"El Gobierno de Madrid habla mucho de libertad de elección, pero la libertad que nos dejan es la de elegir llevar a nuestros hijos a la privada", dice indignada Malena, madre de un pequeño de dos años que se ha visto obligado a abandonar su antigua Escuela Infantil Zofío y matricularse en un Colegio de Educación Infantil y Primaria ante la decisión de Isabel Díaz Ayuso de acabar con las escuelas públicas de 3 a 6 años el pasado mes de marzo.

Tanto la comunidad educativa como los sindicatos y las plataformas por la educación pública han denunciado un comienzo de curso "totalmente inadecuado" y "deficitario" en estos colegios ante la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid, pero no han recibido noticias de que la situación vaya a mejorar a corto plazo.

"Cuando me sumé a este nuevo proyecto que consistía en unificar la educación pública de cero a 12 años lo hice con mucha ilusión. Contábamos con que iba a ser un reto, un trabajo costoso, sobre todo a nivel académico y pedagógico; pero no contábamos con carencias a nivel sanitario o a nivel de infraestructuras", lamenta Carmen, educadora desde hace 27 años y una de las docentes que se postuló para la vacante de educadora coordinadora del ciclo 0-3 en un colegio donde se iba a implementar por primera vez.

"Hay coles donde los patios son peligrosos para las criaturas, que son completamente inadecuados para niños tan pequeños. Estamos hablando de una cuestión de salud", cuenta.

Desde el año 2000, y singularmente desde el 2008, la política privatizadora de los sucesivos Gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha venido relajando los criterios y parámetros de calidad a la educación infantil. Una constante que se ha traducido en un aumento del número de niños por aula (ratios), una disminución de los equipos de atención temprana (psicólogos, pedagogos, logopedas) y una escasez de inspección educativa.

Además, ha habido un crecimiento abusivo de los precios públicos, que expulsan a las familias más desfavorecidas de las escuelas infantiles y de las Casas de Niños. Conviene recordar que no son gratuitas, salvo las enseñanzas, pues se debe abonar el coste del comedor, que es obligatorio.

Un plan marcado por la descoordinación y la precariedad

"Yo lo tengo claro de siempre, me da igual que sea sanidad, residencias o Seguridad Social; la carga de trabajo recae sobre los que estamos en primera línea", asegura Carmen. Explica a Público con todo detalle cuál ha sido el panorama que se ha encontrado en este inicio de curso 2022/2023 en los CEIP donde se han abierto aulas de cero a tres años.

"Cuando llegamos a los coles en julio nos dimos cuenta del caos que era aquello: no estaban empezadas ni las obras para adaptar las infraestructuras de los patios y de las aulas. De hecho, la mayoría de nosotras tuvimos que dedicar parte de nuestras vacaciones en agosto a avanzar en las tareas de preparación del año escolar porque veíamos que no llegábamos", narra.

Pero la verdadera sorpresa, dice, fue el 1 de septiembre: "Nos encontramos el primer día con que el equipo no había llegado. Estábamos la educadora coordinadora y, en los coles con más suerte, la maestra. El personal no llegó hasta dos días antes de que empezara el curso".

Carmen cuenta que fue "muy difícil" coordinarse y preparar la acogida con sus compañeras porque el tiempo apremiaba. "En muchos centros estaban sin material alguno, en otros continuaban las obras y faltaban todas las entrevistas por hacer a las familias, y, en general, todos los preparativos que requiere un comienzo de curso adecuado. Fue como una bomba que nos explotó y, aun así, ha salido como se ha podido", añade.

"En la mayoría de los centros, los juguetes que hemos tenido los hemos traído de casa nosotras y las familias porque se nos dijo que iba a haber una dotación, pero esa dotación ha ido llegando muy poco a poco, en cuentagotas", relata.

En la misma línea, María López, secretaria de la Junta de Portavoces 0-6, una de las asociaciones que están manteniendo reuniones con los representantes del Gobierno de Ayuso para llegar a un acuerdo de mejora, cuenta atónita que el material que se ha puesto a disposición es claramente deficiente: "La propia caja indica que es para una edad que no se corresponde con bebés".

