Violencia machista huérfanosLa precarización y el desamparo de los huérfanos de la violencia machista

“El entierro estaba lleno de gente, pero tú eres la primera persona que me llama en dos años”.

Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, no se quita esa frase de la cabeza. Por lo que supone, por lo que explica, por lo que duele. Se lo dijo una madre de una víctima de la violencia machista: “Lo duro de esa frase es que podría salir de la boca de muchas familias. Es una historia que se repite”, le dice a Público.

Solos. Endeudados. Precarizados. Muchas veces sin tener cómo mantenerse, y no hablamos solo de lo emocional, que también. Estas son algunas de las palabras que emplean los familiares, psicólogos, y otros profesionales dedicados a devolverles un lugar a estos niños.

Desde el 1 de enero de 2013 la violencia de género ha dejado a 243 menores huérfanos. Fue a partir de ese año cuando empezaron a contabilizarlos de manera oficial en las estadísticas. En 2015 por primera vez se reconoció que los hijos de las víctimas de la violencia machista –tanto de madres asesinadas como vivas– se considerasen víctimas, lo que les ofrecería unas medidas de protección y asistencia correspondientes a este nuevo estatuto.

“Una cosa es lo que dice la Ley Integral de Violencia de Género, el Pacto Contra la Violencia Machista, y otra cosa es la práctica, lo que nos encontramos en las administraciones”, dice Lucy Rodríguez, una de las principales defensoras de los derechos de las otras víctimas de la violencia de género. Su hermana, Guacimara Rodríguez, fue asesinada por su ex marido en 2013, delante de sus hijos de 6 y 8 años. Murió en los brazos de su madre que salió a defenderla, y lo único que pudo hacer fue abrazarla. Lucy se quedó sin hermana, a cuidado de sus dos sobrinos, y de una madre que como testigo sacó fuerzas para que en el juicio se reconociera que había habido ensañamiento en el asesinato de su hija, y después de lograrlo, se retiró a llorarla: “Ella está muy mal, tiene una tristeza que no se va más”, nos cuenta Lucy.

Esta canaria no tuvo tiempo para duelos. De la mañana a la noche tuvo que acoger a sus sobrinos, protegerlos, consolarlos, y mantenerlos económicamente: “Nadie habla de los trámites que se tienen que hacer, de las dificultades económicas que enfrentan las familias que tienen una pérdida así”. Lucy los tiene claros:

“La retirada de la guarda custodia al padre de los niños tardó siete meses. Mientras tanto los menores estaban en un limbo legal que no podíamos ni matricularlos en otra escuela, ni hacer trámites en su nombre porque no tenían tutor. Y el colmo de todo es que para que recibieran ayuda psicológica se le tenía que pedir permiso al padre que había asesinado a su madre. Yo no me lo podía creer”.

Entre incredulidades, desinformación y “mucha injusticia” –nos dice–, Lucy encontró los subterfugios de cada administración para conseguir que los derechos de sus sobrinos se cumplieran: “Algo tan básico como conseguir un documento que acredite que los menores son víctimas de violencia de género fue muy complicado. Cuando vas a la administración a pedirlo nadie sabe qué documento es, ni cómo se consigue, y es lo primero que tienes que tener para exigir derechos. Por eso digo, una cosa es lo que pone la ley, y otra, es la práctica”.

Familias en la indigencia

Marisa Soleto es la directora de la Fundación Mujeres que desde 2016 ofrece las Becas Soledad Cazorla Prieto -llevan el nombre de la primera fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer fallecida en 2015 y cuya familia decidió poner en marcha esta ayuda- que tienen como objetivo dar apoyo a los niños huérfanos por la violencia machista. “La buena noticia es haber conseguido el estatuto de víctimas para estos menores, pero el acceso a los servicios y a las ayudas cambia mucho en cada comunidad y los familiares que vienen se quejan de la desinfomación. El caso de Lucy es excepcional porque ella se ha movido muchísimo pero no todo el mundo puede hacerlo, y una buen parte de las familias se queda sin derechos, no sabe cómo pedirlos, no se lo ponen fácil porque no hay un protocolo específico, y eso es fundamental”.

