Acabada la legislatura con un Gobierno de coalición progresista, en el ámbito de la regulación del cannabis todo sigue más o menos igual que antes de que echara a andar en 2020. No se ha aprobado ni una sola norma para avanzar en el uso de esta planta, ni siquiera el medicinal que un buen número de países de la UE y de otras partes del mundo han legalizado en los últimos años.

La formación de un Gobierno con PSOE y Unidas Podemos hizo augurar muchas expectativas en torno a un tema que cuenta con un amplio respaldo social.

No en vano, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de abril de 2021, la mitad de la población española -el 49,7%- apoya legalizar la venta de marihuana en determinados establecimientos y condiciones, porcentaje favorable que sube hasta el 90,1% si es para un uso medicinal.

Pero las expectativas no han fructificado finalmente en ningún avance legislativo. Durante la legislatura que concluyó hace unas semanas fueron rechazados en Congreso y Senado hasta tres proyectos de ley sobre regulación del cannabis y un cuarto -presentado por Unidas Podemos- no se llegó ni a debatir.

Además, la Cámara baja aprobó un dictamen que emplazó al Gobierno a reglamentar el uso medicinal de la marihuana, que, finalmente, el Ejecutivo no ha desarrollado.

La Comisión de Sanidad del Congreso aprobó hace un año -el 27 de junio de 2022- un dictamen por el que instó al Ministerio de Sanidad a que en el plazo de seis meses pusiera en marcha las medidas necesarias para permitir el uso del cannabis con fines medicinales.

Según el acuerdo parlamentario, el cannabis debe ser prescrito por médicos especialistas de las enfermedades y dolencias autorizadas y dispensado en farmacias hospitalarias.

Los casos de espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia, endometriosis, dolor oncológico y dolor crónico no oncológico, incluido el neuropático, fueron las indicaciones recomendadas para este uso.

Cumplido en diciembre el plazo dado por el Congreso, el Ministerio de Sanidad aseguró que estaba trabajando en el encaje normativo para permitir el uso medicinal del cannabis.

Cinco meses después, José Manuel Miñones, el ministro que sustituyó en el cargo a Carolina Darias tras su marcha para presentarse como candidata del PSOE a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, pidió perdón por el retraso y aseguró en su primera comparecencia en el Congreso que antes de que terminara mayo presentaría el documento regulatorio.

"Les aseguro que no es cuestión de mala fe ni de este ministro ni, desde luego, del ministerio, sino que es un exceso de celo. Me he comprometido a traer el documento antes de que finalice este mes y sigo trasladando ese compromiso", dijo el ministro.

"Seguimos estudiando cuál es la mejor manera de garantizar la seguridad de los pacientes y de que sea eficaz el tratamiento con cannabis, y espero que pronto podamos traer ese análisis que está realizando la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)", aseguró.

Esa comparecencia tuvo lugar el 10 de mayo, pero por medio se cruzó luego un huracán electoral. El presidente del Gobierno decidió acabar con la legislatura y convocar elecciones al día siguiente de conocer los malos resultados para la izquierda en los comicios municipales y autonómicos del 28M.

Y ya no se supo más del documento que tenía preparado Sanidad para regular el uso del cannabis medicinal en España.

A preguntas de Público sobre la viabilidad en estos momentos del proyecto de regulación, fuentes del Ministerio de Sanidad se han limitado a contestar que el real decreto 400/2023 publicado el pasado 30 de mayo ordena la disolución del Congreso y el Senado.

"En consecuencia, la actividad parlamentaria, y por tanto la tramitación legislativa, se paraliza hasta la constitución de nuevas Cortes Generales", han añadido. Nada más.

"Jarro de agua fría" para el PNV

En el PNV, cuyo grupo fue el que propuso la creación de la subcomisión para estudiar la regulación del cannabis medicinal, ha caído como "un jarro de agua fría" la convocatoria adelantada de elecciones que trae consigo la suspensión del trámite normativo solicitada por el Congreso hace un año, según han manifestado fuentes de ese partido a este periódico.

El PNV recuerda que en el informe del Congreso se dio un plazo de seis meses, que fue incumplido, para hacer posible el acceso a los tratamientos con cannabis en condiciones de seguridad para pacientes y profesionales sanitarios.

Ante ese incumplimiento, añaden, hicieron una pregunta al ministro de Sanidad en el pleno, de la que obtuvieron una respuesta "absolutamente decepcionante".

