Los centros educativos concertados del País Vasco afrontan un invierno caliente. Desde este jueves y hasta dentro de un mes, los principales sindicatos de este sector mantendrán una huelga general en estas escuelas, donde estudian más de 100 mil alumnos y trabajan unas nueve mil personas. La principal patronal del sector, Kristau Eskola –que aglutina a los colegios religiosos de Euskadi– no ha logrado evitar que los paros se hagan realidad. El diálogo, en cualquier caso, continúa abierto.

“Hemos estado reunidos y ha habido avances. Seguiremos negociando”, afirmaron a Público fuentes del sindicato ELA, mayoritario entre los centros concertados. No se trata de una protesta más: según un artículo publicado en mayo de 2018 por El Salto, Euskadi es la comunidad autónoma con mayor número de enseñanza subvencionada de todo el Estado. En septiembre pasado, el Gobierno Vasco anunció que para este curso destinaría 606 millones de euros a financiar la educación concertada.

Frente a esas cifras, los sindicatos ELA, LAB, CCOO y Steilas advierten que llevan diez años sin renovar el convenio. “Menos oración, más negociación”, decía una de los carteles portados por las trabajadoras del sector en las protestas realizadas en junio pasado. Ahora vuelven a la calle, atendiendo a la convocatoria lanzada por esas cuatro centrales sindicales, que ostentan el 97% de la representación. UGT, con el restante 3%, se descolgó de las movilizaciones.

"Más cerca que nunca"

Los sindicatos reclaman, básicamente, una serie de mejoras en las condiciones laborales plasmadas en un nuevo convenio. Kristau Eskola –integrada por 128 colegios– decía en las horas previas a esta primera jornada de huelga que se han acercado posturas y que el acuerdo podría estar “más cerca que nunca”.

De hecho, las negociaciones emprendidas con la figura de un mediador en el Consejo de Relaciones Laborales continuarán de forma paralela a las movilizaciones. Además de Kristau Eskola y los principales sindicatos, también están sentadas en la mesa las patronales Aice-Izea, Colegios Diocesanos e Ikasgiltza, así como el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. En ese contexto, las Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) han reclamado que se acerquen posturas e intenten llegar a un acuerdo lo antes posible.

Por su parte, el Gobierno Vasco ha decidido incrementar los servicios mínimos, algo que ha sido criticado por los sindicatos. El responsable de Educación Privada de CCOO, Julen Llanos, no dudó en calificarlos como “abusivos” y advirtió que “intentan claramente minimizar los efectos de esta huelga”.