Hace apenas cinco meses que Pedro Sánchez, recién llegado a la Presidencia del Gobierno, daba un paso al frente y un giro drástico a las políticas migratorias de España. Anunció que acogería a los más de 600 migrantes rescatados por el barco Aquarius en aguas cercanas a Libia después de que Italia y Malta les cerraran sus puertos a las ONG de rescate. Entonces era "una obligación ayudar a evitar una catástrofe humanitaria y ofrecer un puerto seguro a estas personas cumpliendo con las obligaciones del derecho internacional”.

El nuevo presidente prometía firmeza en la defensa de los Derechos Humanos y un enorme operativo se preparó en pocos días para que los migrantes desembarcaran en Valencia, por aquel entonces, el puerto seguro más cercano. La comunidad internacional saludó la decisión del nuevo Gobierno español y la llegada a Valencia del Aquarius fue, con diferencia, el desembarco de migrantes en España más mediático de la historia.

No ocurrió muchas más veces. Poco después, Barcelona acogió a 60 migrantes rescatados en aguas internacionales cercanas a Libia por el Open Arms. Palma de Mallorca recibió a Josefa, la única superviviente de un naufragio en el Mediterráneo central, abandonada en el mar por los guardacostas libios y rescatado por Open Arms ya al borde de la muerte. Los desembarcos siempre contaron con el permiso del Gobierno central hasta el pasado agosto, cuando los últimos migrantes rescatados por el Open Arms en el Mediterréno Central fueron trasladados a Algeciras y ya tratados como cualquier migrante irregular. Ahí comenzó el nuevo giro de Sánchez a la política de acogida.

La actual ausencia de las ONG de rescate en el Mediterráneo había provocado un silencio informativo en la ruta migratoria más mortífera del mundo, al menos en España. La persecución política a las ONG parecía haber surtido efecto: no han sido pocos los barcos mercantes y pesqueros que se han topado con embarcaciones cargadas de migrantes y nos los han socorrido por las trabas que puede supornerles. Sin embargo, el pasado jueves, un grupo de 12 migrantes era rescatado por el pesquero español Nuestra Madre de Loreto en aguas internacionales entre Libia y Sicilia, una situación a la que el barco ya se había enfrentado en ocasiones anteriores.

Ante la negativa de Italia y Malta para desembarcar a los migrante en sus puertos, la tripulación del pesquero de Santa Pola (Alicante) se puso en contacto con el Gobierno español, el Estado de la bandera que ondea en su mástil, solicitando permiso para trasladarlos a un puerto español o a otra embarcación que los llevará a un puerto seguro.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno en esta ocasión ha cogido por sorpresa a la tripulación del pesquero—que teme un motín a bordo en caso de devolución a Libia—, a las ONG, al Defensor del Pueblo y al Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que consideran desde hace tiempo que Libia no es un lugar seguro para las personas migrantes.

 El Gobierno de Sánchez considera ahora que Libia es un puerto seguro, el más cercano para recibir —en este caso, devolver— a los 12 migrantes que se habían negado a subir a las patrulleras libias, se habían lanzado al agua y, poco después, fueron rescatados por el pesquero español, cuando los guardacostas norteafricanos decidieron abandonarlos y pinchar las precarias embarcaciones en las que viajaban. La decisión del Gobierno no sólo contradice sus propias declaraciones y actuaciones, sino también a diferentes informes de ONG que trabajan en Libia, de del retraror de la ONU para los Derechos Humanos, de ACNUR y de los innumerables testimonios de rescatados que han descrito los abusos, torturas, violaciones, asesinatos y venta de seres humanos como mano de obra esclava en los atroces centros de detención de migrantes de Libia.

Diplomacia con un país sin Estado

Pese a todo, desde el jueves, el Gobierno español se encuentra en negociaciones con el Gobierno libio —en realidad, con el de Trípoli, uno de los tres gobiernos paralelos que hay en el país tras la guerra civil que lo ha convertido en un Estado fallido y en la gran plataforma de salida de la inmigración irregular hacia Europa desde África— para devolver allí a los 12 rescatados, uno de ellos, menor. A pesar de que el Gobierno valenciano, a través de su vicepresidenta Mónica Oltra (Compromís), se ha ofrecido a acoger al pesquero, el miércoles, el delegado del Gobierno en Valencia, Juan Carlos Fulgencio, insistía en que Libia era el puerto seguro más cercano y la obligación de España, según el Derecho Internacional, era llevarlos allí. Las negociaciones están siendo lentas, aunque este jueves, el ministro de Fomento, José Luis Ávalos, insistía en que el pesquero está "en aguas internacionales y no corresponden a las aguas territoriales de España", por lo que "continuaran las gestiones diplomáticas con Libia".

