Un grupo de 25 plataformas, federaciones y organizaciones que aglutinan a cientos de movimientos feministas exigen en un documento que se ponga en marcha una comisión de investigación formada por expertos independientes que revise sentencias y analice en profundidad los fallos del sistema de Justicia cuando las mujeres denuncian violencia de género y, sobre todo, abusos sexuales hacia sus hijos, y que proponga soluciones. Lo han hecho en un documento en el que exigen el indulto para las "madres protectoras", aquellas que han intentado defender a sus hijos e hijas contra el abuso sexual por parte de sus exparejas y que al final de largos procesos judiciales han acabado criminalizadas, sin la custodia de sus hijos e incluso con penas de cárcel. En muchas ocasiones los acusados acaban quedándose con la custodias de los hijos de los que supuestamente abusaron.

No se trata de casos aislados. A lo largo de los últimos años decenas de mujeres han comenzado a denunciar los fallos en el sistema de Justicia, y la Federación de Asociaciones del Consejo Nacional de Mujeres Resilientes de la Violencia de Género (un grupo de organizaciones que se han unido para denunciar estos casos), afirma tener documentados más de 400 a lo largo y ancho del territorio español.

La idea, afirman las promotoras de la medida, es crear una comisión al estilo de la que se formó en Francia en enero de 2021 ​bajo el nombre de Comisión independiente sobre el incesto y las violencias sexuales contra menores (Ciivise) formada por 27 expertos independientes y que se espera que produzcan un documento en 2023 en el que propongan mejoras legislativas y que pondrá el foco en uno de los problemas clave: la falta de credibilidad a la que se enfrentan tanto madres como menores cuando denuncian abusos sexuales por parte de sus padres.

Para las organizaciones, una comisión de estas características debería arrojar luz sobre los fallos y barreras que encuentran las madres y sus hijos en la Justicia cuando denuncian estos casos y proponer soluciones. Otro objetivo, afirma el documento, es que sirva para que "se revisen sentencias que constituyen graves violaciones de los derechos humanos, se brinde inmediata protección a niños y niñas que se encuentran conviviendo con progenitores maltratadores, y se evite el encarcelamiento (o deje sin efecto el mismo) de mujeres y madres inocentes, que están luchando para proteger a sus hijas e hijos".

"El sistema Judicial es endogámico", afirma Altamira Gonzalo, socia y exvicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, una de las organizaciones firmantes del documento. No se trata sólo de cambiar leyes, añade. "Muchas veces creemos que los cambios legales, siendo importantes, solucionan los problemas, pero no es así. En España tenemos leyes e instrumentos suficientes que en su redacción son neutros y no discriminatorios. Lo que es discriminatorio es la aplicación y la interpretación estereotipada que se hace de esas normas. Lo que no es neutra es la cabeza de quién interpreta esa ley. Ahí radica el principal problema". 

Gonzalo recuerda que ya en 2014 el comité antidiscriminación hacia la mujer de Naciones Unidas (CEDAW, por sus siglas en inglés), exigió a nuestro país una revisión del funcionamiento de la Justicia y poner en marcha iniciativas para eliminar los estereotipos en el sistema judicial. Lo hizo en el caso de Ángela González Carreño, una madre que presentó más de 50 denuncias para impedir que su hija Andrea tuviera visitas no vigiladas con su padre al que había denunciado por violencia de género. A pesar de las denuncias de la madre y de las amenazas de hacerle daño a la niña, ésta no fue protegida. En una de las visitas el padre asesinó a la niña de siete años. Sólo en 2018, casi 15 años después de haber iniciado su lucha por que se reconocieran los fallos, el Tribunal Supremo le dio la razón y afirmó que hubo negligencias por parte del Estado.

Muchas de las medidas que había solicitado la CEDAW en este caso no han sido aún implementadas o han sido incluidas en las leyes muy recientemente. Hace unos pocos días, el Ministerio de Justicia reconocía los fallos del Estado en el caso de Itziar Prats, cuyas hijas fueron asesinadas por su padre en 2018 en Castellón. 

El 25 de junio del año pasado entró en vigor la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, un texto que tanto desde las organizaciones de defensa de los menores como de juristas se considera clave, pero que aún arroja interrogantes sobre su aplicación. Según el texto de la ley, los jueces deberán de oficio suspender las visitas, estancias, relación o comunicación con los menores, cuando los padres estén incursos en procesos por violencia de género, pero "podrán no acordar la suspensión mediante resolución motivada en el interés superior del menor y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial".

