Madrid es la comunidad autónoma con más municipios que incumplen la ley de bajas emisiones

Madrid es la comunidad autónoma con más ayuntamientos a los que el Defensor del Pueblo les ha llamado la atención por no incluir Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). En concreto, envió 11 recomendaciones a 33 municipios por el retraso en su implementación, de los cuales seis pertenecen a la región madrileña. Esta cifra destaca también por ser una autonomía uniprovincial. Le sigue con cinco consistorios en cada comunidad el País Valencià, distribuidos entre las tres provincias; Canarias, con tres islas; y Andalucía, repartidos en cuatro provincias.

En el Informe anual 2024 que el Defensor del Pueblo publica este martes, la autoridad establece que las recomendaciones realizadas a estos ayuntamientos "pueden hacerse extensibles a todos los municipios obligados por la ley a implantar una ZBE y también son aplicables a los municipios que ya cuentan con una zona de bajas emisiones en funcionamiento".

Este es el listado completo de las localidades que han recibido una llamada de atención por parte de la entidad que lidera Ángel Gabilondo:

Un informe publicado el pasado mes de julio por la red de organizaciones ecologistas Clean Cities denunciaba que solo 19 de los 151 ayuntamientos que debían implementar ZBE lo han hecho dentro del plazo establecido por ley. La organización recuerda que estas zonas son ampliamente utilizadas en otros países de Europa con el fin de mejorar la calidad del aire, salvaguardar la salud pública y abordar la crisis climática.

Desde la aprobación del Real Decreto el 27 de diciembre de 2022, se anticipa la implementación generalizada de estas medidas en las principales ciudades españolas, con un plazo máximo de 18 meses para su establecimiento.

Desde el 1 de enero de 2023, las ZBE son áreas definidas por las autoridades públicas donde se implementan restricciones al acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, siguiendo las etiquetas de la DGT. Esta medida es obligatoria para municipios con más de 50.000 habitantes, territorios insulares y municipios con más de 20.000 habitantes que superen los límites de contaminación establecidos.