Exteriores no recomienda ir a Libia

La determinación del Gobierno por devolver a los migrantes a Libia choca, de entrada, con las recomendación del Ministerio de Asuntos Exteriores, que en su página web desaconseja taxativamente que se viaje al país norteafricano, al menos a la población española. "Libia se ve gravemente afectada por la violencia, el terrorismo y el deterioro general de la seguridad en el país. Los secuestros, atracos a mano armada y, en alguna ocasión, asesinatos contra ciudadanos extranjeros pueden producirse en cualquier lugar del país. En gran parte del territorio libio se producen enfrentamientos entre las numerosas milicias y grupos extremistas que operan en el país. Este clima de violencia afecta tanto a los ciudadanos libios como a los extranjeros y no se prevé que cese en un futuro inmediato, por lo que se desaconseja viajar a este país", dice la recomendación del mismo ministerio que negocia el retorno de los migrantes al infierno del que huyen.

En una entrevista con Público, el periodista español Karlos Zurutuza, uno de los que mejor conoce la realidad libia tras la caída de Gadafi en 2011 y autor de Tierra adentro. Vida y muerte en la ruta libia hacia Europa (Libros del K.O.), describía el país como un territorio donde "se impone la ley de las milicias armadas" que operan "en connivencia con las mafias del tráfico de personas". "Un país sin Estado, en descomposición desde 2011 y con tres Gobiernos diferentes sobre el papel, numerosos grupos armados y donde la seguridad no existe", un lugar donde la población migrantes se ha convertido en una mercancía más con la que comerciar, expone en su libro.

Un país donde se subastan migrantes como esclavos

Quizás, a Sánchez y a su equipo de Gobierno se le han olvidado las imágenes publicadas por la CNN hace apenas un año, en las que podía verse una subasta de personas migrantes de origen subsahariano en una localidad a pocos kilómetros de Trípoli. Por 1.200 dinares, alguien compró a "un hombre muy fuerte, bueno para excavar", según se le escuchaba el vendedor, que lleva puesto un traje de camuflaje militar.

Aquellas imágenes provocaron duras reacciones y declaraciones en toda Europa y la reactivación de un programa de retorno voluntario desde Libia a los países de origen auspiciado por la ONU del que poco se sabe a día de hoy. Aunque lo que ocurría en Libia era un secreto a voces en la misma Unión Europea que, ya en 2016, destinó 130 millones de euros para equipar y entrenar a la guardia costera libia, para mantener y construir más campos de detención y "otros proyectos relacionados con la migración que afectan a Libia". Dinero que salió del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, el mismo fondo dotado de 2.000 millones que se está usando en los países de tránsito migratorio para frenar a las personas migrantes.

Ejecuciones sumarias de migrantes

También es reciente el último informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que tras visitar Libia pudo comprobar, no sólo el mercado de esclavos subsaharianos, sino todo tipo de atrocidades documentadas en el país. El informe denuncia que tanto los ciudadanos libios como sobre todo los migrantes corren el riesgo de ser detenidos de forma arbitraria y quedar incomunicados en centros de detención, en condiciones atroces. En el caso de los extranjeros, existe la posibilidad también de que sean vendidos en "mercados de esclavos públicos" o tiroteados tras ser maniatados y torturados.

También se han documentado asesinatos de migrantes mientras intentaban escapar de los centros de detención libios.

La hipocresía de la UE ante Libia

Incluso la Comisión Europa (CE), que ha fomentado la presencia de la guardia costera libia en aguas del Mediterráneo Central, ha mantenido siempre que Libia no es país seguro. "Nunca habrá repatriaciones a Libia desde los barcos europeos. Esto lo hemos excluido de forma explícita porque va contra nuestros valores y el derecho internacional. Estamos al corriente de la situación inhumana de los inmigrantes en Libia y por eso nos implicamos con la ONU para mejorar las condiciones y hay un mecanismo de tránsito de urgencia para evacuar a esas personas de Libia", dijo el pasado el pasado julio la portavoz de Inmigración de la CE, Natasha Bertaud. Sin embargo, este jueves, la CE se ponía de perfil ante la intención de España de devolver a libia a los 12 migrantes del pesquero español.

Un barco sin suministros

Mientras siguen las negociaciones entre las autoridades españolas y el gobierno de Trípoli, desde el pesque español ya han advertido que no quedan muchos suministros, ni de combustible ni de alimentos. El cocinero ha empezado a racionar la comida y estima que sólo podrán alimentarse durante seis días más. El Gobierno, "preocupado por la situación", ha informado en un comunicado que el barco puede acercarse a un puerto libio para recoger suministros.