La historia de Maury Rodríguez es particular, pero podría ser la de tanta otra gente que está pasando dificultades por culpa de la pandemia. Este barcelonés de 43 años trabajaba por horas montando escenarios para eventos, como el Mobile World Congress, pero en octubre prescindieron de él porque con la covid no hay escenarios que montar. Sin ahorros ni derecho a paro, ni nadie a quien acudir, no le quedó otra que dejar de pagar los 350 euros mensuales de la habitación realquilada en la que vivía. Aguantó dos meses así, y desde diciembre vive en la calle.

Casos como el suyo no son aislados, según reconocen tanto entidades sociales como el Ayuntamiento de Barcelona. Pese a todo lo que se ha hecho para mitigar las consecuencias sociales de la pandemia, –los ERTE, otras prestaciones económicas o la paralización temporal de desahucios–, sigue habiendo gente que termina en la calle sin un techo, en especial entre quienes están en habitaciones realquiladas y se quedan sin ingresos, a veces incluso aunque no se encontrasen en la economía sumergida, como es el caso de Maury. Tampoco ayuda no tener papeles o alguien alrededor que pueda prestar su apoyo.

Por la noche, Maury se refugia en la zona del puerto. De día, acude a la iglesia de Santa Anna para desayunar y comer, y al Gimnàs Social Sant Pau, donde se ducha, se cambia con ropa limpia y recoge comida preparada para cenar. Lo suyo puede ocurrirle a cualquiera, advierte: "Ninguna persona está exenta; con una mala racha de dos meses sin trabajo ni dinero ahorrado, te vas a la calle".

Para él esto es nuevo, y lo único que intenta es conseguir un empleo para volver a una habitación. Pero no encuentra nada. "Necesito un trabajo para salir de esta situación lo antes posible", insiste. Entre tanto, presta su apoyo al recién creado Sindicato de Personas Sin Hogar de Barcelona, que reclama al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat de Catalunya un plan de choque para erradicar el sinhogarismo. No entienden cómo habiendo 13.000 pisos vacíos haya gente viviendo en la calle, que no lo tiene nada fácil.

La situación es especialmente dura para las mujeres: según una encuesta de Assís, el 64% de las que atendió en 2020 declararon haber sufrido violencia en la calle y delitos de aporofobia, frente a un 52% en el caso de los hombres. A todo ello hay que sumarle hechos como el que le ocurrió este febrero a una persona que dormía a las puertas del Gimnàs Social Sant Pau y a quien intentaron quemar viva.

Desde la declaración del primer estado de alarma de la pandemia –el 14 de marzo de 2020–, han muerto 23 personas que vivían en la calle, según Arrels. La creación del sindicato es un síntoma más de que no basta con lo que se está haciendo para abordar el sinhogarismo. Las entidades sociales relatan que, con la covid, quien ya estaba en una situación precaria y cuyo hogar pendía de un hilo ha tendido a ir a peor, como si bajara un peldaño más, y el último es la calle.

En los primeros meses de la pandemia, el Ayuntamiento de Barcelona creó unos dispositivos de atención de emergencia con los que concluyó que el 40% de personas que se habían quedado en la calle ya procedían de una situación de mal alojamiento o infravivienda. En Arrels Fundació también constataron en noviembre mediante una encuesta que el 22% de las personas que pernoctan en la calle lo han hecho por primera vez en esta pandemia, si bien el director de Arrels, Ferran Busquets, cree que los datos pueden ser peores porque no todo el mundo contesta.

El 'sinhogarismo' va al alza

El Ayuntamiento tenía este febrero contabilizadas 914 personas pernoctando en la calle, frente a las 1.077 de febrero de 2020, justo antes del estallido de la pandemia. "Es de las cifras más bajas de los últimos años", reivindica la comisionada municipal de Acció Social, Sonia Fuertes, pese a que es solo una porción de la realidad. El Consistorio tiene ahora 2.700 plazas en equipamientos para personas sin hogar, 500 más que en febrero del año pasado, y están llenas. En Arrels Fundació han atendido a 820 personas este febrero, 114 menos que un año antes: hay menos que pasan por su centro abierto porque las medidas anticovid les obligan a priorizar a las que están en una situación más delicada.

También se da la circunstancia de que hay más recursos disponibles, y algunos tienen un papel crucial, como el Gimnàs Social Sant Pau. Atiende a 1.066 personas: de ellas acuden una media de 170 al día, seis días a la semana. "Hemos pasado a ser temporalmente un proyecto asistencialista por las necesidades del momento", relata Ernest Morera, que está al frente de este espacio, cuya tarea desarrolla en colaboración con Servicios Sociales. Antes de la covid ya tenía un fuerte compromiso social –la cuota del gimnasio la pagaba quien podía– y ha seguido adelante pese a estar en permanente riesgo de desahucio. Esta semana el gimnasio anunció que denunciará al Consistorio por reactivar la licencia de obras pedida por la propiedad del espacio.

Según Morera, "se ha notado un aumento de la demanda social, y cada vez irá a más", sobre todo entre quienes viven en habitaciones realquiladas o quienes estaban sin contrato y los han echado sin tener derecho a una prestación. "Si la economía sumergida no ha estado cubierta y las ayudas, a parte de insuficientes, han llegado tarde, es la tormenta perfecta", reflexiona Morera, si bien cree que, además de haber más dificultades, lo que ocurre es que se visibilizan "las vergüenzas" ya existentes: "Lo que ha hecho la crisis ha sido evidenciar las desigualdades que hay".

En Càritas Barcelona coinciden en ello, y detallan que 5.500 personas viven en viviendas sin ningún ingreso económico –el 21,2% de las que acompaña–, lo que se ha multiplicado por 2,6 en comparación con antes de la pandemia. "La covid ha evidenciado que hay más sectores de la población que sufren la exclusión residencial", corrobora Fina Contreras, responsable de Sinhogar y Vivienda de Càritas Barcelona, donde han tenido que redoblar las ayudas al alojamiento. Cuenta que ya se venía de "una situación muy crítica", en parte porque se ha tratado la vivienda "como un negocio", pero esta crisis tiene tintes diferentes: el trabajo en negro tampoco ha sido una alternativa para subsistir; han aumentado los conflictos en los hogares, empeorando la salud emocional, y hay que saber moverse por internet para obtener ayudas, ahondándose así la brecha digital.

Hay que garantizar los ingresos

El Ayuntamiento ha aplicado un plan de choque social por valor de 35 millones de euros, resalta Fuertes, y admite que "la pandemia ha puesto de relieve los mecanismos de protección social que no funcionaban". Reclama una estrategia catalana de sinhogarismo para garantizar un abordaje transversal del fenómeno, si bien tanto el Consistorio como sobre todo las entidades consideran que hay que garantizar de una vez por todas unos ingresos mínimos, y eso significa hacer extensibles mecanismos como la renta garantizada de ciudadanía. "Si los ingresos de las personas no se mantienen, a la larga esto abocará más gente a la pobreza, y poco a poco llegará más gente a la calle", advierte Busquets.

Para Contreras, ahora hay la oportunidad de "garantizar unas normativas para dar cobertura a la sociedad": favorecer los salarios dignos, ayudas para no perder la vivienda, más vivienda social y regular los precios del alquiler. "Con ingresos y vivienda, te aseguro que tenemos futuro", subraya, y añade que hay una decisión que podría tomar la Administración y que facilitaría lo demás: "Decidir que ninguna persona vivirá en la calle en Barcelona". A partir de ahí ya se buscarían las soluciones.