La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del solo sí es sí llega este jueves al pleno del Congreso para su aprobación, y continuar su trámite en el Senado. Es una de las normas más esperadas y una de las medidas estrella del equipo que dirige Irene Montero y será clave para acabar con sentencias tan polémicas como la de La Manada de Pamplona que en 2018 incendió las calles al grito de "no es abuso es violación" y "hermana yo si te creo". 

En esa ocasión, el continuo cuestionamiento sobre el comportamiento de la víctima, sobre la resistencia que opuso a la violación y la sentencia final de la Audiencia de Pamplona, que estimó que se trató de un abuso sexual porque no había existido violencia ni intimidación, encendieron la mecha de la indignación. Una mecha que también fue el germen que impulsó la creación de esta ley.

Tras meses de intensos debates y de numerosas enmiendas (y algunas polémicas), la norma llega con algunas modificaciones y mejoras al Pleno, pero con los mismos mimbres con los que nació: un cambio radical de modelo de cómo se deben entender las violencias sexuales.

La ley incorpora el conocido como yes model que se aplica ya en otros países y que pone el consentimiento en el centro, una medida que irradia toda la norma: desde la forma de investigar estos delitos, las medidas de reparación hacia las víctimas e incluso las consideraciones penales y las penas que se deben aplicar. Con este cambio, España cumple con una exigencia del Convenio de Estambul, un tratado de derechos humanos que España ratificó en 2014.

Poner el consentimiento en el centro significa que cualquier relación sexual que no sea expresamente consentida podrá considerarse como una agresión sexual. Ya no se mirará la resistencia que opuso la víctima a dicha violencia, ni la intimidación que causaron en ella los agresores. También acaba con el concepto penal de abuso sexual que desaparecerá del Código Penal y  que hasta ahora se aplicaba en aquellos casos que la víctima no podía o no estaba en condiciones de oponerse a la agresión. Con la nueva ley, por ejemplo, los casos de sumisión química serán considerados agresiones sexuales.  La ley afirma que "sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

El único tipo penal que existirá será el de violencia sexual (violación), que obligará a modificar el Código Penal en una horquilla más amplia de penas. 

Medidas preventivas

La norma supone un marco legal integral para la atención de las víctimas violencia sexual, algo parecido a lo que supuso la ley contra la violencia de género en 2004 y amplía los supuestos de violencias hacia las mujeres a lo que pide el Convenio de Estambul.

Contiene un amplio capitulo sobre prevención de las violencias sexuales, que se ha visto reforzado en el trámite de enmiendas en su debate en Comisión. Así, algunas de las novedades que incorpora la ley es la prohibición de la publicidad que utilice estereotipos de género y que fomenten o normalicen las violencias sexuales hacia mujeres, niños y adolescentes, así como las que supongan una promoción de la prostitución, que serán consideradas "ilícitas".

Las medidas de prevención se han ampliado y endurecido también en los ámbitos laborales. Entre las modificaciones de los últimos meses se incluye no sólo la necesidad de que las empresas deban contar con protocolos, sino que además estarán obligadas incorporar la violencia sexual entre los "riesgos laborales concurrentes, debiendo formar e informar de ellos a sus trabajadores". 

El anteproyecto de ley ya contenía una amplia batería de medidas en cuanto a la formación en educación afectiva-sexual en las distintas etapas educativas, pero a estas se han añadido otras más concretas dirigida a niños y jóvenes, como la necesidad de poner en marcha campañas de concienciación y sensibilización destinadas a "desincentivar la demanda de toda clase de servicios vinculados con la explotación sexual, la prostitución y de la pornografía que naturaliza la violencia sexual, así como sobre las consecuencias que tiene para las mujeres prostituidas". La ley prevé, además, la prohibición de la pornografía violenta. 

La tercería locativa queda fuera de la ley

Una de las apuestas de Igualdad en esta ley fue la de volver a restituir la tercería locativa (quienes se lucran con pisos y locales donde se ejerce la prostitución) en el Código Penal, que preveía penas de cárcel de hasta 3 años de cárcel a los dueños de prostíbulos, así como el cierre de los locales. Una medida que no convencía a los socios de la investidura, pero que el PSOE propuso endurecer, para abolir la prostitución. Este desacuerdo hizo peligrar la aprobación de la ley en la Comisión y forzó a Igualdad a retirar esta medida para asegurar que la ley llevara al Pleno.

Sin embargo, la ley que se aprobará en el Congreso este jueves con el acuerdo de todos los grupos que apoyaron la legislatura contiene diversas medidas relativas a la prostitución y la explotación sexual, que son consideradas como violencias sexuales.

También contiene itinerarios específicos para la atención a las víctimas de trata e incluye medidas para la reparación de las víctimas de estos delitos. Una de las medidas que se mantienen en el texto es el hecho de que se pondrá en marcha un fondo para la reparación de estas mujeres proveniente de los decomisos recaudados por los detenidos por este tipo de delitos.

Formación para menores agresores 

Una de las últimas enmienda incorporada a la ley, que deberá ser aprobada este jueves en el pleno del Congreso, es una introducida por PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu que se refiere a los menores agresores sexuales. La enmienda estipula que en todas las sentencias por delitos relativos a la libertad sexual sea obligatorio que los menores se sometan a un programa de formación sobre educación sexual y educación en igualdad.

Además, cuando se trate de delitos contra la libertad sexual o de delitos relacionados con la violencia de género, la medida de conciliación entre víctimas y responsables del delito estará condicionada a que sea la víctima la que la solicite de forma expresa. En los demás supuestos, no cabrá la conciliación o mediación.

Estas medidas has sido impulsada por el Ministerio de Igualdad para que desde un enfoque "responsabilizador", más que punitivista, todas las sentencias por delitos relativos a la libertad sexual "incluyan la obligatoriedad de la medida accesoria de que el menor agresor se someta a estos programas formativos".