Lucy se sigue haciendo preguntas: “¿Y qué pasa con las hipotecas que les quedan a los menores?”, dice. Sus sobrinos heredaron una, y con ella las deudas de impago durante los primeros meses posteriores al asesinato. “¿Y qué pasa con los impuestos? ¿Cómo puede ser que Hacienda entienda que lo sucedido es una donación y cobre los impuestos correspondientes? Estos menores no deberían hacerse cargo de eso, es una situación completamente diferente, no se la puede igualar con una muerte natural”, explica la canaria.

Los impuestos pendientes, las donaciones o simplemente el hecho de que estos menores ya no tengan a sus padres para hacerse cargo, supone que el núcleo familiar que los acoge en muchas ocasiones entre en una espiral de pobreza. Marisa Soleto nos habla de dos tipos de perfiles de familia que llegan a pedir ayuda. La primera es la más precarizada, la que se encuentra en situación de indigencia: “Son esas familias en las que la madre no cotizaba en la Seguridad Social, por lo tanto esos menores no recibían pensión -algo que cambiará con la nueva ley aprobada el pasado febrero- y la abuela que se hace cargo de ellos subiste tan solo con ayudas sociales. A esa mujer se le junta alimentar más bocas cuando ella apenas puede mantenerse. Y no sólo hablamos de comida, sino de gastos escolares, de ropa para los niños. Son familias que tras el asesinato viven una situación de pobreza extrema. Son los casos más sangrantes, no mayoritarios pero sí habituales”.

El segundo tipo de familia, el más mayoritario, se parece al caso de Lucy. “En estos casos los abuelos tienen una pensión, otros familiares trabajan, pero de cualquier modo el cuidado de los menores que se unen al núcleo familiar supone muchos gastos. Y luego están los casos que comenta Lucy de las hipotecas que heredan algunos menores, hacer frente a los impuestos”, sigue Soleto, quien hace hincapié en una idea: “Lo más importante es que el estado se responsabilice para dar esa reparación a largo plazo, que se cree un sistema de sostenimiento familiar. Se debe conseguir que esos menores consigan ir a la universidad, tener los mismos servicios y derechos que los otros. Y cuando la economía familiar no lo permite, y eso no se consigue, no podemos hablar de reparación”.

El pasado mes de febrero el Congreso aprobó una reforma en las pensiones de los huérfanos de la violencia machista que modifica las exigencias para acceder a ellas. A partir de ahora la pensión deja de ser contributiva, es decir, no es necesario que la madre fallecida cotizara en la Seguridad Social para que sus hijos la cobren. También mejora la cuantía. Pasa de los 140 euros anteriores a una prestación mínima de 600 euros. A los huérfanos que ya la percibían se les aumenta del 52% al 70% el cálculo de la base reguladora de las madres, y al 118% si hay más de un beneficiario, lo que garantiza que reciban el mínimo de 600 euros al mes. “Al que recibía la mínima probablemente ahora llegue a recibir 710 euros, pero todavía no lo sabemos con exactitud porque hasta ahora no conocemos a ninguna familia que haya conseguido tramitarla”, dice Soleto.

A pesar de estos avances que celebran desde la Fundación Mujeres, todavía quedan muchos flecos para que se garantice esta ayuda llegue a todas las víctimas. “Que no pongan como condición para recibirla que la madre cotizara es un avance importantísimo ya que muchas de estas mujeres no lo hacían, precisamente porque el aislamiento y el dejarlas fuera de la sociedad forma parte del maltrato que ejercen sus parejas. Pero en esta reforma se sigue sin contemplar la ayuda a los huérfanos que han sido adoptados por su abuela, tíos, o por otro familiar. No les dan la opción de cobrarla porque al ser adoptados, ya no los consideran huérfanos. Eso es una injusticia porque es muy normal que los familiares decidan adoptar a los menores, es más, se considera más saludable porque les da más estabilidad y les saca de una situación de incertidumbre”, nos explica Soleto. Desde la Fundación Mujeres también se muestran cautelosos en lo relativo a los efectos retroactivos de la ley: “Todavía hay que ver a partir de cuándo van a considerar que se les tiene que devolver la pensión, si es desde el asesinato de la madre, si es después, quedan cosas por aclarar”.

Después de años de batallas con la administracion pública, Lucy montó la asociación Tod@s somos Guaci dedicada a informar y guiar a las familias para conseguir las ayudas correspondientes: “Desde que aprobaron la reforma en el Congreso te puedo decir que los familiares que han ido a preguntar cuándo se implantará, han recibido respuestas negativas, nadie sabe nada. Me temo que será como siempre, se anuncia, se aprueba, pero luego no hacen un protocolo específico de implantación y al final todo depende de la administración que te toque y de su buena voluntad para ayudarte”.

