La empresa de seguridad privada Prosegur se ha negado a activar su protocolo de acoso por razón de sexo en el caso de una vigilante que denunció a un compañero por insultarla, vejarla e intentar atropellarla con su coche, y grabarla después en vídeo mientras la mantenía inmovilizada y aterrorizada. La dirección considera que la supuesta agresión fue "un incidente aislado" que no se corresponde con la tipificación de la figura de acoso que recoge su Plan de Igualdad.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado viernes 20 de agosto en el campus de la Universidad de Vigo en Ourense, donde Prosegur se encarga de las tareas de vigilancia de varios edificios. La compañía denegó la apertura del protocolo el martes 24 de agosto, apenas cuatro días después de la denuncia, con un fin de semana por el medio y sin siquiera dar audiencia a la trabajadora, a pesar del atestado policial levantado en el lugar de los hechos, de los dos partes médicos de lesiones que aportó la víctima y de la petición expresa que hizo su sindicato a la dirección.

Prosegur afirma que sigue investigando el suceso y que ha encargado esa tarea a un consultor externo, aunque lo cierto es que tres semanas después de la agresión nadie ha contactado con la mujer, que se encuentra de baja. La defensa legal de la víctima asegura que el caso ha sido ya remitido al juzgado.

Según la denuncia que la trabajadora presentó a la Policía la misma noche de los hechos, cuando acudió a dar el relevo a uno de sus compañeros en el campus y tras entablar conversación con él, éste comenzó a insultarla con expresiones y gestos machistas. Ella le recriminó su actitud y, durante la discusión, le impidió cerrar la puerta del coche y bloqueó la puerta del garaje en el que se encontraban. Entonces el hombre empezó a agredirla y, cuando ella sacó el móvil con la intención de grabar la agresión, el guardia la empujó y se lo arrebató.

El hombre se metió un su coche e intentó atropellarla, y cuando ella introdujo los brazos por la ventanilla del copiloto para recuperar su teléfono, la cerró aprisionándola, y empezó a conducir marcha adelante y marcha atrás arrastrándola por el suelo. Luego, se bajó del vehículo y, tras llamar a sus jefes, la grabó con su propio teléfono, increpándola mientras hacía gestos obscenos cuando ella seguía inmovilizada con las manos atrapadas por la ventanilla.

La mujer, que se orinó encima a causa del miedo, consiguió llamar a la Policía con el teléfono de un compañero que se había personado en el lugar, pero que no la auxilió. Según la denuncia, uno de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía pudo visionar el vídeo que el guardia había grabado en su móvil y se ofreció como testigo para dar cuenta de su contenido. Ante el estado de la víctima, los agentes llamaron a una ambulancia que la asistió y que la trasladó posteriormente al Servicio de Urgencias de un ambulatorio del Servicio Galego de Saúde.

En Urgencias le atendieron por "lesiones presuntamente producidas por violencia de género física y psíquica" con "sospecha de episodio de violencia verbal y física en el ámbito laboral", tal y como figura en el parte médico, al que ha tenido acceso Público. Los médicos le diagnosticaron además "crisis de ansiedad secundaria a episodio de violencia en el ámbito laboral".

Tras salir del ambulatorio, la mujer acudió inmediatamente a otro centro sanitario privado, donde le diagnosticaron una crisis de ansiedad, "miedo y nerviosismo" y "magulladuras y escoriaciones en antebrazos, muñecas, dorsos de las manos y dedos y contusiones en muslos y rodillas", causadas "por episodio de supuesta violencia en área laboral".

La empresa dice que se trata de "un incidente aislado"

El lunes 23 a mediodía, la Confederación Intersindical Galega (CIG), el sindicato al que está afiliada la trabajadora y para el que ejerce también como delegada en el comité de empresa, reclamó a Prosegur "la activación inmediata del protocolo de actuación frente a situaciones de acoso laboral". Al día siguiente, martes, la dirección de la empresa en Madrid respondió por escrito que "el incidente" (sic) "no es constitutivo de ningún tipo de acoso" puesto que se trataría de "un incidente aislado y no una acción sistemática o recurrente en el seno de la relación de trabajo".

En la respuesta de la dirección de relaciones laborales de Prosegur, a la que también ha tenido acceso Público, la empresa advierte de que "no se procederá a la apertura de procedimiento alguno de situación de acoso laboral, quedando la compañía a la espera de la investigación interna del departamento de operaciones, y de las actuaciones de los tribunales de Justicia". En la misiva, la dirección reconoce "la gravedad de los hechos denunciados", pero como única medida efectiva para proteger a la mujer, ordena que ella y su presunto agresor "no coincidan en el lugar de prestación de servicios".

No fue hasta al día siguiente, y una vez denegada la activación del protocolo, cuando Prosegur reclamó por carta a su empleada que le envíe un "informe detallado" sobre "el altercado" (sic). En esa carta le insta a aportar las pruebas de las que disponga "en un plazo máximo de 72 horas". Así lo hizo ella, pero transcurridas dos semanas desde entonces, nadie se ha interesado por su versión o por su situación, y la empresa no ha adoptado ninguna medida disciplinaria o preventiva contra su presunto agresor.

Prosegur, que entre sus productos comerciales oferta protección para víctimas de violencia machista, define la figura de "acoso por razón de sexo" en su Plan de Igualdad 2019-2023 como "cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo".

Prosegur no aclara por qué no activó el protocolo

Público ha preguntado a la empresa por qué considera que los hechos denunciados por su empleada no se corresponden con la literalidad de esa figura, por qué se archivó la petición de activación del protocolo sin ni siquiera escucharla, y por qué no se han puesto en marcha otras medidas destinadas a protegerla más allá de no hacerla coincidir temporalmente con su presunto agresor en su puesto de trabajo.

La empresa no ha aclarado esos extremos y asegura que, pese a no haber activado el protocolo de acoso, dispone de mecanismos sancionadores "que van más allá de la legislación", como el despido disciplinario, si su investigación interna demuestra que los hechos son ciertos.

De la respuesta de Prosegur a Público, sin embargo, también se deduce que la dirección de la empresa ha adoptado una posición de equidistancia, ya que atribuye el caso "a las denuncias cruzadas de CIG y UGT relativas a un posible supuesto de acoso entre dos afiliados de los citados sindicatos".

Sucede que el presunto agresor es afiliado a UGT, aunque fuentes de ese sindicato han negado que se trate de un asunto motivado o relacionado con discrepancias con la CIG o con la adscripción sindical de ninguno de ellos. Sin embargo, reconocen que han amparado la versión de su delegado, quien, a su vez, habría denunciado a la mujer en comisaría y ante la empresa por sentirse "totalmente perjudicado" por la situación.

Esas mismas fuentes de UGT, sin embargo, no han querido aclarar qué hechos precisos denuncia su afiliado ni qué pruebas o testigos ha aportado, y, frente a la carga de prueba que sí ha presentado la denunciante ante el juzgado y ante la empresa, han preferido situarse también en una posición de equidistancia entre víctima y presunto agresor.

Púbico también ha pedido la opinión de la Universidad de Vigo, en cuyo campus de Ourense sucedieron los hechos. Fuentes de la institución han asegurado que no tienen constancia oficial de los hechos porque nadie se ha dirigido a ellas, aunque aseguraron que recabarán información al respecto. "La Universidad de Vigo está comprometida con la igualdad y rechazamos cualquier tipo de agresión machista", indicaron.