Según sus estimaciones, solo están funcionando correctamente una docena de los casi 50 colegios que forman parte de esta nueva modalidad. Hay CEIP donde los padres han formado cooperativas para poner fondos y comprar material. "Cuando hablo con dirección me dicen que no se pueden comprar juguetes ni colchonetas porque no les mandan el dinero", recrimina Julia, otra educadora que ha querido poner de relieve la situación de precariedad de este ciclo.

La financiación para la creación de las nuevas aulas procede de una dotación que ha mandado la Unión Europea, pero a los CEIP apenas les ha llegado: "Están tirando del presupuesto que tienen como colegio, aún no tienen los fondos para las escuelas infantiles, no se ha ampliado".

La comunidad educativa sitúa el centro del problema en el interés del Gobierno de Ayuso de aumentar plazas a bajo coste. "Se concedía el dinero europeo a cambio de que se crearan 5.400 plazas de cero a tres y lo han querido hacer lo más barato posible. ¿Cómo? Eliminando el 3-6 en las pocas escuelas que quedaban y utilizando las aulas vacías de los CEIP para implantar los 0-3 de aquella manera. Trabajan mucho en que aumenten las plazas, pero la calidad es bochornosa", arguyen.

"Al final todo es gastar dinero y no quieren invertir en recursos públicos. Ellos apuestan por un modelo de educación privada y, si dan algo a la pública, es porque se les exige desde Europa y el Gobierno central, pero siempre es lo justo y necesario. En cambio, sí que dan muchas ayudas para los privados", expresa de manera similar Diana Pérez, de la Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta (AMEIGI).

"Es más, los cheques de la privada salen antes que las plazas de la pública, mientras nosotras pensamos que el dinero público debe ser para una educación gratuita y lo privado que se lo pague quien quiera y pueda", añade Pérez.

La experta de AMEIGI, a su vez, desmiente al Gobierno autonómico, pues si bien es cierto que se ha producido un incremento de la financiación de más de un 7% para las "escuelitas", se trata de un dinero destinado a los salarios que, por convenio y dado este contexto de inflación, han crecido.

"Falta conocimiento de la etapa de 0-3"

La comunidad de padres y madres de las escuelas infantiles públicas estuvieron en pie de guerra durante todo el curso pasado para evitar que cerraran las aulas de sus pequeños, pero finalmente Ayuso decretó su eliminación. Algunas familias con dos hijos se encuentran este curso ante horarios imposibles, con sus criaturas asistiendo a dos centros diferentes, mientras que otras todavía siguen sin adaptarse del todo al cambio.

"Es evidente, a los ojos de cualquier persona, que había más recursos en la otra modalidad y eso es lo que pretenden, irse ahorrando recursos, dinero, para que la gente se vaya a las privadas y las concertadas. Se está menospreciando a la educación pública y horadando los recursos públicos", reivindica Emma, mamá de un niño de tres años recién matriculado en un CEIP.

Ella explica que "en casa" vivieron "como un duelo" salir de la escuela infantil La Jara porque era "un centro muy apropiado para los niños de esta edad". Destaca, además, la relación de alumnos por profesorado y aula y advierte que las ratios son mucho mayores en el nuevo colegio: "Hemos pasado de tener al peque con dos profesoras y una de apoyo a tenerle con una única educadora. Antes éramos 17 y ahora somos 20".

Tanto ella como el resto de madres se sienten muy agradecidas "con el trabajo que se ha hecho desde los centros", pero reclaman más inversión. "Hemos notado el cambio en muchos sentidos. A pesar de que las profesoras son excelentes y el cole pone todo su empeño, no tienen los recursos físicos que tenían las escuelas 0-6", exponen.

"Por ejemplo, los alumnos tienen que almorzar en un comedor al que acceden a través de escaleras. Algunos de estos niños todavía no han cumplido los tres años, ni siquiera controlan los esfínteres. Antes comían en el aula con su profe (ponían la mesa, recogían...). Como había suficientes tutoras, se podían ir turnando. Sin embargo, ahora se tienen que trasladar a un comedor con niños de todas las edades mucho más mayores que ellos, con ruido y con monitoras que no son sus educadoras la mayor parte del tiempo", continúan explicando.

"Se están incumpliendo todas las promesas que se hicieron el año pasado. Se nos aseguró básicamente que íbamos a estar en palmitas. Y, en realidad, tampoco queremos estar en palmitas, solo queremos que los niños y niñas tengan acceso a la educación que se merecen, una educación digna", comenta Malena.

