"Mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro". Así despachaba Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, una pregunta sobre gestión forestal en una entrevista para el Diario de Valladolid en 2018. Unas palabras que resuenan con fuerza ahora que Castilla y León se enfrenta al fuego más intenso y dañino de los últimos diez años, con un foco que ha arrasado ya 25.000 hectáreas en la Sierra de la Culebra, Zamora. 

"El operativo tiene que estar como tiene que estar", decía el político popular, que continúa al frente de la Consejería de Medio Ambiente tras la entrada de Vox en el Ejecutivo. "Tratamos de incrementar más los meses de trabajo. Todo el personal público y privado que colabore en limpieza de los montes en invierno, luego colabora en las tareas de extinción en verano", matizaba.

No es la primera vez que las llamas se vuelven en contra de Suárez-Quiñones. Durante el verano de 2021, con el dramático incendio de Navalacruz (Ávila) que quemó 22.000 hectáreas, los sindicatos de bomberos recordaron la dejadez de la Junta en gestión forestal y pidieron la dimisión del responsable de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en una manifestación frente a las Cortes de Castilla y León en Valladolid. 

Los sindicatos de bomberos forestales ponen el foco en las políticas forestales que han imperado en la región gobernada por Alfonso Fernández Mañueco. "Castilla y León es un punto de inflexión del modelo de gestión", expone a Público Vicente Rodríguez, portavoz de la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales (PASBF). "Se basa en dispositivos que trabajan en precario, con personas en activo muy pocos meses al año y todo muy privatizado. Renuevan al personal cada año porque concurren muchísimas empresas y esto deja poca experiencia en las brigadas y sin apenas formación", reflexiona.

La organización sindical informa de la importancia de tener servicios operativos durante todo el año. "La prevención, que es el trabajo durante el invierno o el otoño, se basa en preparar los montes para que los incendios sean lo menos virulentos posible. Si no, pasa lo que pasa, que te encuentras con cerca de 30.000 hectáreas quemadas en poco menos de cuatro días", apostilla Rodríguez. 

Pero los problemas de la Junta –la privatización de servicios y la precariedad del sector– no se reflejan solo con la falta de efectivos para prevención durante los meses fríos y húmedos. La ola de calor que durante la última semana azotó a toda la península ibérica, siendo esta un factor importante de riesgo, llegó con los recursos anti incendios declarados en "riesgo medio", lo que supone que los operativos dispongan de cerca del 40% del personal en activo, ya que la Junta de Castilla y León no eleva el riesgo a "alto", hasta el mes de julio. Un hecho que choca de lleno con la forma de operar de comunidades limítrofes como Madrid, que activó el riesgo alto en junio; o como Extremadura, que declaró el riesgo alto en el mes de mayo. 

Parte de la ciudadanía de Zamora, afectada por este gran siniestro, ya ha mostrado su descontento con la gestión que la Junta. De hecho, este domingo se vieron momentos de tensión en la localidad Villanueva De Valrojo, cuando una decena de vecinos trató de paralizar una comitiva de coches oficiales en la que viajaban Mañueco y Suárez-Quiñones, quienes viajaban al centro de mandos donde se está gestionando el operativo de extinción.

Además, este martes algunas plataformas ciudadanas han convocado una protesta frente a la Delegación de la Junta de Castilla y León en Zamora, para reclamar medidas que garanticen la recuperación del territorio calcinado. Los colectivos sindicales, por su parte, se manifestarán el próximo miércoles frente a las Cortes de Castilla y León, en Valladolid.