El negocio de Ayuso con las escuelas infantiles moviliza a las profesionales subcontratadas

La educación de 0 a 3 años es una de las etapas escolares más descuidadas. De hecho, en muchas comunidades ni siquiera se considera un servicio educativo, sino un servicio social para que las familias puedan irse a trabajar. Es el caso de la Comunidad de Madrid, donde, además, la gran mayoría de estos centros es de gestión indirecta. Es decir, están privatizados.

Las educadoras llevan varios años advirtiendo del riesgo que supone mantener la calidad del servicio si se fomentan los contratos la baja. No obstante, la propuesta económica cada vez ha ido ganando más y más peso en los pliegos aprobados por los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la región, hasta alcanzar los 45 puntos sobre 100. 

Antes de que se modificaran los criterios de adjudicación en 2008, las entidades que se postularan como candidatas para gestionar las escuelas infantiles tenían que centrarse en presentar un buen proyecto educativo. El presupuesto estaba establecido por la Comunidad de Madrid y funcionaba por módulos. Esto es, se entregaba un dinero fijo por aula y sobre eso nadie negociaba.

A partir de esa fecha, sin embargo, los concursos se convirtieron en subastas, donde gana el contrato, sobre todo, el mejor postor. Las educadoras y los educadores han explicado a Público que los recortes han repercutido en todos los ámbitos, por eso junto a los sindicatos UGT, CCOO, FSIE y USO han organizado una serie de movilizaciones.

El día 22 de junio han convocado concentraciones en toda España, siendo el acto central ese mismo día en la capital, a las 18.00 horas, frente a la sede de la patronal mayoritaria del sector. Además, la semana del 26 al 30 de junio, han dispuesto paros parciales diarios en todas las escuelas infantiles privadas y de gestión indirecta, desde las 9.00 hasta las 9.30 horas.

Las profesionales han lamentado que las plantillas se hayan reducido. "Cada vez hay menos personal, las empresas contratan menos y, cuando les contratan, ninguno quiere quedarse para ganar el salario mínimo", ha expresado Inma, educadora especialista en psicomotricidad emocional. La profesional asegura que la brecha salarial entre las trabajadoras con plaza en la pública y las subcontratadas es de unos 800 euros.

"Antes que reducir las cantidades de las comidas de los bebés, por ejemplo, las empresas optan por ceñir el mantenimiento de las infraestructuras –algunas de las cuales se construyeron hace más de 25– años o, efectivamente, limitar nuestros salarios", ha expresado Inma. "Te diría que más del 70% de las compañeras necesitan compaginar las escuelitas con otro trabajo porque con el dinero que se gana no se puede vivir", ha asegurado.

Si bien no se trata exclusivamente de un problema de precariedad laboral, sino que se puede observar también en la calidad de la atención que reciben los niños debido a las ratios "salvajes" que se manejan, con 20 niños de dos años por cada educadora, 14 niños de un año con una trabajadora y ocho bebés para una profesional también.

En los últimos pliegos que aprobó el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso, se establece, "para compensar esta saturación", que tiene que haber una educadora de apoyo para seis aulas. "Pedimos que esos contratos no sean tan miserables para que las empresas garanticen un buen servicio", ha insistido Inma.

Con estas protestas, las educadoras aspiran a "dar difusión" a las carencias de la educación de 0 a 3 años y a que la sociedad "comprenda la importancia de cuidar esta etapa educativa, tan sensible".

"Muchas de las conductas que tenemos de adultos están relacionadas con cómo se gestionaron partes del desarrollo en este primer ciclo", ha apuntado Inma. El control/descontrol de los esfínteres, el apego ansioso, desarrollar una personalidad sólida o no, son algunos de los aspectos que pueden verse afectados, según la profesional. También en la detección temprana de niños con necesidades educativas especiales resulta esencial.

Un nicho de negocio para las grandes empresas

Por su parte, desde la Asociación de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta (AMEIGI) critican que los "contratos temerarios" favorecen que las grandes empresas se queden con gran parte de las escuelas. Compañías que antes no se habían interesado por la educación. "Es una pena, pero están desmantelando la educación pública en la Comunidad de Madrid", ha lamentado Diana Pérez, presidenta de la organización.

"¿Quién puede bajar la apuesta económica? Una pequeña cooperativa es imposible. El desgaste es brutal, muchas se van a la ruina. Las que mejor han sobrevivido son las que dejó Carmena, con un modelo sostenible, integrador... El resto no sabemos cuánto tiempo van a sobrevivir", ha afirmado Pérez. AMEIGI ha denunciado varias veces este tipo de contratos porque los precios de licitación "estaban por debajo de los costes reales".