"Lo que se deduce de todos estos hechos es que no ha existido por parte del Gobierno español en general, y del PSOE en particular, voluntad real para avanzar en esta materia, con la frustración que esto genera en los y las pacientes a quienes se les había abierto una ventana de esperanza", apuntan.

"Estaríamos todavía a tiempo, pero no tenemos ninguna esperanza, aunque por nuestra parte seguiremos insistiendo", subraya la formación nacionalista vasca.

La decepción también sacude al Observatorio Español del Cannabis Medicinal, una organización que estima que pueden llegar al medio millón las personas que utilizan actualmente en España la marihuana, sin ningún paraguas legal, para tratar o aliviar unas dolencias y enfermedades que, en buena parte, están reconocidas en el dictamen del Congreso.

Los pacientes: "Estamos destrozados"

"Estamos destrozados, impactados, porque el ministro se había comprometido a entregar el documento el 31 de mayo. Han incumplido los plazos", dice la presidenta del Observatorio, Carola Pérez. "Parar aquí esto es de la máxima crueldad para el paciente, y un despilfarro de todo el trabajo que se ha hecho", añade.

La Sociedad Española del Dolor, organización profesional que promueve la investigación sobre el tratamiento del dolor que sufren miles de personas, volvió a pedir el pasado mes de mayo una ley regulatoria que garantice el acceso, la eficacia y la seguridad del uso del cannabis a los pacientes que lo necesiten.

La responsable del Observatorio Español del Cannabis Medicinal critica también la falta de presión política que, a su entender, se ha ejercido para exigir al Gobierno el cumplimiento del mandato del Congreso sobre la regulación del uso terapéutico de la marihuana.

"¿Cómo es posible que el trabajo esté hecho, que hayan hecho un documento y ahora lo metan en un cajón? Nos han hecho perder el tiempo a todos, pero sobre todo a los pacientes", se lamenta Carola Pérez.

Respecto al futuro que deparen las elecciones generales del 23 de julio, esta organización de profesionales y usuarios de cannabis medicinal confía en que el nuevo Gobierno cumpla con el mandato del Congreso y ejecute el trabajo que ya han hecho los técnicos de la AEMPS para regular el uso terapéutico del cannabis en España.

El único que ha defendido esto es el PNV -afirma-. Los demás nos han abandonado con este tiempo de silencio sin defender lo que se había aprobado en la comisión. Nos sentimos muy decepcionados. ¿Por qué han abandonado a los pacientes cuando más los necesitábamos?", pregunta Carola Pérez a Unidas Podemos, PSOE, Más País, ERC y Bildu.

"Lo que no tiene sentido es que aquí se siga cultivando cannabis que no llega al paciente español y se exporta a otros países, utilizando recursos de la AEMPS, porque aquí no está permitido", dice Pérez.

La Agencia Española de Medicamentos ha comunicado que este año se va a cuadruplicar la producción legal de cannabis medicinal en España hasta alcanzar las 23,4 toneladas, una cantidad que se sitúa entre las once mayores del mundo notificadas a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

Cuando comenzó en 2020 la legislatura de mayoría progresista, había 10 autorizaciones de Sanidad para cultivar cannabis y hoy son casi el doble, 19, cuya producción tiene que ir destinada a la exportación a países donde sí está permitido un uso que en España sigue prohibido.

Esa producción sale de las cosechas de las entidades públicas y privadas que disponen de autorización de la AEMPS para cultivar marihuana con fines de investigación o de producción medicinal, unas licencias que aún se conceden conforme a lo establecido en una ley de 1967, firmada por el dictador Francisco Franco.

La "decepción" de ERC

"El PSOE -dice a Público- nos ha demostrado en reiteradas ocasiones, incluso teniendo tres proposiciones de ley encima de la mesa, que son contrarios a la regulación del cannabis o que ni si quiera se atreven".

A lo largo de la legislatura también se presentaron varios proyectos de ley para abordar una regulación integral del cannabis que incluye el uso recreativo de la planta, aparte del medicinal.

Más País y ERC presentaron sendas propuestas en el Congreso, que fueron rechazadas en ambos casos con los votos mayoritarios de PSOE, PP y Vox, lo mismo que le ocurrió a la que defendió en el Senado el grupo de Izquierda Confederal para regular los clubes de usuarios y el autocultivo. Unidas Podemos elaboró otra propuesta que no se llegó a debatir en la cámara baja.

