No se trata de hechos aislados o de mujeres que, por algún motivo, han tenido malas experiencias en el sistema de Justicia. Lo que denuncian es una forma de violencia institucional que sigue patrones concretos y que se ceba con muchas mujeres que han denunciado violencia de género o abusos sexuales hacia sus hijos e hijas por parte de los padres. En muchos casos, tras años de litigio judicial, estas madres acaban siendo separadas de sus hijos porque un juzgado les retira la custodia o porque se las aparta de forma violenta de los menores, que son entregados al padre o institucionalizados. Incluso muchas pierden el derecho a tener contacto con sus hijos pequeños durante largos períodos de tiempo. 

Los casos que han saltado a la luz pública y a los medios de comunicación son sólo una mínima muestra de esta realidad, explica Chelo Álvarez, presidenta de la Federación de Asociaciones del Consejo Nacional de Mujeres Resilientes de la Violencia de Género. Una federación que aglutina a más de 30 organizaciones feministas de diversas partes del Estado y a decenas madres víctimas de esta violencia que se han unido a título individual.

"Tenemos constancia de cerca de 70 madres que han sufrido maltrato similar en el sistema de Justicia a lo largo y ancho del país, y esta cifra sigue siendo sólo la punta de un gran iceberg que no sabemos hasta dónde llega", añade Álvarez. Porque si la violencia contra las mujeres e hijos está ampliamente infra denunciada, los casos en los que existe este tipo de prácticas por parte de la Justicia tampoco se hacen públicos por el miedo que tienen las madres a que las consecuencias o represalias sean aún más graves. Según los últimos datos hechos públicos por Igualdad, se estima que en nuestro país más del 80% de la violencia sexual que sufren las mujeres nunca llega a denunciarse. 

"Lo que viven todas estas mujeres es violencia vicaria. La utilización de los hijos por parte de sus exparejas para seguir haciéndoles daño una vez que se han separado, y en este empeño la Justicia acaba siendo cómplice del maltrato", explican a Público fuentes de la organización. 

El último caso en saltar a la luz publica fue el de Sara B. B., que este diario desveló hace unos días. Desde hace dos años esta madre no puede ver a sus hijas ni hablar con ellas, pese a no tener orden de alejamiento o de incomunicación hacia las menores. El proceso judicial se inició en 2016 por un protocolo sobre posible violencia de género iniciado por el Servicio de Salud Extremeño. Los malos tratos hacia la madre y el posible abuso de la mayor de las niñas por parte del padre han sido archivados provisionalmente por falta de pruebas. A día de hoy, cinco años después de haber comenzado el calvario judicial, aún no se ha celebrado el juicio definitivo por la custodia de las niñas (de seis y cuatro años), pero Sara ya ha sido separada forzosamente de sus hijas y condenada a cuatro años de prisión y cuatro sin la patria potestad por sustraerlas, a pesar de no haberse movido nunca de la ciudad en la que vivía donde madre e hijas hacían su vida habitual. Un proceso judicial plagado de irregularidades por el que dos juezas han sido amonestadas por el Consejo General del Poder Judicial. 

También Juana Rivas fue sentenciada a dos años y medio de prisión y a seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus dos hijos. La última decisión la tomó recientemente el Tribunal Supremo. Según los hechos probados el Alto Tribunal entiende que no existió motivo justificado para que Rivas se escondiera durante un mes con sus hijos en agosto de 2017. La sentencia afirma que los malos tratos por parte de su expareja que Rivas denunció en julio de 2016 en Granada "no han quedado acreditados". De hecho, ninguna de las denuncias que interpuso Rivas han sido investigadas y el caso de malos tratos hacia sus hijos sigue avanzando a paso de tortuga en Italia, mientras ella ya ha sido condenada en nuestro país por sustracción. Una descoordinación de los sistemas judiciales de los dos países que ha sido denunciada por organizaciones feministas y por los abogados que llevan su causa en España e Italia. 

No son los únicos nombres propios: Ana Bayo, Patricia González, Luz, María Sevilla, María Ugarte, María Isabel Martínez, Verónica S., Silvia Aquiles, Karen Gutiérrez, Daría Sidorkevich o Irune Costumero, son algunos de los pocos nombres propios que tiene esta violencia.

Reparación del daño

En un comunicado que tiene como destinatario el Gobierno (incluidos los ministerios de Igualdad y de Justicia), el Consejo Nacional de Mujeres Resilientes de la Violencia de Género pide "una reparación del daño inmediata para que las criaturas que han sido arrancadas sean devueltas a su único vínculo de seguridad, que son sus madres protectoras" y que la violencia vicaria y el maltrato institucional "aparezcan reflejados en la ley de violencia de género y la ley de infancia". 

Resaltan que "gracias a la valentía de Rocío Carrasco y al apoyo de los medios de comunicación", en las últimas semanas "estamos siendo testigos de una situación histórica en lo que a la violencia vicaria se refiere y se está visibilizando la peor de las violencias que un hombre puede ejercer contra su expareja, maltratando de manera brutal a sus criaturas".

La violencia vicaria, afirma al comunicado, "cuenta con el beneplácito y el respaldo absoluto de las instituciones y del sistema judicial al completo, convirtiéndolo en un laberinto sin salida y en un maltrato institucional para las madres y para las criaturas".

La institucional es tal vez la más oculta e invisibles de las violencias que sufren estas madres cuando quieren proteger a sus hijos. Hace unos meses la propia delegada del Gobierno contra la violencia de género, Vicky Rosell, lamentaba en una entrevista a este diario que este tipo de violencias no haya sido tenida en cuenta dentro de la última macroencuesta elaborada por el Ministerio de Igualdad. En este amplio informe elaborado en 2019 y hecho público en septiembre de 2020 no hubo ninguna pregunta destinada a conocer el alcance de la violencia vicaria ni la ejercida por la propia Justicia e instituciones del Estado.

Una llamada a la movilización con amplio apoyo

Para visibilizar esta situación y exigir cambios al Gobierno, la federación está circulando un manifiesto al que animan a otros a sumarse y han convocado concentraciones para el próximo día 17 de mayo a las 19.00 horas en frente al Ministerio de Justicia u organismos judiciales de ciudades como Madrid, Barcelona, València, Mallorca, Zaragoza o Granada.

La convocatoria y el comunicado han conseguido un amplio respaldo entre organizaciones feministas, de juristas, sindicatos y partidos políticos. Entre las adhesiones figuran la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), la Federación de Mujeres separadas y divorciadas, la Plataforma 7N, la Federación de Mujeres Progresistas, la Asociación de Psicología y Psicoterapia feminista o el UGT a nivel federal, entre casi 160 adhesiones que han recabado hasta este viernes.