Los delitos no tuvieron repercusiones, puesto que los responsables tuvieron la oportunidad de seguir trabajando en el sector de la ayuda humanitaria permaneciendo ocultos sus crímenes. En su encubrimiento tuvieron un papel preponderante los responsables ejecutivos de Oxfam. Aunque sin duda el mayor encubridor y perpetrador de los terribles actos acaecidos en Haití es Roland van Hauwermeiren, director de la organización en el país caribeño. De acuerdo a las investigaciones, el encargado consintió y promovió la prostitución de menores –ilegal en Haití- en su residencia personal y sus jefes permitieron una salida digna de la ONG a tres trabajadores implicados, tapando el escándalo para no perjudicar su reputación humanitaria.

Lejos de quedarse en un caso aislado dentro un dramático contexto, las revelaciones se han extendido a territorio británico con la noticia de que voluntarios de 14 años de edad denunciaron abusos sexuales de trabajadores de Oxfam en tiendas de Reino Unido. Estas informaciones salen a la luz después de que la exjefa de seguridad de la oenegé fuera obligada a dimitir cuando reveló a la dirección ejecutiva estos delitos.

Entre los documentos revelados se encuentra un informe interno en 2011 que concluía la explotación sexual y la "cultura de la impunidad" que regía entre algunos miembros de Oxfam en Haití. Hasta el momento, la única dimisión a nivel ejecutivo ha sido la de Penny Lawrence –directora adjunta-, que en 2010 era la directora de programas internacionales, mostrando su plena responsabilidad en cómo manejó Oxfam los escándalos sexuales. En una semana nefasta para la ONG, su descrédito se ha visto acrecentado por la detención en Guatemala de su presidente internacional Juan Alberto Fuentes, por presunta corrupción relacionada con el cargo de ministro de Finanzas que ostentó en el país centroamericano entre 2008 y 2012.

La confederación de Oxfam en España ha tenido que salir al paso de las investigaciones para evitar ser desprestigiada y que pueda producirse una salida en cascada de socios. Según las primeras estimaciones de la entidad, 1.200 socios han llamado para darse de baja sobre un total de 193.000 socios fijos. En lo que concierne a los casos de abusos, Oxfam Intermón ha detallado en rueda de prensa que ha reportado cuatro casos de abusos a lo largo de cinco años, desde que en 2012 reforzara sus protocolos para detectar y sancionar abusos en su equipo operativo.

Estos casos correspondían a conductas sexuales inadecuadas de sus trabajadores –todos hombres- en África y América Latina, como prostitución, comentarios sexuales inapropiados o acoso e intimidación hacia una trabajadora. Desde la oenegé han querido resaltar que todos los casos se resolvieron con el pertinente despido y reflejo en sus expedientes, dejando claro que se trata de “una organización donde trabajan 1.400 personas y que cuenta con otras 1.700 personas voluntarias. Un total de 3.100 personas íntegras y comprometidas en la lucha contra la pobreza”. “Queremos fortalecer aún más nuestros protocolos frente a estas situaciones y con ello demostrar tolerancia cero ante el acoso y el abuso sexual y que actuamos con contundencia y transparencia”, declaraba el director de Oxfam Intermón José María Vera.

En un esfuerzo porque estos casos de abusos no se produzcan bajo el amparo de la organización, Intermón asegura que “reforzará más el sistema de contratación de personal y se compromete a publicar anualmente información resumida sobre las denuncias que reciba y su resolución”.

Las repercusiones de los abusos llegan a España

Desde la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en España que integra a 76 organizaciones de ámbito estatal y 17 de carácter autonómico, su presidente Andrés Rodríguez expresa su rechazo hacia cualquier abuso y violación que se produzca en el ámbito de la cooperación internacional, más si cabe en el contexto de una catástrofe humanitaria dónde las mujeres están todavía más indefensas. “Hay que defender la labor de las ONG humanitarias y no se puede dudar de la cooperación internacional por la actuación de unas pocas personas. Estos casos harán pensar a mucha gente acerca de si en el resto de organizaciones se dan este tipo de casos o no. Las ONG tienen mecanismos de respuesta y códigos de conducta para detectar estas situaciones. Esto tiene que servir para que se aprenda la lección y se generalice en el conjunto del sector”, añade el responsable de la coordinadora.

Teniendo en cuenta la idiosincrasia de su organización y a quien se dirige su ayuda, Save The Children fue una de las primeras organizaciones no gubernamentales en establecer unos códigos éticos férreos que detectaran abusos de sus cooperantes a compañeras de trabajo y menores. En 2008 ya alertaba en su estudio sobre los abusos perpetrados por cascos azules de la ONU en Haití, Liberia, Costa de Marfil o la República Democrática del Congo (RDC), entre ellos la prostitución infantil, que “todas las agencias humanitarias y de paz que trabajan en situaciones de emergencia, incluida Save the Children, deben aceptar el hecho de que son vulnerables a este problema y tratarlo directamente".