Gonzalo afirma a Público que, aunque se trata de una buena medida, es necesario ver cómo se aplica en la práctica y resalta que, a falta de un análisis más amplio, según los datos hechos públicos por Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la violencia de género en el tercer trimestre del año (cuando la norma ya estaba en vigor), sólo se suspendieron las visitas en un 8,7% de los casos. "Supone un avance, porque los datos anteriores mostraban que sólo se hacía en un 2,5%, pero aún así es un dato muy bajo, que refleja jueces y juezas no aplican la ley de forma contundente". 

"Lo que vemos es una resistencia del Poder Judicial par aplicar la perspectiva de género, lo que supone un desprotección hacia las madres y sus hijos e hijas", abunda Gonzalo. Y afirma que una comisión de investigación debería depurar las responsabilidades individuales y que se puedan identificar a quien falla, "porque hablar de Estado no sirve para ver los fallos individuales y tomar medidas concretas", añade en alusión a la falta de fiscalización que existe en nuestro país en relación a las actuaciones de jueces y juezas por parte del CGPJ. La jurista apunta que una investigación sobre las acciones del Poder Judicial debería estar incluida en el pacto de Estado contra la violencia de género que recientemente se ha blindado con entre las distintas fuerzas políticas, exceptuando a Vox. 

"Las que llevamos años defendiendo a mujeres víctimas de violencia de género vemos que hay barreras en la Justicia, que son obstáculos para que las mujeres se atrevan a denunciar. Son muy pocas las que denuncian y las experiencia de las que lo hacen son amargas", concluye Gonzalo.

Solo el 21% de las víctimas de violencia de género a lo largo de 2021 habían presentado denuncia. Este porcentaje es consistente a los largo de los últimos años. Por lo que respecta a las agresiones sexuales en la infancia, los pocos datos que existen apuntan a que esta cifra es aún mucho más baja. Diversos estudios de organizaciones como Save the Children y organismos de la Unión Europea coinciden en que uno de cada cuatro menores (en su gran mayoría niñas), sufren abusos en la infancia por parte de un familiar cercano. Sin embargo, se estima que solo en el 15% de los casos se llega a presentar una denuncia, y que el 70% de ellas nunca llega a juicio. Se desestiman en la fase de investigación por falta de credibilidad del relato de los menores o de las madres.

Uno de los principales motivos por los que no los cree es por la aplicación del conocido como Síndrome de Alienación Parental, una supuesta patología sin base científica que no está reconocida por ninguna institución médica o psiquiátrica internacional y que acaba culpando a las madres de influir en sus hijos e indisponerlos contra los padres. Este falso síndrome es el culpable de que muchas de las madres que entran en el sistema de Justicia denunciando abusos sexuales o violencia de género hacia ellas y sus hijos, acaben en el proceso sin la custodia de sus hijos e incluso en la cárcel. No existen datos sobre su uso en los juzgados, aunque su incidencia es alta, tanto en los tribunales como en los servicios sociales y equipos psicosociales de los juzgados y eso es precisamente sobre lo que las organizaciones quieren que la comisión investigue y arroje luz.

Un supuesto síndrome que afecta a las madres

Desde hace años el CGPJ pide que no se utilice en la impartición de justicia, y la recién aprobada ley contra la violencia en la infancia lo ha prohibido, aunque diversas juristas son escépticas sobre su aplicación puesto que no contempla sanciones ni un mecanismo para denunciar su uso. 

Hace pocos días ocho expertos independientes de Naciones Unidas dijeron a España que "tiene que hacer más" para defender los derechos de los niños y las niñas víctimas de violencia de género y abusos sexuales cuando éstos entran en los tribunales y por no discriminar a las mujeres cuando denuncian dichas violencias. En un duro comunicado afirmaba que el sistema de justicia "no los protege de padres abusivos" y exigen que los tribunales "superen los prejuicios contra las mujeres" y apliquen "un enfoque centrado en los niños y de género".

Por su parte, la Relatora Especial de Naciones Unidas contra la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, afirmó poco después a este periódico que tiene más de 30 denuncias desde 2019 de madres que acaban sin la custodia de sus hijos tras denunciar violencia de género o abusos sexuales hacia ellos y denunció que existe un "patrón estructural" en la Justicia de nuestro país que desprotege a los niños y discrimina a las mujeres.