Touro, la mina tóxica que la Xunta de Alfonso Rueda quiere reabrir a 30 kilómetros de Santiago
El Gobierno autonómico del PP denegó en 2020 la licencia medioambiental al proyecto de una multinacional minera, pero ahora lo considera de interés estratégico pese al rechazo social que levanta.
A Coruña--Actualizado a
La Xunta de Galicia ha declarado de interés publico y tramita las licencias para reabrir la mina de cobre del municipio coruñés de Touro, a unos 30 kilómetros de Santiago. Su superficie, a dos kilómetros del Camiño Francés de Santiago, ocupa unas 800 hectáreas de terrenos entre esa localidad y la vecina de O Pino, y alberga desde los años ochenta varias balsas y depósitos con tóxicos químicos y otros residuos contaminantes.
Se trata de una explotación a cielo abierto inaugurada durante el franquismo y que entre 1974 y 1987, bajo propiedad de la compañía Río Tinto, contaminó con metales pesados y aguas ácidas las inmediaciones y el cauce del río Ulla y los bancos marisqueros de su desembocadura en la ría de Arousa. Tras su cierre, se convirtió en un macrovertedero industrial.
Precisamente, el Ulla es el río junto al que la papelera portuguesa Altri planea construir, también con apoyo de la Xunta y la oposición de vecinos, ecologistas y mariscadoras, una fábrica contaminante de celulosa y pasta de madera en la localidad lucense de Palas de Rei.
"Los dos proyectos responden a un mismo modelo: las industrias de enclave que extraen recursos y materias primas de Galicia que luego se procesan en otros lugares, y que aquí sólo dejan contaminación y tierra quemada", advierte Che Cancelo, portavoz de la Plataforma Veciñal Mina de Touro-O Pino Non.
Cancelo alerta de que una de las nuevas balsas de residuos que prevé el proyecto tendrá tres kilómetros de longitud y rodeará varias viviendas con un cierre de 80 metros de altura. "Por hacer una comparación, la catedral de Santiago mide 79 metros en su punto más alto, y la lona de plástico para impermeabilizar la balsa será de 1,5 milímetros de espesor".
Hace cinco años, la Administración gallega frenó el primer intento de reabrir la mina de Touro. La promotora era Cobre San Rafael, vinculada a la multinacional canadiense Atalaya Mining y a Explotaciones Gallegas, sociedad de la constructora F. Gómez y Cia, que había adquirido la antigua explotación y sus terrenos. Tras años de sonada contestación social, la Xunta desaprobó en 2021 su declaración de impacto ambiental y el proyecto se archivó.
En 2023, sin embargo, Cobre San Rafael volvió a proponer la reapertura, y esta vez la Xunta respondió declarándola de interés estratégico para la comunidad, de forma que se puedan flexibilizar los trámites para ponerla de nuevo en marcha, acelerar las expropiaciones necesarias y conceder ayudas públicas con más facilidad. En noviembre pasado, el Gobierno de Alfonso Rueda presentó el proyecto a exposición pública. El plazo para presentar alegaciones acaba este 31 de enero.
"El nuevo proyecto es prácticamente igual al actual, y la ley de evaluación ambiental de 2013 deja claro que si hay una declaración de impacto negativa, no puede volver a presentarse. Pero la Xunta no sólo lo ha admitido a trámite sino que lo ha declarado de interés estratégico, en nuestra opinión de forma ilegal", añade Cancelo.
La Plataforma Vecinal Mina de Touro-O Pino Non, así como las asociaciones ecologistas, los sindicatos y las organizaciones de mariscadoras de Arousa, recuerdan además que hace solo un mes la Xunta sancionó con 18.000 euros a Explotaciones Gallegas por un vertido de sustancias peligrosas de las antiguas balsas de la mina. En 2018 ya le había impuesto una multa de 30.000 euros por una infracción similar, y en 2019, otra de 15.000 euros.
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Cobre San Rafael, con la que Público ha tratado sin éxito de contactar –el teléfono que figura en su web no corresponde a ningún usuario y la compañía no ha respondido al correo enviado por este diario–, ha asegurado en la prensa local y regional que garantizará "una gestión ambiental adecuada [...] más allá de los requrimientos legales" y que ha diseñado un modelo basado en el cuidado del medio y la correcta gestión de los residuos.
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Promete invertir 250 millones de euros con un supuesto impacto de 2.500 millones en el PIB de Galicia, además de reducir a la mitad el paro en la comarca creando más de 400 puestos de trabajo directos y otros 1.500 indirectos. Esas cifras, sin embargo, no convencen a los detractores del proyecto.
"No serán más de 100 empleos"
"No es cierto, no serán más de 100 empleos, es lo que les están diciendo a sus accionistas”, afirma Paulo Carril, natural de Touro y secretario de la Confederación Sindical Galega (CIG), el mayor sindicato del país en número de afiliados y delegados.
