Tras más de un mes de sequía, las previsiones meteorológicas anunciaban lluvia en Madrid en un domingo electoral en la vecina Castilla y León. Pero la fina llovizna no llegó. Igual que ha ocurrido con la prometida derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la ley mordaza, por los partidos del Gobierno.

Por ello, miles de personas han salido a la calle convocadas por la plataforma No Somos Delito y más de un centenar de colectivos que llamaron a la movilización este 13 de febrero contra la ley mordaza. Además de en la capital del reino, en otras 22 ciudades del Estado español han protestado por el derecho a hacerlo.

A dos días de que se reúna la Ponencia de la Comisión del Interior del Congreso de los Diputados para reformar casi siete años después de ley mordaza aprobada únicamente con los votos del Partido Popular, estas movilizaciones piden la derogación de una "ley injusta" y no una "mordaza maquillada". Porque "el acuerdo de gobierno para la reforma de la ley ha llegado con bastantes años de retraso, pero lo que es peor, no eliminará los elementos más lesivos para los derechos humanos, siendo un maquillaje a la Ley Mordaza", aseguró la plataforma en el comunicado para este 13F.

Pasadas las 12 horas, los manifestantes han recorrido la calle Atocha coreando soflamas como el lema de la manifestación: "Ni ley mordaza, ni mordaza maquillada". Otros cánticos han sido "libertad de expresión y de manifestación", "la ley mordaza mata la democracia" y "lo llaman democracia y no lo es". Una vez en la Puerta del Sol, ha actuado una batucada, la artista Alicia Ramos, el coro de la Solfónica, se ha leído el manifiesto y finalmente se ha abierto el micrófono para defender la libertad de expresión.

Tras siete años con promesas de "todo el arco parlamentario de reforma de una ley que nunca debió ver la luz, los grandes pilares que supuso la crítica de organizaciones internacionales prácticamente siguen sin tocarse", ha explicado Javi Raboso de Greenpeace España. La ley mordaza supuso para el activista "el mayor retroceso democrático desde la Transición" y la propuesta de reforma "no toca las partes que impiden el libre ejercicio de derechos fundamentales". Raboso ha señalado también que "la seguridad ciudadana no es una cuestión de orden público".

"La ley mordaza ha supuesto una criminalización del derecho a la protesta, incluyendo la libertad de expresión. La propuesta de ley de Unidas Podemos y PSOE tiene una falta de ambición brutal", según Serlinda Vigara de Defender a quien defiende. Su organización echa de menos "una perspectiva garantista con los derechos fundamentales".

Las propuestas

Como "el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión seguirían gravemente amenazados al no modificar en profundidad o eliminar los artículos que de manera recurrente han afectado gravemente al ejercicio de estos derechos", No Somos Delito y el resto de organizaciones piden la creación de los equipos de mediación policial, obligados a intervenir antes de que se produzcan cargas, y la prohibición expresa del uso de balas de goma.

La marcha también ha solicitado la derogación de la infracción por desobediencia y la de falta de respecto a agente de la autoridad al ser "cajones de sastre de la arbitrariedad policial". Estos dos artículos de ley supusieron el 70% del cerca de 140.000 sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana desde que entró en vigor en 2015 hasta diciembre de 2019, según consta en el llamamiento a la movilización de No Somos Delito. La enmienda de los partidos del Gobierno no elimina esos dos puntos legislativos. Virginia Pérez Alonso, presidenta de la Plataforma por la Libertad de Información (PLI) y directora de Público, explicó en la jornada "para impulsar una Ley de Seguridad Ciudadana respetuosa con los Derechos y Libertades" que "estos puntos son los que más castigo suponen a los periodistas y seguramente sigan adelante en la futura reforma de la ley".

Además, No Somos Delito solicita la derogación de "la infracción más polémica", la que sanciona el uso de imágenes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como por convocar una manifestación no comunicada.

Como recogen las enmiendas de Esquerra Republicana de Catalunya, EH Bildu y el Bloque Nacionalista Galego, este domingo también se ha exigido suprimir la presunción de veracidad policial. Lejos de eliminarla, la propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de PSOE y Unidas Podemos va más allá y busca convertir a funcionarios de prisiones en agentes de la autoridad y les otorga presunción de veracidad, lo que para los convocantes dificultará las denuncias de malos tratos en la cárcel.

Respecto a las personas migrantes, los convocantes han pedido también eliminar el artículo que les obliga a portar en todo momento la documentación que acredita su situación regular en España, el que ampara las devoluciones en caliente y piden prohibir expresamente las redadas por perfil étnico o racial.

La reforma ideal de No Somos Delito y que no está entre las propuestas de PSOE y Unidas Podemos pasa por eliminar las infracciones criminalizadoras de la pobreza como las que sancionan la venta ambulante, la de consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y a las mujeres que ofrecen servicios sexuales.

Debido a las elecciones autonómicas de este domingo, no ha habido movilización contra la ley mordaza en Castilla y León. Sí la habrá el martes 15 de febrero en la Plaza de Botines de León a las 18 horas.