A pesar del avance en la reforma de las pensiones de los menores huérfanos, la Fundación Mujeres seguirán ofreciendo sus becas como cada año. Desde 2016 han ofrecido 32 becas de 2.000 euros anuales a cada familia, con el único requisito de demostrar que son víctimas de violencia machista. Una ayuda que viene del Fondo Soledad Cazorla Prieto de exclusividad privada a y que ha llegado a 16 familias de diversas comunidades. “Sabemos que no es mucho dinero, pero nuestra labor no sustituye lo que debe ser una responsabilidad del Estado. Lo nuestro tiene que ver con la solidaridad social y lo seguiremos manteniendo porque la necesidad está ahí”, dice Soleto, quien reconoce que se están planteando abrir un departamento jurídico donde también puedan ofrecer orientación a las víctimas para poder recibir las ayudas correspondientes y superar las trabas administrativas habituales.

Un trauma que se mantiene en el tiempo

Si hasta ahora hemos hablado de lo puramente material, cuando se pasa a lo emocional y al cuidado psicológico de los menores, la situación no mejora demasiado. Lucy se queja de que sus sobrinos hayan que tenido que cambiar de psicólogo en más de tres ocasiones. Pide que su madre tenga ayuda psicológica continuada y que no tengan que pasar meses para que le den cita en su centro de salud. Pide más cuidado y formación al personal que trata con los pequeños: “Es increíble pero en casos tan duros hay mucho personal administrativo que no tiene ninguna empatía, ni tacto para llevar estos temas”. Y también pide que estas víctimas tengan los mismos derechos que los familiares de las víctimas de terrorismo: “Llevo años diciendo que deben equiparar las ayudas, los traumas son similares, son personas que muy probablemente necesiten ayuda psicológica toda la vida”.

Isabel Vicente Sánchez es psicóloga clínica y lleva años trabajando con menores víctimas de la violencia machista en diferentes programas de la Comunidad de Madrid. Reconoce que la red de ayudas que hay para los niños “es mucho menor” que la que hay para las madres maltratadas, y también nos dice que se necesitan más recursos, más personal y más centros especializados en ayudar a estas víctimas. “En el programa en el que trabajo tenemos especial cuidado para evitar retraumatizar a la víctimas y que no tengan que contar su historia a varios psicólogos. La primera entrevista no la hacemos con el menor sino con el tutor para entender hacia dónde derivarle, si le corresponde venir a nuestro centro o es mejor que pase a otro”.

Sánchez quiere dejar claro que no existe un perfil del niño maltratado o del huérfano por violencia de género, pero sí nos dice que en general son menores desconfiados, asustados, retraídos y menos accesibles: “El modelo de adulto de referencia que tenían y sobre el que depositaron su confianza les ha fallado por completo, por eso no es fácil que vuelvan a confiar en los adultos. Ademas cuando llegan a hablar con nosotros ya han tenido que contar su historia a policías, jueces, médicos forenses, imagínate cuando llegan a nuestra consulta y eres la quinta persona a la que tiene que narrar su trauma”.

Si le preguntamos a esta especialista por la petición de Lucy de igualar a estas víctimas con las del terrorismo, Sánchez nos explica que el trauma de ambos se mantiene en el tiempo: “Al igual que te digo que no hay un perfil homogéneo, sí se puede afirmar que normalmente siguen mostrando síntomas en la edad adulta. Se supera lo agudo y nosotros ayudamos a paliar el dolor inicial, pero el trauma que pasan condiciona su vida de manera diferente que al resto”.

Los sobrinos de Lucy están en otra escuela, se mudaron de barrio, tienen otros amigos, y viven su vida “con la mayor normalidad” –dice la tía– pero cada cierto tiempo vuelven las pesadillas, el no querer ir a clase, y luego está lo de las noticias: “No pueden ni ver ni oír nada sobre mujeres víctimas de violencia machista. Imagínate los malabarismos que hacemos para que no se enteren, si cada día asesinan a una. Pero en casa estamos muy atentos, en cuanto vemos que se va a hablar del tema, apagamos radio, tele, lo que sea. Tienen que estar tranquilos”.