Según las alegaciones al estudio de impacto ambiental que ha preparado la CIG, la reapertura de la mina supondrá la desaparición completa o parcial de varios cursos de agua afluentes del Ulla y de manantiales, pozos y traídas que abastecen a la población de su entorno; además de la construcción de nuevas balsas para residuos tóxicos al aire libre.
Habrá voladuras con explosivos prácticamente a diario y, aunque la empresa asegura que su huella de carbono será cero, el sindicato alerta de que en realidad, según la documentación que ha presentado, emitirá a la atmósfera cerca de 58.000 toneladas de CO2. Es decir, casi tanto como el previsto por Altri en su celulosa de Palas de Rei.
Precisamente, las mariscadoras de Arousa alertan de que ni Cobre San Rafael ni la Xunta han estimado la interacción de la reapertura de la mina con el proyecto de Altri, que prevé extraer diariamente 46 millones de litros de agua del Ulla para devolver 30 millones de litros depurados pero aún contaminados y a una temperatura de hasta tres grados superior.
Contaminación más concentrada
"El caudal del río disminuirá y la contaminación de ambas industrias será más dañina, porque estará menos diluida y tendrá efectos sinérgicos", advierte Xaquín Rubido, biólogo y portavoz de la PDRA, "Se verterán cantidades muy importantes de materia orgánica, químicos utilizados o producidos en el proceso de fabricación de la celulosa y metales pesados procedentes de la explotación minera, que afectarán mucho a una ría muy debilitada", añade, "y a la captación de agua potable de 11 municipios, cuyas plantas potabilizadoras no están preparadas para esos contaminantes que ponen en riesgo la salud pública".
La presidenta de la Agrupación de Mariscadoras a Pé de Carril en Vilagarcía (Pontevedra), María Porto, coincide en que la mina de Touro representa una amenaza similar a la de Altri, y en que si se reabre "agravará aún más el problema de los vertidos al Ulla". Porto también advierte de que ambos proyectos responden a ese modelo depredador que la Xunta apoya en detrimento, a su juicio, de las familias que se dedican a la pesca y el marisqueo artesanal. Según un informe que la PDRA presentó esta semana, la producción marisquera en la ría de Arousa ha caído entre un 50% y casi un 90%, según las especies, en los últimos años.
La mina de Touro cerró en 1987 porque dejó de ser rentable tras el descubrimiento de yacimientos de cobre en otros países donde extraer el mineral resultaba más barato. Pero el incremento de su precio en los mercados de materias primas, casi un 45% entre 2015 y 2024, ha convertido la explotación en una nueva oportunidad de negocio rápido.
De hecho, según recuerda Xan Louzao, concejal del BNG en Touro, Cobre San Rafael prevé explotarla sólo durante 13 años. En ese tiempo se removerán 267 millones de toneladas de roca para obtener menos de 400.000 toneladas de cobre. El resto serán residuos, incluidas más de 100 millones de toneladas de rocas y arenas potencialmente peligrosas para el agua del Ulla por su capacidad generadora de drenajes ácidos.
Los opositores a la mina sostienen que el proyecto de Cobre San Rafael está plagado de errores y omisiones. Xan Louzao señala además que los documentos que la Xunta ha presentado a exposición pública están censurados y ocultan datos fundamentales sobre el entramado de las sociedades promotoras. En especial, sobre la relación entre Explotaciones Gallegas, propietaria de los terrenos, con Cobre San Rafael, y la de ésta con la canadiense Atalaya Mining y con Atalaya Touro, de capital británico y con sede en Londres, y Atalaya Rio Tinto Minera, española y radicada en Huelva.
Datos confidenciales y propieda industrial
La Xunta alega que es su obligación legal proteger datos confidenciales que afectan a los derechos de propiedad industrial de las empresas promotoras: Pero Louzao y la CIG creen que se han ocultado deliberadamente para difuminar la red de sociedades pantalla y, en su caso, para evitar responsabilidades financieras en caso de accidente.
Atalaya Mining es propiedad de la multinacional Trafigura, con sede en Singapur, y está especializada en la gestión y suminsitro de combustibles, minerales y materias primas, y del fondo de inversión Cobas Assets Management, fundada por el inversor ferrolano Francisco García Paramés. El presidente de Atalaya Mining es Neil Gregson, a su vez director ejecutivo de la división de fondos de inversión de JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos.
El consejero delegado de Atalaya Mining es Alberto Lavandeira, ingeniero de minas asturiano que ha desarrollado proyectos en España, Mauritania y Congo y que también es consejero de Black Dragon Gold, que pretende explotar la mina de Salave, en Tapia de Casariego (Asturias), el mayor yacimiento de oro de Europa y sobre el que los colectivos vecinales y ecologistas alertan de los enormes costes medioambientales que ocasionaría ponerla en marcha.
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