La diputada Marta Rosique, que se encargó de defender la ley de ERC, muestra su "decepción", porque habiendo "las mayorías necesarias para poder regular el cannabis de forma integral", no se haya conseguido nada.

"Esto demuestra una vez más -añade Rosique- que incluso teniendo el Gobierno más progresista que pueda tener este Estado, no se atreven a aprovechar las mayorías necesarias para hacer políticas valientes. Una decepción".

Pese a ello, la portavoz de Esquerra asegura que su partido seguirá "luchando" para que salga adelante una regulación en la línea de la proposición de ley que defendieron el pasado febrero en el Congreso, "con un mandato muy claro que venía del Parlamento de Catalunya", donde en 2017 se aprobó una ley para normalizar el funcionamiento de las asociaciones de usuarios de cannabis que luego fue tumbada por el Tribunal Constitucional por invasión de competencias estatales.

En el caso de Más País, opinan que la legislatura ha servido, al menos, para romper "algunos tabúes" en torno al cannabis, gracias a la presentación de propuestas como la elaborada por su formación.

"Por primera vez se ha hablado con cierta seriedad del tema en la cámara baja a pesar de que algunos grupos hayan querido arrastrar el debate hacia el estigma", dice el responsable de Acción Institucional de Más País Andalucía y uno de los autores de ese proyecto de ley, Pedro Vera.

Sin embargo, Más País, formación integrada en la coalición Sumar, considera que en el PSOE "ha faltado valentía, como en otras ocasiones" para sacar adelante una regulación integral, al haberse "plegado a los argumentos de la derecha y de la extrema derecha" que han impedido que España sea pionera en aprobar una ley de regulación de la marihuana que "trate a los ciudadanos como adultos".

En cuanto a la regulación del uso medicinal exigida por el Congreso y que finalmente no se ha desarrollado, Pedro Vera se muestra contundente: "resulta aún más doloroso que la legislatura haya acabado abruptamente y que las continuas dilaciones hayan impedido que se haya legalizado el uso del cannabis terapéutico, a pesar de contar con el visto bueno de la mayoría de los grupos parlamentarios que votaron a favor en la subcomisión que se creó a tal efecto".

"Lamentamos que esta circunstancia vaya a provocar que haya personas que mueran sin haber podido recurrir a este paliativo por una vía legal y segura", apunta.

"No nos dejarían avanzar ni un centímetro en el proceso de la regulación y pretenderían que retrocedamos más", pronostica su portavoz, Hugo Madera, quien anima a votar el 23 de julio para impedir que eso ocurra.

El peligro de un Gobierno contrario a la regulación

Lo que pueda deparar el futuro, tras las elecciones generales de julio, no pinta tampoco muy bien en este campo. Las encuestas dan ahora mayoritariamente vencedor al PP, que podría gobernar con el apoyo de Vox tal como se está decidiendo en comunidades y ayuntamientos después de los resultados de los comicios del 28 de mayo.

Y esos dos partidos fueron, precisamente, los que votaron en contra del dictamen de la comisión de Sanidad en el Congreso que pidió la regulación del cannabis medicinal y los que rechazaron también las propuestas de ley para una legalización del uso recreativo.

El grupo popular sostiene que todavía no hay evidencias científicas suficientes que avalen el uso medicinal del cannabis y aboga por que el Ministerio elabore un libro blanco con aportaciones de organizaciones del ámbito asistencial, de la investigación, sociedades científicas y asociaciones de pacientes que puedan demostrar la idoneidad de los tratamientos con componentes de esa planta.

Con más rotundidad se opone a cualquier regulación Vox, cuyo portavoz en la comisión de Sanidad, Juan Luis Steegmann, llegó a decir: "¿Para qué? (regular el cannabis) Para tenernos a todos fumados, no colocados, por supuesto, no con empleo, por supuesto, pero todos fumados".

Desde el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis, un grupo español de expertos en diferentes ámbitos de esta planta, advierten del riesgo que podría suponer un Gobierno del PP con la ultraderecha.

"Se han votado propuestas de ley, ha habido una subcomisión en el Congreso, se ha puesto sobre la mesa el tema del cáñamo y el CBD. La sociedad no está en el mismo punto que hace cuatro años. Y como siempre digo, el final de un proceso es el principio de otro", añade.

