. Pollack, uno de los defensores del fundador de Wikileaks, sí ha alertado que esta detención podría sacudir la libertad de prensa y cree que los periodistas en general deberían estar "profundamente preocupados" por estos cargos "sin precedentes". "Las acusaciones de hecho contra Assange se reducen a alentar a una fuente para que le brinde información y a sus esfuerzos para proteger la identidad de esa fuente", afirma.

En un contundente análisis publicado en The Intercept, el periodista Glenn Greenwald, quien desveló hace cinco años el espionaje global de la NSA a partir de los documentos filtrados por el consultor y ex empleado de la CIA Edward Snowden, aclara que "la acusación busca criminalizar lo que los periodistas no sólo tienen el derecho sino también la obligación ética de hacer: tomar medidas para ayudar a sus fuentes a mantener su anonimato".

No son los únicos ni mucho menos. Citado por The Guardian, Yochai Benkler, un profesor de derecho de Harvard que escribió el primer estudio legal importante sobre las implicaciones legales de procesar a Wikileaks, afirma que los cargos contienen algunos "elementos muy peligrosos que representan un riesgo significativo para quienes se dediquen a informar sobre asuntos de seguridad nacional". "Las secciones de la acusación son muy amplias y podrían tener un efecto significativo: deberían ser rechazadas".

Singularmente, la acusación de "alentar a una fuente" a proporcionar información de interés público sobre las actividades del gobierno cuestiona directamente una parte sustancial del trabajo de cualquier periodista. O bien, que se acuse a Assange de "ocultar" a Manning también debería de poner en alerta a la prensa: proteger a la fuente y su anonimato cuando corra peligro por sus revelaciones es una obligación moral —y un derecho— de los informantes.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), entre otras organizaciones de defensa de la libertad de prensa,  asegura estar "profundamente preocupado" por la detención de Assange. En un comunicado de prensa recogido por la agencia EFE, destaca que si bien no se culpa explícitamente a Assange de la publicación de la filtración —lo que sí que tendría amplias implicaciones para la libertad de prensa— interpreta su interacción con Manning como parte de una conspiración criminal.

Agregó que con la acusación contra Assange, el Gobierno de EEUU "podría exponer amplios argumentos legales acerca de información solicitada por periodistas o interactuando con fuentes que podrían tener consecuencias escalofriantes para reportajes de investigación y la publicación de información de interés público".

Una directiva para filtradores

Todo ello sucede en un momento en el que el Parlamento Europeo está a punto de debatir y votar una nueva directiva europea de protección de alertadores, un hecho que tendrá lugar previsiblemente el próximo martes después de que el pasado año la Comisión Europea recogiese el guante lanzado desde la Eurocámara y se pusiera manos a la obra.

El texto, según recuerdan desde el colectivo Xnet (miembro de la Whistleblower International Network, organización que ha presionado para mejorar la propuesta inicial), incluye enmiendas entre las que destacan "el reconocimiento del anonimato del denunciante, la inmunidad en la obtención de la información por parte del alertador, o el hecho de que éste pueda elegir canales internos o externos de denuncia dependiendo de las circunstancias concretas".

Manifestante en apoyo a Julian Assange en los alrededores de la Corte de Magistrados de Westminster en Londres. REUTERS/Peter Nicholls