De hecho, la organización que vela por los derechos de la infancia fue contactada por el tabloide The Sunday Times a raíz de los hechos descubiertos en Oxfam Reino Unido. En su afán por la tolerancia cero con los abusos sexuales, la ONG accedió a la petición del periódico detallando 31 casos de denuncias entre trabajadores de Save The Children, nunca contra la población civil. Las denuncias se saldaron con la expulsión de 16 profesionales y la puesta en conocimiento a las autoridades sobre 10 casos con posibles implicaciones penales.

“Estos casos ponen de manifiesto que los protocolos funcionan. En nuestra organización tenemos códigos muy estrictos porque trabajamos con la infancia y cualquier trabajador, este en contacto directo con los niños o no, tiene que tener un certificado libre de antecedentes de delitos sexuales. Los protocolos son infinitamente más estrictos que en cualquier otra”, detalla su directora de comunicación Laura Domínguez. Otra de las organizaciones más visibles en el terreno de la cooperación como Médicos Sin Fronteras también se ha visto obligada a informar sobre 24 casos de acoso y abusos sexuales dentro de su organización, resueltos con el despido de 19 personas.

A estas alturas, queda en evidencia que los abusos desvelados han tambaleado los cimientos de las organizaciones no gubernamentales y ha puesto en tela de juicio la labor de ayuda que caracteriza a las ONG. Los tabloides británicos han emprendido una cruzada contra de cualquier subvención pública hacia estas entidades, sumada a la amenaza del gobierno británico de retirar las subvenciones que recibe el sector. Incluso la Comisión Europea, a través de su portavoz de Asuntos Exteriores, ha asegurado estar lista “para revisar y si fuera necesario retirar la financiación a cualquiera de los socios que no cumpla con los elevados estándares éticos necesarios”.

En España, Oxfam Intermón audita sus cuentas anualmente teniendo en consideración los estándares de transparencia que impulsa la Coordinadora de ONG para el Desarrollo. En su memoria del ejercicio 2016-2017, Intermón tuvo unos ingresos de 102.1 millones, de los cuales el 63% fueron fondos privados provenientes de socios, donantes particulares y su marca Oxfam y el 37% correspondieron a subvenciones de la Unión Europea (62%), Gobierno (10%) y comunidades autónomas (6,8%). En el balance de sus cuentas, Oxfam tuvo 1,6 millones de superávit destinando el 85% a sus programas de cooperación internacional. Save The Children también desglosa la procedencia de sus ingresos en España, con un 33% de dinero procedente del sector público, un 45% de particulares y un 22% de empresas y fundaciones.

“Realmente existe el miedo y el riesgo de que traten de ensuciar nuestra imagen como primer paso para que nos quiten subvenciones. Save The Children y Oxfam resultamos incómodas para los gobiernos porque realizamos campañas de presión cuando un gobierno tiene leyes con las que no estamos de acuerdo, como el incumplimiento de las cuotas de refugiados o la desigualdad. Intentar extrapolar esos casos a algo sistemático del sector nos produce mucho desasosiego y ojalá no pase”, lamenta la directora de comunicación de Save The Children.

Montserrat Abad, catedrática de derecho internacional público en la Universidad Carlos III, echa en falta unos mecanismos internacionales realmente vinculantes que permitan controlar -para lo bueno y para lo malo- a las ONG: “Actores tan relevantes en el plano internacional como Oxfam están haciendo tareas en el plano internacional por encima de la labor de los Estados, e incluso reemplazando lo que ellos no quieren o no pueden hacer. En el plano jurídico no existen instancias internacionales ni mecanismos de control para acudir ante ellos, en gran medida porque los estados no quieren ceder su soberanía y dejan en un segundo plano el derecho internacional”.

En una época marcada por el movimiento #MeToo que denuncia el acoso hacia las mujeres y que ha empañado a la industria del cine hollywoodiense, quizá sea el año y la oportunidad idónea para acabar con los abusos en el mundo de las organizaciones humanitarias. En base a una encuesta realizada por la Red de Mujeres Humanitarias, cerca de un 60% de trabajadoras del tercer sector afirman haber sufrido acoso, abusos o agresiones sexuales; de las cuales únicamente el 19% se saldó con un castigo hacia el agresor.

El presidente de la Coordinadora de ONG asume que, en unas sociedades de marcado carácter machista y patriarcal, las organizaciones también corren ese riesgo: “No podemos caer en el infantilismo de que, como somos ONG que nos dedicamos a la ayuda y a los derechos humanos, vamos a estar ajenas a este tipo de problemas”.

Para Laura Domínguez, estos hechos marcarán un antes y un después como se ha producido en el mundo del cine: “Es un reflejo de la sociedad en la que estamos, donde hay unos patrones de comportamiento por parte de hombres que ven como normal algo que no lo es. Afortunadamente creo que en el sector de las ONG vamos muy por delante del mundo empresarial en la denuncia de estos casos, con políticas de género y una vigilancia total del porcentaje de mujeres, de los salarios y de categorías profesionales para que las mujeres no queden a la cola”.