Pese a la ausencia de avances legislativos, este grupo de expertos sostiene que la situación ha mejorado en España. "No estamos en el mismo lugar que estábamos hace cuatro años", asegura Madera.

"Aunque las leyes no hayan avanzado como nos hubiera gustado, ni en la regulación integral ni en el medicinal ni en el CBD, se ha hablado más que nunca de estos temas", asegura.

Los avances legislativos en otros países de la UE y del resto del mundo soplan a favor de un proceso regulador en España, a juicio del Observatorio Europeo.

 "El contexto internacional va a nuestro favor, porque se están produciendo avances en la misma Europa, en Alemania, y con una perspectiva más social, que es la que apoyamos nosotros, con el autocultivo y la participación de los clubs", expone Madera.

"Claro que nos hubiera gustado que un Gobierno de izquierdas hubiera sacado al menos un proyecto de regulación, pero nuestra obligación es seguir trabajando, porque el contexto internacional va a nuestro favor", subraya.

La legalización en Alemania que copia el modelo de clubes

Los clubes sociales que suministrarán el cannabis que se podrá adquirir de forma legal en Alemania se abrieron en España en la década de los años noventa como una forma de fomentar el consumo responsable y compartido.

El Gobierno de Alemania, primera potencia económica de la UE, está preparando una regulación integral del cannabis que ampliaría la del uso medicinal que está vigente desde 2017 en ese país.

El ejecutivo de coalición de socialistas, verdes y liberales ha anunciado un proyecto de ley que permitirá cultivar hasta tres plantas de marihuana en casa y en una cantidad mayor en asociaciones o clubes de usuarios, donde se podría adquirir hasta 25 gramos por persona para consumo propio.

En la propia página web del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad español se señala al respecto que "las dimensiones de Alemania, primera economía de la Unión Europea y con más de 80 millones de habitantes, aportan una trascendencia enorme a este plan, que podría incubar el nacimiento del mercado legal más grande de Europa".

La regulación del cannabis ha avanzado también en otros muchos países en los últimos años, al contrario de lo que ha ocurrido en España.

Valgan como muestra los casos de Francia, que comenzó en 2021 un ensayo clínico con 3.000 pacientes para probar la efectividad del cannabis en determinadas dolencias, o Portugal, que aprobó en 2018 una ley del uso terapéutico de preparados de esa planta que se pueden dispensar en farmacias con receta médica

También Marruecos, el mayor productor del mundo de cannabis ilegal, que aprobó también en 2021 una ley que regula su cultivo y producción medicinal, o los de 46 estados de EEUU que han legalizado ese uso, mientras más de una decena lo ha hecho también ya con el recreativo.

Ahora, hay entre 1.500 y 2.000 asociaciones cannábicas en nuestro país que desarrollan un modelo que ha sido imitado en otros países, como Alemania o Uruguay, pero que aquí aún no ha sido regulado.

A juicio de Les, en España hacen falta políticos valientes como José Mújica, en Uruguay, o Justin Trudeau, en Canadá, para que se pueda avanzar en la legalización del uso del cannabis, porque los datos sociológicos de las encuestas del CIS demuestran que la población está a favor.

De eso se lamenta Fermín Les, presidente de Luz Verde, un partido creado exclusivamente para luchar por la regulación del cannabis y que ha obtenido dos concejales en las pasadas elecciones municipales en el ayuntamiento navarro de Murillo el Fruto. "Se va a legalizar antes en Alemania copiando nuestro modelo de clubes de cannabis", dice.

"Pensábamos que era la legislatura adecuada para conseguir avances -añade Les- pero parece que no lo ha sido. Y habría que preguntarle a los partidos, en especial al PSOE, por qué ha sido así, viendo lo que han votado y con quién".

Fermín Les sustituyó en el cargo de presidente de Luz Verde a Fernanda de la Figuera, la histórica activista española por la regulación del cannabis, conocida también como la Abuela marihuana, que falleció en abril de 2022 a los 79 años de edad a causa de una grave enfermedad.

"Es una vergüenza lo que se ha hecho con los enfermos, que todo se haya quedado parado con el final de la legislatura. Esto es un asunto de estado que está taponado por no sé quién. No es un problema de cannabis, sino de democracia", concluye el dirigente de Luz Verde.