Hasta un máximo de doce meses tendrán que aguantar hacinados los 855 menores migrantes que residen en el Fuerte Purísima de Melilla, centro de acogida con una capacidad para 350 niños, a la espera de conocer las nuevas condiciones del contrato de gestión que el Gobierno de la Ciudad Autónoma pretende sacar a licitación en este periodo de tiempo para atender sus necesidades.

De momento, el Ejecutivo local ha firmado una prórroga de hasta un año con Arquisocial S.L., la empresa que ha gestionado La Purísima de forma ininterrumpida desde el año 2006 gracias a la consecución de numerosos contratos prorrogados desde entonces y sin ningún competidor en los concursos públicos posteriores a 2014, según ha podido comprobar este diario en el Portal de Transparencia de la Ciudad.

Sin embargo, la saturación este centro de acogida podría alargarse más allá en el tiempo, ya que el cambio de empresa o de condiciones en la gestión del centro de acogida no implica necesariamente la ampliación de las instalaciones que en su apertura, hace alrededor de 20 años, tenía capacidad para 150 niños y una posterior remodelación aumentó la cifra a 350 plazas que a día de hoy son insuficientes.

Atender a los menores

El Gobierno tripartito de Melilla (compuesto por CpM, PSOE y Ciudadanos) ha intentado mostrar una imagen de unidad alrededor de esta prórroga temporal alegando interés y preocupación por la atención de los menores tutelados y el futuro laboral de los 200 trabajadores que componen la plantilla de la empresa. “Nosotros éramos partidarios de mantener la prórroga para que el centro de La Purísima no se quedara sin ninguna cobertura legal contractual y trabajar para la mejora de los pliegos con el objetivo del bienestar de los menores”, aseguró la vicepresidenta de Melilla, Gloria Rojas, el pasado viernes en rueda de prensa.

Por su parte, la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, se mostró tajante al afirmar que el Ejecutivo local no iba a ser “cómplice de la situación del centro” ni de las “irregularidades contables de ese contrato”, ya que es “imposible” atender a más de 800 menores con un importe económico destinado a cuidar a 350. Por ello, recalcó que el contrato no se ajustaba al servicio y aseguró que desde el Gobierno se va a trabajar para proteger a los menores más vulnerables.

El presidente de la ONG Pro Derechos de la Infancia (Prodein), José Palazón, valora negativamente la prórroga de hasta un año del actual contrato, ya que supone mantener durante este tiempo a los niños con las mismas condiciones hasta que se actualicen los términos de la contratación. “Hay que ser leal al principio de buscar el máximo beneficio de los menores, porque prevalece el interés del menor”, afirma a Público.

Por otro lado, este activista por los Derechos Humanos cree que la nueva contratación debe definir también un sistema de salida de La Purísima hacia otros centros de la península que permita regular los flujos de entrada y salida y redistribuir a estos menores extranjeros no acompañados en otras ciudades.

Precisamente, con el fin de “descongestionar” La Purísima, a inicios de este año y coincidiendo con las negociaciones entre el comité de empresa y Arquisocial S.L. para evitar despidos masivos ante el posible cese de actividad si no se prorrogaba, el consejero de Infraestructura, Urbanismo y Deporte, Rachid Bussian, y el responsable de Economía y Políticas Sociales, Mohamed Mohand, anunciaron la construcción de un futuro módulo para acoger a cerca de 300 menores. De momento es un proyecto que se construiría en unos terrenos de 9.000 metros cuadrados situados a pocos de La Purísima, que pertenecen a la Ciudad Autónoma, después de que los vecinos de Cabrerizas rechazaran la idea de ubicarlo en la zona de los antiguos depósitos de agua próxima al barrio. Sin embargo, desde el Partido Popular, principal formación en la oposición, consideran que este nuevo edificio generará un efecto llamada.

La prórroga

A pesar de la negativa inicial de firmar cualquier tipo de prórroga para evitar incurrir en lo que definió un acto de prevaricación administrativa, la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, finalmente accedió a dar continuidad al actual contrato con la empresa Arquisocial S.L. durante un periodo máximo de doce meses para mantener la atención de los menores migrantes y evitar el despido de los 200 trabajadores del centro mientras la Ciudad saca a concurso público un contrato que mejore las condiciones de atención de los niños acogidos.

El presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, compareció junto a ella el pasado viernes tras dos semanas de mutismo. En rueda de prensa, el único diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Melilla aseguró que el contrato que se firmó con Arquisocial S.L. “no se hizo con la previsión suficiente” para acoger futuros aumentos de residentes como sucedió posteriormente: en 2017 el máximo eran 350 plazas, que aumentaron “en torno al 115%” hasta llegar a los 675 acogidos en 2018 y a los 855 al cierre de 2019. De Castro achacó esta situación al anterior Ejecutivo local, con el popular Daniel Ventura al frente de la consejería de Bienestar Social. “Tiraron para adelante como entendieron y no se hicieron bien las cosas, porque tendrían que haber realizado una modificación del contrato”.

El ex consejero del Partido Popular, Daniel Ventura, respondió este fin de semana a estas críticas mediante un comunicado en el que acusó a la cepemista Dunia Almansouri de presentar una “incapacidad como política” con “carencias tanto de competencias personales como aptitudinales” que le “impiden ver la realidad” de los procedimientos administrativos y legales para atender a los menores tutelados.

En este sentido, Ventura indicó al actual Gobierno que el contrato de La Purísima “ya se fiscalizó en su momento”, en referencia a las declaraciones de Almansouri, quien afirmó que se solicitó a la Intervención General de la Ciudad que fiscalice el contrato y las facturas, tras descubrir entre los años 2018 y 2019 se había abonado un total de tres millones de euros por encima de los 4,7 millones anuales acordados. En este presupuesto hay un coste fijo de personal y una variación correspondiente a cada niño y su dieta, que son 13,5 euros por menor al día, cuyo techo de gasto está precisamente en esos 4,7 millones de euros.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE de Melilla, Gloria Rojas, se mostró favorable por alargar durante un año la prórroga con la empresa, aunque inicialmente su ahora ex consejero de Bienestar Social, Fernando Rubia, consiguió sacar adelante la prórroga de dos años en la comisión del 13 de noviembre con el apoyo del PP que posteriormente se paralizó por la negativa de Coalición por Melilla. “Si han llegado a un año y se ha firmado ese acuerdo, no tengo nada más que decir; es un acuerdo al que han llegado la consejera y la empresa, cuando hay un acuerdo doy por hecho que las dos partes están de acuerdo”, afirmó tras darse a conocer la prolongación temporal del contrato.

Incertidumbre laboral

El representante de CCOO Melilla, Paco López, considera que la prórroga temporal abre la posibilidad a negociar mejores condiciones contractuales para los 200 empleados de La Purísima. “Buscamos mejorar la estabilidad de los trabajadores, en especial, la de los empleados temporales, así como conseguir el plus de residencia y otras bonificaciones que actualmente no perciben”, declara a este diario. Por otro lado, destaca que si el nuevo contrato amplía la cifra de menores atendidos, esto derivará en la formalización de contratos indefinidos para aquellos que están temporales.

Por su parte, un trabajador de Arquisocial S.L. que prefiere mantener el anonimato señala que todavía quedan por delante muchas reuniones con el comité de empresa y el sindicato “para ver los pros y los contras tanto de la Ciudad Autónoma de Melilla y la empresa respecto a los trabajadores. Hay algunos puntos de mejora que intentaremos negociar”.