La secretaria general de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ha denunciado hoy durante la "Conferencia Internacional sobre libertad de expresión" en Doha (Qatar) el deterioro de la libertad de información en todo el mundo, ofreciendo los datos que respaldan este grave balance. 

En la Conferencia, que ha contado con la presencia de organismos internacionales como la ONU y la UNESCO y una asistencia de unos quinientos periodistas de los cinco continentes, la secretaria general de la Plataforma, Yolanda Quintana, ha explicado que "solo en 2017 ya se han producido 39 muertes de periodistas" y que "han sido encarcelados 150 periodistas por hacer su trabajo y cerrado 180 medios". 

"Los defensores de la libertad de prensa e información solemos decir que no se mata a la verdad matando al periodista. Sin embargo, estamos en un momento en el que la verdad es un derecho al alcance de cada vez un menor número de ciudadanos en todo el mundo" ha declarado la secretaria general durante su intervención. 

Los datos que ha dado no son pocos: "Solo en 2017 ya se han producido 39 muertes de periodistas y otros trabajadores de equipos informativos. México (con 9 muertes), Irak (6), Afganistán (6), Pakistán (3), Yemen (3), Rusia (2) y República Dominicana (2) encabezan la lista de países con un mayor número de muertes".

Además, ha recordado que en el último año "han sido encarcelados 150 periodistas por hacer su trabajo y se han cerrado 180 medios" y que, comparado con los periodistas encarcelados en 2016, "es casi la mitad". 

También ha llamado la atención la semejanza de las amenazas legales contra la libertad de información y expresión en todo el mundo, al aumentar las "leyes terroristas, las de orden público, las que tratan de delitos de odio" no solo para combatir estos delitos o los ciberdelitos, sino al ser utilizadas "contra los periodistas y sus fuentes" y "contra artistas y contra activistas en países de los cinco continentes”.

La secretaria general ha denunciado que esto ocurre al tratarse de leyes "con una redacción amplia y ambigua que está permitiendo decenas de juicios y procedimientos sancionadores cuya finalidad no es asegurar la seguridad de los ciudadanos o la prevención de delitos, sino directamente censurar expresiones o informaciones que pueden ser críticas o radicales, pero amparadas por los Textos Legales internacionales sobre libertad de expresión".

Yolanda Quintana también ha aprovechado su intervención para analizar el papel de la tecnología y alertar sobre las amenazas que puede conllevar: desde "vulnerabilidades para periodistas, informadores independientes y activistas" hasta su uso como "arma de ataque: spyware, ciberpropaganda o ciberacoso". 

Para ilustrar esta reflexión, Yolanda Quintana ha relatado el caso de Ahmed Mansoor, activista en defensa de los Derechos Humanos en Emiratos Árabes Unidos, en prisión desde el 20 de marzo de este año. En 2011 descubrió en su "smartphone un software espía desarrollado por NSO Group", una compañía de "ciberarmas" con sede en Israel que vende spyware para supuestas "interceptaciones legales" de uso exclusivo de los gobiernos.

"Los DDHH se respetan y garantizan, no se negocian".

Respecto a esta tendencia global de recortar la libertad de expresión y de prensa con la coartada de la seguridad frente a la amenaza terrorista o la extensión del discurso del odio, la PDLI es tajante en rechazar este intercambio de derechos y zanja: “en ningún caso vamos a participar en un intercambio de bienes jurídicos merecedores de protección: los Derechos Humanos se respetan y garantizan, no se negocian”.

Para esta defensa, ha presentado varias recomendaciones que la  organización de la Conferencia había pedido a la PDLI que elaborara: "un mayor liderazgo para frenar la progresiva ‘desuniversalización’ del derecho fundamental a la información".

Entre otras medidas, ha pedido campañas de información y "redoblar los esfuerzos pedagógicos para que la sociedad perciba y comprenda el riesgo de ceder ante la falsa dicotomía seguridad/libertad. No podemos permitir que los propios ciudadanos sean quienes renuncien a sus derechos empujados por el miedo y la manipulación", ha señalado.

También, ha instado a vigilar y documentar cada uno de los casos que se produzcan en cuanto a tecnología y periodistas, para impulsar “alianzas con técnicos, expertos en ciberseguridad y hackers” y a incluir en los protocolos para la protección de los periodistas y activistas todo lo relativo a su ciberseguridad.

Finalmente, la PDLI ha propuesto que se impulsen litigios estratégicos, de modo que sean los que tribunales internacionales como el Tribunal de la Unión Europea, (TJUE) quienes, de forma independiente, y de acuerdo a los estándares internacionales de libertad de expresión, ponderen el posible conflicto de derechos.

La Conferencia Internacional sobre libertad de expresión

La Conferencia internacional sobre libertad de expresión de Doha está organizada conjuntamente por el Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar (NHRC), en colaboración con la Federación Internacional para la Protección de los Periodistas (IFJ) y el Instituto Internacional de Prensa (IPI).

La Conferencia se celebra en plena crisis diplomática en la que Arabia Saudí y sus aliados llegaron a pedir el cierre de la cadena de televisión Al Jazeera. Aunque esa exigencia se ha retirado, los gobiernos árabes mantienen la presión para que el canal cambie su línea informativa.

La PDLI ha reiterado su condena ante estas presiones y ha manifestado su solidaridad con Al Jazeera.