Ella cuenta que otra de las cuestiones que ha empeorado es el acomodamiento de los patios de recreo y espacios de descanso: "Hemos pasado de tener un patio amplio y lleno de vegetación a que todo sea de goma y plástico".

Ambas defienden que las escuelas de 0-6 funcionaban "muy bien", tanto que "venían de otros países a ver cómo era el método". "Tenían una joyita y en vez de sacar pecho y conservarlas, han hecho lo contario. Se han cargado la joya de la Comunidad de Madrid en materia educativa. Eso sí, sólo en la pública. En la privada siguen existiendo estos modelos", resaltan. "Ya sabemos, se despreocupan de la gente más vulnerable: los más pequeñitos y los mayores en las residencias", añaden, para finalizar ratificando que, si pudieran, volverían al modelo anterior.

Las condiciones laborales de las educadoras, en tela de juicio

Las docentes tampoco están para tirar cohetes. Más allá de las condiciones "deplorables" de las infraestructuras, con aulas separadas entre ciclos y cambiadores mirando hacia las paredes (una posición que imposibilita tener vigilados al resto de alumnos), se ven obligadas a cubrir funciones que no les corresponden. Estamos hablando de "tareas básicas" como el servicio de
limpieza, lavandería o portería.

"No han contemplado que en los coles el conserje entra después y sale antes de que empiece y termine el ciclo de 0 a 3, con lo cual no hay nadie encargado de las puertas en los horarios ampliados de los centros. Las educadoras están desbordadas, les han tenido que dar llaves a las familias porque cuando llegan no hay nadie que les abran las puertas. Una completa locura", informa Pérez, convencida de que el Gobierno de Madrid hace las cosas deprisa y corriendo para vender y publicitarse".

Al mismo tiempo, Julia da gracias por que todavía queden plazas sin cubrir en su aula. "En estos momentos solo hay tres tronas para ocho niños. Además, una de las cunas es de emergencia, que no está preparada para un niño, evidentemente", señala.

La educadora habla de que el tamaño de la clase es "enano": "Ahora mismo ocupan todo el espacio, el día que empiecen a moverse no sé qué vamos a hacer", comenta incómoda al pensar en todas las labores que han
recaído sobre sus hombros sin ser tarea docente. 

"El asunto de la higiene también tiene su aquel. Ahora, las profes nos estamos encargando de la lavandería. Son niños muy pequeños, bebés, con baberos, toallas, sábanas, que hay que lavar. Tengo muchas compañeras de otros centros que se están llevando a sus casas ese material porque si no lo mantienen ellas, no lo hace nadie", dice exasperada.

"Estamos las justas -relata Carmen-. En el momento en el que falta alguna docente porque, por ejemplo, se da de baja, la situación se complica mucho. En nuestro centro se ha dado el caso de que hubo tres profes de baja y fueron las familias las que tuvieron que hacerse cargo de la situación, no llevando a sus peques porque no había manos. En el momento en que falta alguien te
quedas en cuadro".

Ella, al igual que gran parte de sus compañeras, reconoce sentirse desgastada mentalmente y denigrada por parte de la autoridad competente. "No se nos
considera una etapa educativa, sino que se nos ve como cuidadoras. Es como si al llegar aquí hubiésemos perdido el reconocimiento de golpe", remarca entre suspiros, al explicar los derechos laborales que se han dejado por el camino al pasar de las escuelas a los CEIP.

Antes tenían media hora para comer, con comida puesta por el centro, y un vestuario donde cambiarse. En los CEIP se han encontrado con que "no les dan de comer, no les ofrecen un sitio donde calentarse las comidas -si se la llevan ellas-, ni frigoríficos donde mantenerlas".

"Es un derecho que no está recogido como tal, pero que nosotras ya teníamos asumido porque lo llevábamos haciendo mucho tiempo", concluyen, recordando el mal trato que se les ha dado históricamente a los empleos femeninos.

Se muestran especialmente preocupadas por los que consideran "las principales víctimas" de esta degradación: "Estamos jugado con unos niños pequeñitos que tienen los mismos derechos que los que viven en el centro o un barrio más rico. Da igual que residan en el sur o en la periferia, estas diferencias se notan muchísimo y no deberían. Por suerte, todavía hay gente que defiende lo que es de todos", terminan.